La primera huelga general de nuestra historia se hizo cuando asociarse podía costar la cárcel. Desde entonces ha habido paros contra las guerras, las dictaduras, el hambre, los despidos y las reformas laborales. Este 11 de noviembre de 2026, la convocatoria llega con una reivindicación que muchas familias conocen de sobra: poder pagar una casa sin entregar en el alquiler buena parte del sueldo. Entre aquella consigna de 1855, «Associació o mort», y las pancartas de hoy caben más de ciento setenta años de conflictos, victorias incompletas y gente que decidió dejar de trabajar para hacerse escuchar.
Hay una manera cómoda de contar la historia de las huelgas generales: poner una fecha detrás de otra, anotar qué gobierno había y añadir una cifra de seguimiento. A mí me cuesta mirarlas así. Cada una empieza mucho antes del día señalado, en una fábrica donde se aprietan los ritmos, en una casa donde no alcanza el jornal, en una asamblea que termina tarde porque nadie quiere irse sin saber qué hacer. También termina bastante después, cuando se vuelve al trabajo con una conquista, una derrota o, al menos, con una organización que antes no existía.
No todas las huelgas que recorren estas páginas tuvieron alcance estatal. Algunas fueron generales en una ciudad o un territorio, otras se concentraron en un sector, y otras llamaron a detener el trabajo en todo el país. Juntarlas no significa borrar esas diferencias. Significa reconocer que los grandes paros nunca han nacido de la nada. Se alimentan de conflictos concretos y de una memoria obrera que demasiadas veces solo aparece cuando llega una efeméride.
1855. Cuando pedir el derecho a organizarse era motivo suficiente para parar
En julio de 1855, durante el Bienio Progresista, las sociedades obreras catalanas impulsaron la primera gran huelga general del movimiento obrero en el Estado español. La industria textil era uno de sus escenarios principales. La prohibición y persecución del asociacionismo, la represión de los trabajadores organizados y las condiciones de trabajo habían hecho crecer una protesta que ya no cabía en un solo taller. En las calles se escuchó «Associació o mort». La demanda era elemental y, para las autoridades y los patronos, intolerable: que los obreros pudieran reunirse, defenderse y negociar colectivamente.
La historia de aquella movilización está desarrollada en nuestro reportaje sobre la primera huelga general de 1855. Conviene volver a él porque muestra algo que hoy parece evidente, pero entonces no lo era: antes de discutir el importe del salario hubo que pelear por la posibilidad misma de formar una organización obrera. Los derechos sindicales llegaron después de muchas jornadas como aquella, no como un regalo de las instituciones.
Entre finales del siglo XIX y los primeros años del XX, las huelgas se hicieron habituales en territorios industriales y mineros. El movimiento obrero de Bizkaia había demostrado su fuerza con la huelga minera de 1890. En las primeras décadas del nuevo siglo, los trabajadores de las minas siguieron enfrentándose a la obligación de comprar en determinadas tiendas, las condiciones de alojamiento y los despidos de quienes se organizaban. Las huelgas mineras de 1903 dejaron abundante documentación sobre esas reivindicaciones. Eran conflictos territoriales, no paros generales estatales; sin embargo, ayudaron a construir organizaciones capaces de actuar más allá de una sola empresa.
En febrero de 1902, Barcelona vivió una gran huelga general nacida de la movilización de los metalúrgicos por la jornada de nueve horas. La solidaridad se extendió a otros oficios y las autoridades respondieron con el estado de guerra y una represión severa. Fue una huelga general de la ciudad, no de todo el Estado. A su alrededor crecieron experiencias de organización que dieron forma al sindicalismo revolucionario de las décadas siguientes.
En julio de 1909, la huelga general contra la guerra de Marruecos desembocó en la llamada Semana Trágica de Barcelona. La movilización de reservistas había golpeado a familias obreras que no podían librarse del reclutamiento con dinero. El paro se extendió por distintas poblaciones catalanas, se mezcló con una revuelta social y anticlerical y acabó bajo una represión que incluyó ejecuciones. Francisco Ferrer i Guàrdia fue fusilado en octubre. Nuestra historia sobre Ferrer i Guàrdia y la Escuela Moderna permite situar su vida y el proceso que acabó con su ejecución, sin reducir toda aquella protesta a un solo nombre.
La protesta contra la guerra regresó en septiembre de 1911. La recién creada CNT participó en un ciclo huelguístico ligado a la solidaridad con los trabajadores de Vizcaya y al rechazo de nuevos envíos de tropas a Marruecos. En el País Valencià, la movilización alcanzó a la capital y a numerosas comarcas. En Cullera, el conflicto desembocó en la muerte de tres integrantes de una comitiva judicial y en una durísima respuesta represiva: siete condenas de muerte, finalmente conmutadas tras una campaña de solidaridad. Hemos contado el desarrollo de aquellos días en Cullera, 1911: la huelga contra la guerra que acabó con siete condenas a muerte. Aquella movilización, con distintos grados de extensión según el territorio, tampoco puede describirse como una huelga general estatal homogénea.
Antes de llegar a 1917 hay otra fecha imprescindible: el 18 de diciembre de 1916. CNT y UGT, que mantenían proyectos sindicales distintos y no siempre coincidían en sus estrategias, promovieron un paro general de veinticuatro horas contra la carestía y el deterioro de las condiciones de vida. La Primera Guerra Mundial había disparado los precios mientras los salarios de muchos trabajadores quedaban atrás. Aquella acción conjunta preparó parte del terreno organizativo para la huelga del verano siguiente. El encarecimiento de lo necesario para vivir volvía a unir a quienes trabajaban en oficios diferentes.
1917. La huelga ferroviaria y una crisis que recorrió el país
El verano de 1917 reunió una crisis política, social y militar que puso contra las cuerdas al régimen de la Restauración. La huelga ferroviaria de València fue uno de los detonantes inmediatos del paro general de agosto, promovido por UGT y el PSOE, en un contexto de acercamientos y tensiones con la CNT. Los trabajadores reclamaban salarios capaces de resistir la carestía y transformaciones políticas profundas. La respuesta del Estado fue el ejército en las calles, la represión y centenares de detenciones.
En la crónica de la huelga ferroviaria de València y el agosto de 1917 contamos cómo un conflicto localizado acabó conectado con una movilización de alcance estatal. Es importante detenerse en esos ferroviarios. Sin transporte no circulaban las mercancías como esperaban los empresarios, y esa capacidad de interrumpir la actividad daba a los trabajadores una fuerza que no tenían negociando por separado.
Dos años después, en 1919, la huelga de La Canadiense paralizó durante semanas actividades fundamentales de Barcelona y ayudó a conquistar la jornada de ocho horas. No fue una huelga general estatal, pero sí uno de los grandes antecedentes de la capacidad de presión de la CNT. La hemos reconstruido en La Canadiense desde abajo. Aquella reducción de jornada parece hoy una conquista antigua. Para quienes la pelearon significaba recuperar horas de vida después de salir de la fábrica.
1920-1930. Huelgas, pistolerismo y la crisis final de la monarquía
El final de la Primera Guerra Mundial no devolvió la calma a los talleres españoles. En 1920, después de La Canadiense y en medio de una inflación que había erosionado los salarios, la conflictividad alcanzó uno de sus momentos más intensos. Los registros históricos contabilizan más de mil huelgas aquel año, aunque las series estadísticas no siempre utilizaron los mismos criterios. En Barcelona, el pistolerismo patronal y la represión contra la CNT marcaron una década de asesinatos de sindicalistas, cierres de locales y persecución de la organización obrera. No eran huelgas generales continuas, pero sí una confrontación que iba mucho más allá de cada fábrica.
También hubo conflictos lejos de Barcelona. El Instituto de Reformas Sociales documentó, por ejemplo, la huelga de molineros arroceros de València en 1922 y una huelga general de trabajadores agrícolas en Pontevedra en 1923. La conflictividad rural tenía formas propias: cuadrillas de jornaleros sin tierra, salarios de temporada y enormes diferencias de poder frente a propietarios y arrendatarios. Esas experiencias merecen un lugar en la historia de las huelgas, aunque muchas no aparezcan en las cronologías estatales.
La dictadura de Primo de Rivera, iniciada en septiembre de 1923, restringió la actividad sindical y reprimió especialmente a la CNT. Las huelgas disminuyeron en los registros, pero la protesta no desapareció. A finales de la década, la crisis económica y el descrédito de la monarquía facilitaron el retorno de movilizaciones abiertas. En noviembre de 1930, una oleada huelguística sacudió Madrid, Barcelona y otras ciudades. La huelga de Madrid, después de la muerte de obreros en una protesta relacionada con un accidente de construcción, se extendió en medio de una oposición creciente al régimen. Tras el levantamiento de Jaca de diciembre hubo también llamadas al paro de solidaridad. El país entraba en una etapa en la que la huelga podía tener al mismo tiempo objetivos laborales y una dimensión abiertamente antimonárquica.
1931-1936. El alquiler, Asturias y la respuesta obrera al golpe militar
La Segunda República abrió un periodo de grandes esperanzas y conflictos muy duros. En Barcelona, miles de familias dejaron de pagar los alquileres en 1931. No era una huelga laboral en el sentido habitual; era una huelga de inquilinos, nacida del desempleo, los alquileres abusivos y la necesidad de seguir viviendo en casa. Merece la pena leer la historia de aquella huelga de alquileres antes de afirmar que vivienda y sindicalismo son dos asuntos separados.
En 1931 la nueva República heredó fábricas con conflictos abiertos y pueblos donde el jornal no alcanzaba para comer. La huelga de Telefónica iniciada en julio, impulsada por el sindicato de la CNT, se convirtió en un enfrentamiento de gran alcance con la compañía y las autoridades. Ese mismo verano hubo huelga general en Sevilla y movilizaciones en otras ciudades. En Asturias, los trabajadores de Duro Felguera sostuvieron un largo conflicto que se prolongó hasta 1932. La implantación de los nuevos derechos no puso fin a los despidos ni a las huelgas de solidaridad.
En enero de 1932, los mineros del Alto Llobregat, particularmente en Fígols, protagonizaron una insurrección asociada a la CNT que se extendió a distintas poblaciones. Hubo huelgas y acciones de solidaridad, además de una represión que llevó a la deportación de militantes anarcosindicalistas. Durante ese mismo año continuaron las protestas agrarias e industriales. En Sevilla, la movilización obrera contribuyó también a frustrar la intentona golpista de Sanjurjo en agosto. La República vivía una contradicción difícil: la misma clase trabajadora que había contribuido a abrir un tiempo nuevo se enfrentaba a gobiernos que con frecuencia respondían a sus huelgas con detenciones y fuerza pública.
El año 1933 tuvo una conflictividad extraordinaria. La CNT impulsó en enero una oleada insurreccional y huelguística que terminó asociada, entre otros episodios, a la matanza de Casas Viejas, en Cádiz. Hubo largas huelgas de la construcción en Barcelona, conflictos del comercio y protestas campesinas. Tras las elecciones de noviembre, una nueva insurrección cenetista en diciembre alcanzó distintos lugares, con especial intensidad en Aragón y La Rioja. Las cifras históricas registran 1.127 huelgas en 1933. Su número no indica que fueran todas generales, ni que respondieran a una sola dirección sindical: habla de una sociedad atravesada por multitud de conflictos simultáneos.
Octubre de 1934 dejó otra experiencia muy distinta. La huelga general revolucionaria se desarrolló de forma desigual, con Asturias como centro de una insurrección obrera en la que colaboraron militantes de varias corrientes sindicales y políticas. La represión posterior fue devastadora. En la crónica de los siete días de huelga en la València de 1934 puede verse cómo la movilización también alcanzó a ciudades alejadas del principal foco minero asturiano.
El 5 de junio de 1934, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, vinculada a UGT, convocó una huelga general campesina. Su seguimiento y la respuesta represiva variaron según la provincia, pero tuvo especial importancia en las zonas jornaleras del centro y sur peninsular. Aquella huelga agraria no debe quedar escondida detrás de octubre. Tampoco las movilizaciones de Zaragoza ni los paros de metalúrgicos y otros oficios que marcaron el año. La experiencia de los fematers de València, que defendieron su trabajo frente al Ayuntamiento, permite mirar la conflictividad popular desde oficios pocas veces protagonistas de los libros de historia.
Después de la represión de octubre y de las restricciones de 1935, la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 coincidió con una nueva oleada de conflictos. La exigencia de readmitir despedidos y represaliados se añadió a las reivindicaciones salariales y de jornada. En primavera hubo huelgas de metalúrgicos en Barcelona; en junio, la huelga de la construcción de Madrid se convirtió en uno de los conflictos más importantes del periodo, con participación de CNT y UGT y profundas discrepancias sobre cómo negociar su salida. Cuando llegó el golpe militar de julio, buena parte del movimiento obrero llevaba meses de asambleas, enfrentamientos y huelgas.
En julio de 1936, cuando una parte del ejército se sublevó contra la República, organizaciones obreras llamaron a la huelga y a la resistencia. En Barcelona, la movilización popular, las armas conseguidas por los trabajadores y la actuación de sectores leales a la República contribuyeron a derrotar a los militares golpistas. La huelga se mezcló entonces con una revolución social que transformó fábricas, transportes y tierras en distintas zonas. Alcoi y la socialización industrial de 1936 permiten entender una parte de aquella experiencia: trabajadores que no solo dejaban de producir para el patrón, sino que se proponían organizar la producción de otra manera.
Bajo Franco. Hacer huelga cuando estaba prohibido
La dictadura destruyó el sindicalismo libre, encarceló a militantes y persiguió las huelgas. Aun así, el conflicto no desapareció. En 1943, 85 trabajadoras de Llíria se declararon en huelga cuando hacerlo podía traer represalias graves. A veces una historia así cuenta mejor la resistencia que las grandes proclamas: mujeres organizadas para reclamar lo que les correspondía, sin garantías de protección alguna.
En 1951, el boicot a los tranvías de Barcelona, provocado por una subida de tarifas, desbordó el transporte y se convirtió en una movilización social más amplia. Cuando Barcelona caminó contra Franco recupera aquella protesta de una población que decidió no subir al tranvía y acabó enfrentándose a la dictadura. La llamada huelga nacional pacífica de 1959, impulsada desde la oposición, no consiguió derribar el régimen. La huelga minera de Asturias de 1962, en cambio, mostró la capacidad de organización que había sobrevivido bajo tierra, en los tajos y en las redes clandestinas.
El 3 de marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, la policía disparó contra trabajadores reunidos en una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga, y mató a cinco personas. Fue una jornada de huelga y organización obrera que sigue exigiendo memoria y justicia. Nuestra reconstrucción de la matanza de Vitoria recuerda sus nombres, el conflicto laboral y la violencia del Estado. Meses después, el 12 de noviembre de 1976, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales —CCOO, UGT y USO— llamó a una huelga general contra la política económica del Gobierno de Adolfo Suárez. Era el final del franquismo político, pero todavía no se había conquistado una democracia sindical plena.
Hubo además una jornada que suele perderse en los resúmenes: el 5 de abril de 1978, cuando CCOO y UGT participaron en un paro de una hora convocado por la Confederación Europea de Sindicatos contra el desempleo. Fue breve, pero se desarrolló a escala internacional y mostró que los problemas de las plantillas no terminaban en las fronteras.
1985 y 1988. Las primeras grandes huelgas de la democracia contra un gobierno socialista
La Constitución de 1978 reconoció el derecho de huelga. No evitó que siguieran las disputas sobre salarios, desempleo y pensiones. El 20 de junio de 1985, CCOO convocó una huelga general de 24 horas contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Felipe González. UGT no participó como convocante estatal. Tres años después, el 14 de diciembre de 1988, la movilización reunió a ambas centrales y a numerosas organizaciones sindicales y sociales contra el Plan de Empleo Juvenil y la orientación económica del Ejecutivo.
El 14-D quedó grabado en la memoria de una generación. Se interrumpieron emisiones de televisión, pararon fábricas y servicios y el Gobierno tuvo que retirar el plan juvenil y abrir una negociación. No significa que todas las reivindicaciones se consiguieran de golpe. Significa que una huelga tuvo consecuencias políticas palpables. Aquella jornada también desmintió la idea de que los trabajadores solo hacen huelga contra gobiernos de distinto color político. Las pensiones, los contratos y la nómina no dejan de importar porque gobierne un partido cercano a una parte del sindicalismo.
El 28 de mayo de 1992 hubo un paro general de media jornada contra los recortes de las prestaciones de desempleo. El 27 de enero de 1994, otra huelga de 24 horas respondió a una reforma laboral que ampliaba la flexibilidad y deterioraba garantías para las plantillas. La reconversión industrial había dejado además heridas profundas en comarcas enteras: Reinosa en 1987 y Euskalduna en Bilbao son dos historias que conviene leer junto a las fechas de los paros estatales. Las grandes estadísticas no alcanzan a contar lo que significa perder una fábrica que sostiene una ciudad.
El 11 de diciembre de 1996, los sindicatos protagonizaron también una huelga general de empleados públicos contra las políticas salariales y los recortes del Gobierno de José María Aznar. Fue un paro sectorial de ámbito estatal, no una huelga general de toda la economía. Incluirlo con esa precisión ayuda a entender el peso de la sanidad, la enseñanza y la administración en la historia de la acción colectiva.
2002-2012. Reformas laborales, desempleo y austeridad
El 20 de junio de 2002, CCOO y UGT llamaron a una huelga general contra el llamado «decretazo» del Gobierno de José María Aznar, que endurecía aspectos de la protección por desempleo. Al año siguiente, la guerra de Irak provocó nuevas convocatorias: CGT y CNT promovieron una huelga general de 24 horas el 10 de abril de 2003, mientras otros sindicatos optaron por paros de menor duración o fórmulas distintas. También se podía dejar de trabajar para oponerse a una guerra.
La crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria trajeron una nueva oleada de recortes. El 29 de septiembre de 2010 se convocó una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El 29 de marzo de 2012 hubo otra contra la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que facilitó los despidos y alteró las relaciones de negociación colectiva. Ese mismo año, el 14 de noviembre, una segunda huelga respondió a la austeridad y a los presupuestos de recortes, en coincidencia con protestas sindicales en otros países europeos.
Entre las huelgas estatales de 2010 y 2012 hubo otra fecha que tampoco conviene perder: el 27 de enero de 2011, cuando sindicatos del País Vasco, Navarra, Galicia y Catalunya llamaron a parar contra la reforma de las pensiones. Su extensión fue territorial, pero su objeto afectaba al conjunto de la clase trabajadora. Las cronologías que solo cuentan las convocatorias conjuntas de CCOO y UGT terminan dejando experiencias como esta en los márgenes.
Quienes vivieron aquellos años recuerdan los carteles y los piquetes, pero también las oficinas de empleo, las ejecuciones hipotecarias y los pisos que se perdieron. El desempleo masivo y los desahucios acercaron el conflicto laboral al de la vivienda, aunque las movilizaciones no siempre lograran caminar juntas. La conexión que hoy vuelve a plantearse no acaba de descubrirse en 2026. Lleva décadas gestándose.Las huelgas que no caben en el recuento habitual
Se suele presentar 2012 como la última huelga general antes de la actual. Esa frase solo es correcta si hablamos de determinadas convocatorias estatales de los sindicatos mayoritarios y con un formato específico. Dejar fuera las demás supone borrar una parte importante del sindicalismo y de la movilización social.
El 8 de marzo de 2018, el movimiento feminista impulsó una huelga que incluyó trabajo asalariado, cuidados, estudios y consumo. CNT, CGT y otras organizaciones convocaron paros de 24 horas, mientras CCOO y UGT promovieron paros parciales. Aquella jornada hizo visible algo que muchas trabajadoras llevaban años intentando explicar: el funcionamiento de una sociedad depende también del trabajo que no figura en una nómina. El 27 de septiembre de 2024, CGT volvió a convocar una huelga general de solidaridad con Palestina, y el 15 de octubre de 2025 hubo otra convocatoria de 24 horas de CGT y otras organizaciones, acompañada de paros parciales de las centrales mayoritarias. Son movilizaciones que cuentan, aunque las cronologías más repetidas las dejen al margen.
Tampoco fueron pequeñas las huelgas territoriales y sectoriales sostenidas durante meses. A menudo son las que permiten a una plantilla construir una caja de resistencia, cambiar la correlación de fuerzas o conservar su convenio. La historia de las cajas de resistencia ayuda a recordar que parar tiene un coste y que, sin solidaridad material, la capacidad de mantener un conflicto depende demasiado del dinero que quede en cada casa.
Más allá de nuestras fronteras: huelgas que hicieron escuela
La huelga general no fue una invención exclusiva del movimiento obrero español. Las noticias viajaban en periódicos obreros, correspondencia sindical y relatos de trabajadores emigrados. No todas las experiencias internacionales sirvieron como modelo directo para una huelga concreta de aquí, pero sí formaron parte de una tradición compartida: parar la producción, organizar la supervivencia y demostrar que una ciudad podía funcionar de otro modo. Nuestro archivo permite seguir algunas de esas historias.
En Nueva Orleans, en 1892, trabajadores de distintos oficios se sumaron a una huelga general que superó, al menos durante su organización, las divisiones raciales impuestas por la sociedad estadounidense. Esa experiencia se reconstruye en la huelga interracial de Nueva Orleans. La solidaridad entre oficios también fue decisiva en el conflicto de Dublín de 1913, aunque allí la forma central de la ofensiva patronal fue el cierre de empresas —el lockout— para quebrar a los sindicatos.
En Glasgow, en 1915, las mujeres de los barrios populares organizaron una resistencia colectiva contra las subidas de alquiler y los desahucios. Su huelga de alquileres recuerda que la pelea por la vivienda no nació con las plataformas digitales ni con los grandes fondos inmobiliarios. Las condiciones de vida y el trabajo asalariado llevaban mucho tiempo cruzándose en la misma puerta de casa.
El 9 de noviembre de 1918, una huelga general acompañó el derrumbe de la monarquía alemana durante la revolución de noviembre. Nuestro artículo sobre Berlín y el final del Imperio alemán recoge ese momento. Al año siguiente, Seattle y Winnipeg vivieron paros generales en los que la solidaridad entre sectores permitió detener ciudades enteras y organizar servicios esenciales durante el conflicto.
En Veracruz, en 1922, la protesta de las familias inquilinas también salió de las casas para tomar las calles. La huelga de alquileres de Veracruz desarrolló formas de organización vecinal que merecen compararse con Barcelona en 1931 y con los comités que hoy preparan el 11-N. Son conflictos separados por países y décadas, pero con una dificultad muy reconocible: trabajar y aun así no poder pagar un lugar donde vivir.
Estas experiencias no sustituyen la historia de las huelgas generales del Estado español. La amplían y ayudan a comprender por qué la solidaridad internacional, las cajas de resistencia y la organización territorial se repiten de una generación a otra. Vale la pena leerlas junto a las huelgas propias, sin convertir sus diferencias en una sola historia uniforme.
11 de noviembre de 2026. La huelga entra en casa
La huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, reúne a organizaciones sindicales y sindicatos de inquilinas alrededor de una realidad compartida: los salarios no han conseguido seguir el ritmo de los alquileres y del coste de vida. Se exigen mejoras salariales, reducción de jornada, protección de los servicios públicos y medidas de vivienda. La fecha llega con piquetes convocados en centros de trabajo, movilizaciones de barrio y acciones en universidades. Aquí pueden consultarse los horarios de las manifestaciones y la página especial del 11-N reúne el seguimiento y las convocatorias.
Esta vez las organizaciones de inquilinas participan desde la convocatoria, no como invitadas de última hora. Su propuesta «Casas para vivir» plantea intervenir sobre el mercado del alquiler y ampliar la vivienda pública. La protesta ya se ha hecho visible en el Puente de Serranos de València, con una pancarta de CGT, y en la Diagonal de Barcelona, cortada por estudiantes. En las fábricas, mientras tanto, el derecho a parar sigue siendo objeto de disputa: CGT denuncia trabas al turno nocturno de Acerinox y distintas organizaciones cuestionan los servicios mínimos impuestos.
No conocemos todavía el seguimiento que tendrá mañana. Nadie debería inventarlo antes de que la gente entre en los piquetes o decida quedarse en casa. Habrá trabajadores que puedan parar y otros que teman perder un contrato, una renovación o el dinero que necesitan para terminar el mes. Esa desigualdad también forma parte de la historia de las huelgas. Por eso importa el trabajo previo: explicar los derechos, organizar a quienes están solos en su empresa, cuidar a quienes asumen más riesgos y acompañar las dudas sin desprecio.
Pienso en las mujeres que dejaron el tranvía vacío en 1951, en los ferroviarios de 1917, en quienes salieron de la fábrica de Vitoria para reunirse en asamblea, en las familias que en 1931 dejaron de pagar un alquiler imposible. Sus circunstancias eran distintas. Algunas ganaron y otras tuvieron que soportar derrotas terribles. Ninguna vivió su jornada pensando en convertirse en una línea de una cronología.
El 11-N tampoco será una fecha histórica simplemente porque aparezca escrita en una pancarta. Lo será por lo que se haga durante esas veinticuatro horas y, sobre todo, por lo que pueda sostenerse después. El día 12 seguirán llegando recibos, seguirán existiendo turnos de noche y habrá que negociar en centros de trabajo donde el empresario conserva buena parte del poder. Si más personas vuelven a sus trabajos y barrios con organización, confianza y compañía, habrá algo concreto que recordar de esta huelga, más allá de cualquier porcentaje.
Le interesan las historias que nacen en los centros de trabajo, las conversaciones de barrio y la vida cotidiana de quienes rara vez ocupan los titulares. Defiende una escritura directa, cercana y comprometida con la memoria colectiva
