La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la CGT denuncian que los servicios mínimos aprobados para la huelga general del 11 de noviembre restringen el derecho a parar de miles de trabajadores. Señalan diferencias difíciles de justificar entre comunidades autónomas y anuncian que combatirán las imposiciones que consideren abusivas.
A menos de veinticuatro horas de la huelga general por la vivienda y los salarios, el alcance de los servicios mínimos se ha convertido en otro frente del conflicto. La CSI y la CGT acusan a distintas administraciones de fijar porcentajes que, en su opinión, preservan buena parte de la actividad ordinaria y reducen la fuerza de una convocatoria destinada precisamente a interrumpir el trabajo.
Del 25 % en Catalunya al 80 % en Madrid
Las diferencias son llamativas. Según los datos difundidos por las organizaciones, la Comunidad de Madrid establece para el Metro un 80 % de servicio en horas punta. En Catalunya el transporte público tiene fijado un 25 % en esas franjas y en Euskadi el porcentaje indicado es del 30 %. Para Cercanías, los mínimos estatales llegan al 75 % en hora punta.
La comparación, sostienen los sindicatos, obliga a las administraciones a explicar con criterios concretos por qué una misma necesidad esencial exige mantener tantos servicios en un territorio y muchos menos en otro. No basta con invocar genéricamente el interés público: cada restricción del derecho de huelga debe estar motivada y ser proporcionada.
Educación, sanidad y transporte: el caso valenciano
En el País Valencià, el Consell impone la apertura de todos los centros escolares, el 60 % de las plantillas de comedor y el 80 % en Educación Especial, según la denuncia sindical. También establece actividad en la mitad de los quirófanos programados. En Baleares, el transporte escolar queda fijado al 100 % y el metro de Palma al 80 % durante buena parte de la jornada.
En Andalucía, las organizaciones cuestionan el 75 % señalado para la sanidad pública y privada. También critican que La Rioja extienda las obligaciones a instalaciones como museos, bibliotecas y polideportivos. El debate no consiste en desatender emergencias o poner en riesgo vidas: se trata de impedir que la obligación de atender lo verdaderamente imprescindible se utilice para mantener servicios ordinarios y vaciar de eficacia la huelga.
Correos y el argumento electoral
La controversia alcanza igualmente a Correos. La CSI cuestiona los servicios mínimos vinculados por la Administración a las elecciones del 29 de noviembre. CGT ya había denunciado que la campaña operativa electoral señalada por Correos comienza el 13 de noviembre, dos días después de la huelga. La organización exige justificar qué operaciones no pueden aplazarse y por qué se obliga a trabajar a parte de la plantilla el día 11.
CGT anuncia denuncias contra las imposiciones abusivas
El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, sostiene que estos mínimos vulneran de forma encubierta el derecho de huelga de miles de personas y anuncia que el sindicato denunciará las situaciones que considere abusivas. La CSI respalda las acciones legales y recuerda que la jurisprudencia constitucional exige justificar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones.
Las organizaciones recomiendan a quienes reciban una orden para cubrir servicios mínimos que exijan la designación individual y por escrito y comuniquen cualquier irregularidad a su sección sindical. Una designación no debe confundirse con una autorización sin límites a la empresa o a la Administración para reorganizar toda la plantilla a su conveniencia.
La huelga del 11-N reclama salarios suficientes, vivienda accesible y servicios públicos. Sus convocantes insisten en que la atención de emergencias y necesidades esenciales debe estar garantizada, pero que esa protección no puede convertirse en una excusa para impedir un derecho fundamental. La dimensión del conflicto se medirá mañana también en los centros donde más trabajadores han sido obligados a cubrir mínimos.
Agencias Confederales · Información contrastada con Europa Press y comunicados de CSI y CGT.
Imagen de archivo: movilización por la vivienda en Madrid, 26 de septiembre de 2026. Fotografía: Barcex / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotografía original.
