En 1922 miles de familias del puerto mexicano dejaron de pagar los alquileres abusivos. La protesta nació en los patios de vecindad, tuvo a las mujeres como protagonistas, sufrió una dura represión militar y consiguió una ley de inquilinato.
En febrero de 1922, las trabajadoras sexuales de la calle Vicente Guerrero, en el puerto mexicano de Veracruz, convocaron a los propietarios de los cuartos donde vivían y trabajaban. Les cobraban alquileres desproporcionados por habitaciones deficientes, y encima les exigían más por utilizarlas para ganarse la vida. Acudieron pocos caseros y ofrecieron una rebaja que las mujeres consideraron insuficiente. Decidieron entonces dejar de pagar. La protesta se extendió por los patios de vecindad hasta convertirse en una de las huelgas de alquileres más importantes de la historia latinoamericana.
Buena parte de la documentación más difundida coloca a Herón Proal en el centro de la historia. Era un organizador influyente y dejó una huella indiscutible en el Sindicato Revolucionario de Inquilinos. Sin embargo, seguir únicamente su trayectoria nos haría perder de vista el origen de la protesta. En la calle Vicente Guerrero y en los patios de La Huaca, las mujeres conocían de primera mano el estado de las habitaciones, la falta de servicios y los cobros arbitrarios. Allí empezó a tomar forma una resistencia que más tarde tendría portavoces conocidos, pero que necesitó de muchas manos para mantenerse.
Un puerto obrero donde casi nadie era propietario
Veracruz era una ciudad de estibadores, marineros, trabajadores ferroviarios, artesanos, comerciantes y familias dependientes de los salarios del puerto. La Revolución mexicana había abierto un periodo de intensa agitación social, pero las condiciones materiales de muchos de sus habitantes apenas habían mejorado. El censo de 1921 registraba 54.225 residentes; según una investigación del historiador Arturo E. García Niño, aproximadamente el 96,5 % pagaba renta por su vivienda. La mayoría vivía en patios de vecindad: conjuntos de habitaciones alrededor de un espacio común, con cocinas, baños y retretes compartidos.
Las inspecciones municipales son especialmente útiles para comprender aquel conflicto. Sus descripciones hablan de madera deteriorada, suelos inestables y patios enteros compartiendo unos pocos servicios sanitarios. Las cantidades exigidas por los dueños no se correspondían con el estado de las casas. Para una familia que dependía del trabajo en el puerto, cambiar de habitación podía significar perder la proximidad al empleo o no encontrar alojamiento alguno. Esa falta de alternativas ayuda a explicar por qué la huelga arraigó con tanta fuerza.
Del malestar al sindicato
A finales de enero comenzaron las reuniones para organizar la protesta. El 2 de febrero se convocó una asamblea en la Biblioteca del Pueblo y el día 4 se constituyó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, con participación de militantes anarquistas, comunistas y trabajadores del puerto. Herón Proal, que había sido marinero y sastre y participaba en el grupo Antorcha Libertaria, se convirtió en su principal orador. Desde una mesa colocada junto a la estatua de Benito Juárez, llamaba a sumar patios a la organización y a exigir rentas acordes con el valor de las viviendas.
El programa no se limitaba a protestar por una subida concreta. Planteaba suspender los pagos hasta que los propietarios aceptaran una renta calculada sobre el valor catastral, suprimir fianzas, revisar contratos, detener los desahucios y reconocer al sindicato de inquilinos. La propuesta de fijar un 2 % sobre el valor del inmueble fue una de las banderas del movimiento. A principios de junio, cuatro propietarios llegaron a aceptar un acuerdo en esos términos. Eran avances parciales, lejos de resolver el conflicto general, pero mostraban que la presión organizada podía alterar relaciones que hasta entonces parecían decididas exclusivamente por los dueños.
La huelga se comunicaba con carteles pegados en puertas y ventanas. El más conocido decía: «Estoy en huelga. No pago renta». La frase funcionaba a la vez como aviso al cobrador y como señal para las vecinas. Cada nueva puerta marcada hacía menos fácil aislar a una familia. Hubo comités de patio, reuniones en plazas, colectas y celebraciones populares para sostener la organización. La campaña no avanzó de forma uniforme, pero hacia la primavera había alcanzado una escala extraordinaria: las investigaciones hablan de más de cien patios movilizados y de unas 30.000 personas vinculadas a la protesta.
Las mujeres que hicieron posible la rebelión
El movimiento tenía protagonistas que rara vez ocupaban los cargos principales de las organizaciones obreras. Las trabajadoras sexuales fueron decisivas en los primeros paros de pago. Los propietarios les exigían alquileres superiores y algunos ejercían además otras formas de explotación sobre ellas. Su participación abrió un espacio de solidaridad con mujeres a quienes la moral dominante despreciaba y que, sin embargo, estaban señalando uno de los abusos más visibles del puerto.
María Luisa Marín destacó después en la organización de mujeres libertarias. Llegó a Veracruz con experiencia o contactos vinculados al movimiento revolucionario y participó en la creación de redes para avisar cuando alguna familia estuviera amenazada de desalojo. Las activistas recorrían mercados y patios, reunían a otras mujeres y defendían que la emancipación también debía alcanzar al hogar y al trabajo doméstico. La investigación de Andrew Grant Wood ha reconstruido parte de su trayectoria a partir de fotografías, cartas, periódicos y expedientes que permiten devolverle una presencia histórica propia, más allá de las menciones que la reducían a su relación con Proal.
Ese protagonismo femenino no fue una nota decorativa. En los patios, las mujeres administraban buena parte de la economía familiar, discutían directamente con cobradores y propietarios y conocían las consecuencias inmediatas de perder la vivienda. Al organizarse colectivamente, trasladaron al espacio público un conflicto que se presentaba como privado. Algunas llegaron a utilizar silbatos y sistemas de aviso para reunir a la vecindad cuando aparecían agentes o administradores. Los hombres del puerto también participaron, pero la huelga no habría tenido la misma fuerza sin esas redes de mujeres.
Cuando la vivienda se encontró con la huelga obrera
La protesta inquilinaria no quedó encerrada en las habitaciones. Veracruz vivía una intensa actividad sindical y las organizaciones del puerto comprendieron pronto que los alquileres absorbían una parte considerable de los ingresos de los trabajadores. En junio de 1922 se produjo una huelga general de solidaridad en la ciudad, respaldada por sindicatos de panaderos, veladores, electricistas y sastres, entre otros. El paro comenzó el 11 de junio y terminó el día 15. La conexión resultaba evidente para quienes cobraban un jornal y regresaban después a un cuarto insalubre que apenas podían pagar.
Las reivindicaciones también llegaron a otras ciudades mexicanas. Surgieron organizaciones y huelgas de inquilinos en lugares como Ciudad de México y Guadalajara, aunque no siempre con la misma composición ni bajo una dirección común. La experiencia de Veracruz formaba parte de una época en la que los movimientos obreros ensayaban nuevas formas de participación política después de la Revolución. Los barrios, las plazas y los patios se convirtieron en lugares de asamblea tanto como los locales sindicales.
La represión de julio y las fracturas internas
El crecimiento de la huelga no evitó los desacuerdos. Entre los dirigentes anarquistas y comunistas aparecieron disputas por la orientación del sindicato, la administración de los fondos y el poder acumulado por Proal. El enfrentamiento con José Olmos, dirigente comunista y antiguo participante de la organización, se agravó a comienzos de julio. Durante una concentración del día 5, una multitud lo agredió tras las acusaciones de traición lanzadas contra él. La intervención policial y militar convirtió la tensión en una sucesión de choques violentos.
Esa noche y durante la madrugada del 6 de julio, soldados dispararon contra participantes del movimiento y asaltaron el local sindical. Proal y decenas de militantes fueron detenidos. El balance oficial habló de cuatro muertos y 22 heridos, mientras fuentes vinculadas a los inquilinos sostuvieron que las víctimas habían sido más. No existe una cifra única suficientemente acreditada, y sería irresponsable convertir en dato cerrado las estimaciones de una u otra parte. Lo que no ofrece dudas es la gravedad de la represión y el golpe que supuso para una organización que llevaba meses enfrentándose a los propietarios.
Los documentos también dejan constancia de conflictos dentro del propio sindicato. La agresión contra Olmos y el protagonismo creciente de Proal provocaron críticas y enfrentamientos que no conviene omitir. La responsabilidad de quienes ordenaron o ejecutaron la represión militar permanece intacta. Al mismo tiempo, una reconstrucción histórica debe permitirnos conocer los desacuerdos que atravesaron al movimiento y las consecuencias que tuvieron sobre su organización.
Una ley conquistada después de la masacre
La represión debilitó al Sindicato Revolucionario de Inquilinos, pero no consiguió borrar las reivindicaciones. Manuel Almanza asumió tareas de dirección en medio de las disputas, y la liberación de los presos pasó a formar parte de las exigencias. El debate llegó a la legislatura del estado. El 26 de abril de 1923, el gobernador Adalberto Tejeda promulgó una ley de inquilinato que fijó límites al alquiler y estableció un plazo para regularizar deudas. La norma aprobada situó la renta en el 6 % del valor real de los inmuebles, un resultado distinto y menos ambicioso que el 2 % reivindicado por el sindicato.
No fue una victoria completa: las malas viviendas seguían ahí y los propietarios conservaron una posición de poder importante. Tampoco desaparecieron las persecuciones ni la división de las organizaciones. Sin embargo, la ley reconoció que el alquiler no podía quedar enteramente al arbitrio del casero y que el conflicto había adquirido una dimensión social imposible de ignorar. La movilización también dejó redes que intervinieron después en la organización obrera y campesina del estado de Veracruz.
Muchos relatos de 1922 terminaron convirtiendo a Herón Proal en el rostro casi exclusivo de aquella huelga. Las fotografías de época muestran otra cosa: mujeres y hombres agrupados en calles abarrotadas, pancartas, ropa de trabajo, familias que salieron juntas a defender sus hogares. En los documentos aparecen además nombres como María Luisa Marín, Simona Aguirre y las mujeres de Vicente Guerrero. Recuperarlos permite entender mejor una movilización que no nació de una orden individual, sino de una necesidad compartida.
Quedan las fotografías de las marchas, los nombres conservados en los expedientes y las noticias de aquellos meses. También quedan muchas ausencias: vecinas que hicieron guardia ante una puerta, personas que participaron en las colectas o familias que soportaron amenazas sin aparecer en una sola crónica. Los patios de Veracruz fueron durante la huelga lugares de reunión, de aviso y de defensa común. El movimiento no resolvió la miseria de la vivienda popular, pero consiguió modificar la legislación y dejó una experiencia de organización que merece estudiarse con sus logros y sus fracturas. En el archivo todavía se escucha, aunque sea entre líneas, la historia de quienes sostuvieron aquella protesta desde su casa.
Interesado por la historia social y la memoria obrera, presta especial atención a las luchas olvidadas y a sus protagonistas. Le gusta recuperar documentos y testimonios que ayudan a comprender el pasado desde la experiencia de quienes lo vivieron.
