El 15 de noviembre de 1922, una multitud de trabajadores y vecinos avanzó por el centro de Guayaquil en una ciudad paralizada por la huelga general. La marcha reclamaba que se atendieran las demandas obreras y que fueran liberados varios detenidos. La respuesta de las fuerzas públicas convirtió aquella jornada en una de las mayores represiones de la historia social ecuatoriana: policías y soldados abrieron fuego y dejaron un número de víctimas que nunca pudo establecerse con certeza.
El conflicto había crecido sobre una crisis económica que golpeaba con especial dureza a quienes vivían de un salario. La caída del precio y de las exportaciones del cacao, principal sostén de la economía ecuatoriana, se combinó con inflación, devaluación, desempleo y pérdida de poder adquisitivo. Mientras comerciantes y entidades financieras defendían sus intereses ante la inestabilidad monetaria, las familias trabajadoras pagaban cada día más por los alimentos y los alquileres.
La chispa inmediata había saltado en el ferrocarril de Durán. Entre el 17 y el 26 de octubre, sus trabajadores sostuvieron una huelga que consiguió la aplicación de la jornada de ocho horas, aumentos salariales, readmisiones y mejoras asistenciales. La victoria animó a empleados de la electricidad y los tranvías, obreros fabriles, artesanos, constructores, tipógrafos, vendedores de prensa y otros oficios de Guayaquil. Las sociedades gremiales y las nuevas organizaciones de orientación sindicalista, anarquista y socialista dieron forma común a reivindicaciones que hasta entonces habían avanzado por sectores.
El 13 de noviembre se declaró la huelga general. Al día siguiente, Guayaquil quedó sin tranvías, electricidad ni periódicos; cerraron comercios, fábricas y bancos. Las asambleas reunieron demandas laborales —salarios, jornada y respeto a la organización— con el malestar por el coste de la vida y la política monetaria. La amplitud del paro mostró que el conflicto ya no pertenecía a una empresa concreta: era una protesta urbana de clase trabajadora.
En la mañana del día 15, miles de personas se concentraron y recorrieron las calles céntricas. Tras obtener de la Gobernación el compromiso de excarcelar a los huelguistas detenidos, parte de la manifestación se dirigió hacia dependencias policiales. En distintos puntos del centro comenzaron los disparos. Unidades militares desplegadas bajo el mando del general Enrique Barriga participaron en la represión junto con la policía. La violencia se extendió por vías como Nueve de Octubre, Chile, Cuenca y Boyacá, en medio de carreras, cargas y fuego contra la población.
El balance quedó atrapado desde el primer momento entre el silencio oficial, las versiones de la prensa y las denuncias obreras. Las cifras difundidas a lo largo del tiempo oscilan desde decenas hasta varios centenares de muertos. La documentación conservada no permite cerrar una cantidad indiscutible; sí acredita una matanza de gran magnitud contra huelguistas y transeúntes. Por eso, reducir la jornada a una cifra incierta oscurece lo esencial: el Estado empleó fuerza militar para aplastar un movimiento laboral que había paralizado el principal puerto del país.
El 15 de noviembre quedó desde entonces en la memoria obrera ecuatoriana. Durante generaciones, familiares, sindicatos y organizaciones populares recordaron a las víctimas junto al río Guayas, donde la tradición colocó cruces y flores. La huelga no produjo de inmediato todas las transformaciones reclamadas, pero hizo visible la capacidad de organización de trabajadores de oficios muy distintos y señaló el coste de desafiar el poder económico y político de la oligarquía cacaotera. Guayaquil convirtió aquella derrota sangrienta en una fecha fundacional de su historia sindical.
