El sábado 13 de noviembre de 1909, 481 hombres y muchachos bajaron a trabajar a la mina de carbón de Cherry, una pequeña localidad del norte de Illinois. La explotación, abierta cuatro años antes y propiedad de la St. Paul Coal Company, alimentaba con unas 1.500 toneladas diarias las locomotoras del ferrocarril. Antes de terminar el turno, un incendio convirtió el pozo en una trampa: 259 trabajadores murieron.
La instalación eléctrica estaba averiada y las galerías se iluminaban con lámparas de queroseno y antorchas. Poco después de la una de la tarde, una vagoneta cargada de heno para las mulas quedó bajo una llama y comenzó a arder. Los primeros intentos de sofocar el fuego fracasaron. El carro fue empujado hacia el pozo de ventilación con la idea de arrojarlo a un nivel inferior, pero las llamas se extendieron por los soportes de madera y el aire contaminado recorrió las galerías.
La respuesta de la empresa agravó el desastre. No se activó a tiempo una alarma general y muchos mineros siguieron trabajando sin saber que el fuego avanzaba. Cuando la salida principal se volvió casi impracticable, algunos hombres regresaron una y otra vez al interior para sacar a sus compañeros. Parte de aquellos equipos de rescate murió asfixiada. Al final de la jornada habían conseguido alcanzar la superficie 230 trabajadores; centenares quedaron bajo tierra.
Veintiún mineros se refugiaron en una zona profunda, levantaron barreras para contener los gases y sobrevivieron ocho días con el agua y los escasos alimentos que pudieron reunir. Su rescate no alteró la dimensión de la tragedia. Cherry perdió a trabajadores procedentes de numerosas comunidades inmigrantes y dejó cientos de hogares sin salario. La localidad quedó marcada por funerales colectivos, viudas, huérfanos y una discusión que ya no podía reducirse a la caridad privada.
La catástrofe expuso el precio humano de una industria que trasladaba el riesgo a quienes bajaban al pozo. En la distribución de ayudas a las familias participó el sindicato United Mine Workers, mientras crecía la presión para imponer obligaciones públicas a empresas y administraciones. Illinois reforzó en 1910 sus normas contra incendios en las minas y creó estaciones de rescate; al año siguiente aprobó una primera ley de indemnización laboral.
Aquella norma no fue una reparación suficiente ni inmediata para las familias de Cherry, pero abrió una brecha en el principio según el cual un accidente de trabajo era una desgracia privada. La compensación debía convertirse en un derecho definido por ley y financiado dentro del sistema productivo. La propia Comisión de Compensación de los Trabajadores de Illinois reconoce hoy el incendio de Cherry, junto con la posterior tragedia de Triangle Shirtwaist, como uno de los impulsos decisivos para extender estas leyes.
El 13 de noviembre de 1909 quedó así inscrito en la historia obrera no solo por el número de muertos, sino por lo que reveló: jornadas en condiciones inseguras, trabajo de menores, información tardía, rescates improvisados y familias dependientes de donativos. La memoria de los 259 mineros convirtió la seguridad laboral y la reparación del daño en asuntos políticos que ya no podían dejarse a la voluntad de la patronal.
