Por Mesa de Conflictos.
El malestar en la enseñanza pública no se limita a una comunidad autónoma. En el arranque del curso 2026-2027, el profesorado ha protagonizado huelgas, asambleas y concentraciones en distintos territorios, con un fondo común: plantillas insuficientes, sobrecarga burocrática, pérdida de poder adquisitivo, necesidad de reducir ratios y falta de recursos para atender adecuadamente a todo el alumnado. Las movilizaciones tienen convocatorias y reivindicaciones propias; no existe una huelga educativa estatal única este octubre. Pero la coincidencia de conflictos dibuja un problema que atraviesa buena parte del sistema público.
Madrid: la huelga indefinida llega a su segunda jornada
La Comunidad de Madrid concentra estos días uno de los principales focos de protesta. El 14 de octubre comenzó la huelga indefinida impulsada por sindicatos como CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, junto a plataformas docentes. En las movilizaciones participan profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, personal universitario y colectivos de educación de 0 a 3 años, aunque sus convocatorias no son idénticas. La reducción de horas lectivas, la bajada de ratios, la atención a necesidades educativas especiales, la mejora salarial y la financiación de la escuela pública están en el centro de las reivindicaciones.
Durante la segunda jornada, el 15 de octubre, miles de docentes se concentraron ante la Consejería de Educación. La Delegación del Gobierno cifró en alrededor de 10.000 las personas reunidas en una de las movilizaciones. También existe una importante discrepancia sobre el seguimiento del paro: CCOO lo situó en el 60 %, mientras la Comunidad de Madrid lo rebajó al 32 %. Son estimaciones atribuidas a cada parte y no pueden presentarse como una cifra única e indiscutible.
El conflicto ha estado acompañado por las cargas policiales y detenciones del día 14 en la Universidad Complutense, que han suscitado denuncias y peticiones de investigación. La Consejería madrileña sostiene que existen medidas y acuerdos de mejora y ha criticado el carácter político de la convocatoria; los sindicatos responden que lo negociado no cubre las necesidades de los centros. La disputa sigue abierta.
País Valencià: vuelve la amenaza de huelga ante unas negociaciones estancadas
En la Comunitat Valenciana, STEPV, CCOO y UGT advirtieron el 15 de octubre de que reactivarán las movilizaciones si la Conselleria de Educación no aborda las reivindicaciones pendientes. No descartan retomar la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria. Reclaman, entre otras cuestiones, recuperar poder adquisitivo, mejorar las plantillas y las infraestructuras y garantizar una enseñanza en valenciano con los medios necesarios.
Los sindicatos consideran insuficiente el calendario de reuniones propuesto por la Administración y reclaman compromisos presupuestarios concretos. La Conselleria defiende que mantiene abierto el diálogo. El profesorado está convocado a una asamblea para el 20 de octubre, mientras el encuentro con la consellera está previsto para el día 21. Esas fechas marcarán si el conflicto vuelve a desembocar en paros.
Aragón: Huesca protesta contra la actuación de la Inspección Educativa
La provincia de Huesca vivió una huelga docente el 14 de octubre, convocada por CSIF, CGT, HUSTE-STEA, CCOO, UGT y ANPE. A diferencia de otras movilizaciones, la protesta se concentra especialmente en la actuación de la Inspección Educativa, sus criterios de intervención y las garantías profesionales del profesorado. Los convocantes reclaman unificación de criterios, revisión externa de expedientes y cambios en la dirección provincial de Inspección.
Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón a primera hora de la tarde, el seguimiento provisional fue del 24,1 %, con un 29,75 % en Secundaria y un 17,6 % en Primaria. Esas cifras corresponden a ese momento de la jornada, no a un balance final de toda la huelga. Las organizaciones sindicales cuestionaron asimismo los servicios mínimos establecidos y el conflicto llegó a los tribunales.
Catalunya: presión sindical, escuela inclusiva y vivienda
En Catalunya, las organizaciones educativas mantienen la presión sobre el Departament d’Educació. USTEC·STEs ha puesto en marcha iniciativas para recoger incidencias y carencias en la escuela inclusiva y ha ratificado su adhesión a la huelga general del 11 de noviembre, vinculando la reivindicación de servicios públicos y salarios con el acceso a la vivienda. No se trata de atribuir a Catalunya una huelga docente general los días 14 y 15 de octubre, sino de reflejar un conflicto educativo que continúa mediante organización sindical y nuevas convocatorias.
La movilización también ha alcanzado el funcionamiento de los centros. La decisión de parte del profesorado de limitar las tareas no remuneradas, incluida la tutorización de alumnado universitario en prácticas, ha generado dificultades en la asignación de plazas de prácticas de magisterio, según informaciones publicadas este mes. El episodio ilustra una de las quejas persistentes del colectivo: una parte considerable del funcionamiento cotidiano de los centros descansa en labores adicionales que rara vez se reconocen en horarios y plantillas.
Andalucía y Canarias: conflictos que completan el mapa
Desde Andalucía, USTEA ha manifestado su apoyo a la huelga madrileña y su rechazo a las intervenciones policiales contra manifestantes. En el archipiélago canario hubo convocatorias docentes los días 24 y 25 de septiembre, documentadas por la propia orden de servicios mínimos del Gobierno de Canarias. Ambos casos refuerzan la dimensión territorial del malestar, aunque sería incorrecto presentarlos como paros simultáneos con los de Madrid o Huesca.
Una misma exigencia de fondo: que la escuela pública tenga medios
Las reivindicaciones no se agotan en el salario del profesorado. Las ratios elevadas afectan al tiempo que puede dedicarse a cada estudiante. La falta de especialistas y personal de apoyo perjudica especialmente a quienes necesitan una atención más individualizada. La burocracia consume horas que deberían dedicarse a la preparación de clases, la coordinación y el acompañamiento educativo. Las infraestructuras deficientes y la falta de sustituciones terminan trasladando el coste del ajuste a trabajadores, estudiantes y familias.
La educación es una competencia gestionada en buena parte por las comunidades autónomas, de ahí que las convocatorias y los calendarios difieran. Pero esa dispersión administrativa no elimina los problemas compartidos. Las organizaciones sindicales reclaman negociación real, inversión pública y medidas comprobables, mientras las administraciones defienden sus respectivos presupuestos y acuerdos. El curso acaba de comenzar y ya acumula frentes de conflicto: lo que suceda en las próximas mesas de negociación determinará si las movilizaciones se amplían o encuentran respuestas concretas.
Imagen: movilización por la enseñanza pública en Madrid, septiembre de 2026. Fotografía de archivo publicada por EL PAÍS. No corresponde a una huelga estatal simultánea.
Para ampliar la información: consulta el balance de las movilizaciones educativas en cinco territorios y la crónica de la huelga y las cargas en la Complutense.
