La CEOE cuestiona una nueva subida del salario mínimo mientras la ocupación ha aumentado en España y las empresas cotizadas registraron resultados históricos en 2025. Antonio Garamendi, reelegido presidente de la patronal hasta 2030, percibió ese mismo año 403.000 euros brutos. Detrás de las cifras se abre una pregunta sindical que la discusión electoral no debería ocultar: cuánto de la riqueza generada termina en los salarios.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó el 15 de octubre la intención del Gobierno de acelerar la revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones del 29 de noviembre. A su juicio, el Ejecutivo está utilizando una competencia propia en plena campaña. La patronal también desconfía de la comisión de expertos encargada de plantear la actualización y reclama que se revisen los contratos públicos cuando las subidas salariales elevan sus costes.
La controversia llega cuando CCOO y UGT han solicitado aumentar el SMI un 7 % para 2027. Sobre los actuales 1.221 euros brutos mensuales, en catorce pagas, la propuesta supondría unos 1.306 euros: aproximadamente 85 euros brutos más al mes. Es una reivindicación sindical, no una subida ya aprobada. El Gobierno debe consultar a los agentes sociales, pero tiene competencia para fijar la cuantía.
El empleo ha crecido, pero trabajar no basta para vivir
Los datos de la Encuesta de Población Activa ofrecen perspectiva. Cuando Garamendi asumió la presidencia de la CEOE, en noviembre de 2018, España rondaba los 19,5 millones de ocupados. En el segundo trimestre de 2026 había 22,779 millones. Tomando como referencia el tercer trimestre de 2018, el aumento es de aproximadamente 3,25 millones de personas, un 16,6 %.
No cabe atribuir ese crecimiento a un único gobierno, al dirigente patronal ni exclusivamente a las subidas del SMI. Entre ambas fechas hubo una pandemia, cambios demográficos y transformaciones en el mercado laboral. Pero las cifras sí cuestionan los diagnósticos que anticipan de manera automática una destrucción generalizada del empleo ante cada incremento de los salarios mínimos.
El problema para numerosos hogares es que tener empleo no garantiza poder pagar la vivienda, los suministros y el transporte. El crecimiento económico debe examinarse no solo por la cantidad de puestos de trabajo creados, sino también por la calidad del empleo, las jornadas y la distribución de sus frutos.
Más de 71.000 millones de beneficios en las compañías cotizadas
Las empresas españolas cotizadas obtuvieron un beneficio agregado de 71.118 millones de euros en 2025, según el balance divulgado sobre el conjunto de sociedades analizadas, un 4,36 % más que en 2024. Se trata de un máximo para esa muestra, impulsado, entre otros, por los resultados de la banca y la energía.
El dato no corresponde a todas las empresas españolas ni puede trasladarse a una panadería, una pequeña contrata o un autónomo. Son sociedades cotizadas, algunas con una actividad internacional considerable, cuyos resultados no representan por sí solos los márgenes del conjunto de las pymes. Esa precisión es fundamental, pero no resta relevancia al contraste entre beneficios elevados y la resistencia de la patronal a actualizar las remuneraciones más bajas.
Precisamente porque las situaciones empresariales son diferentes, una negociación seria debería distinguir la capacidad de pago de los grandes grupos de las dificultades específicas de pequeñas empresas. No hay razón para utilizar las segundas como argumento genérico que cierre el debate salarial de las primeras.
El salario de quien pide prudencia salarial
Las cuentas de la propia CEOE conocidas en junio recogen que Garamendi percibió 403.000 euros brutos en 2025 por sus funciones representativas, frente a los 391.000 de 2024. Su remuneración aumentó aproximadamente un 3 %, unos 12.000 euros al año. No se conoce todavía cuánto cobrará por el ejercicio 2026.
El SMI vigente en 2026 supone 17.094 euros brutos al año. La última remuneración anual publicada de Garamendi equivale a unas 23,6 veces esa cantidad. Es una comparación entre importes brutos de ejercicios diferentes, no un cálculo de lo que cobra hoy ni de lo que ingresan todos los empresarios.
La CEOE defiende que establece la remuneración de su presidente conforme a sus propios procedimientos. Esa circunstancia no convierte el sueldo en irregular; sí permite examinar la distancia entre lo que percibe quien representa a la patronal y los ingresos de quienes trabajan por el mínimo. La subida retributiva de Garamendi conocida para 2025, 12.000 euros anuales, supera ampliamente el aumento anual de alrededor de 1.190 euros que supondría la propuesta sindical para una persona que cobre el SMI a jornada completa.
La inflación sigue presionando las nóminas
El INE confirmó que la inflación interanual alcanzó el 4,9 % en septiembre de 2026. Según las estadísticas de negociación colectiva, los salarios pactados en los convenios registrados hasta ese mes habían subido de media un 3,05 %. La diferencia aritmética es de 1,85 puntos porcentuales, aunque ambas cifras no corresponden exactamente al mismo periodo de medición ni sirven para calcular la pérdida concreta de poder adquisitivo de cada trabajador.
Esa cautela estadística no elimina la cuestión de fondo. La subida de los carburantes, de otros gastos corrientes y, especialmente, las dificultades para acceder a la vivienda dejan cada vez menos margen a quienes viven de una nómina. El coste de la vida no se detiene cuando una empresa declara que necesita competitividad. Si se habla de productividad, también es necesario hablar de salarios reales, márgenes empresariales y beneficios.
Los argumentos de la CEOE también requieren respuesta
Garamendi ha planteado una objeción concreta a la subida del SMI: algunas empresas que prestan servicios mediante contratos públicos no pueden actualizar automáticamente los precios de esos contratos cuando aumenta su coste salarial. El problema existe y puede afectar a servicios externalizados como limpieza, cuidados o mantenimiento.
Pero la respuesta no tiene por qué ser bloquear las mejoras salariales. También cabe revisar cómo se financian los servicios públicos, cómo se adjudican las contratas y qué garantías existen para que los presupuestos permitan cumplir las obligaciones laborales. Trasladar sistemáticamente los ajustes al trabajador peor pagado es una elección que merece ser discutida, no una conclusión inevitable.
También cabe discutir el calendario electoral. La CEOE considera que la aceleración responde a intereses del Gobierno; el Ejecutivo sostiene que pretende tramitar la subida y evitar una pérdida de poder adquisitivo. Ninguna de esas posiciones debería sustituir el examen del nivel salarial necesario para vivir ni de los efectos económicos reales de la medida.
Bajas médicas, convenios y conflictos
La relación entre patronal y sindicatos se ha tensado igualmente por la negociación colectiva y por las propuestas sobre incapacidad temporal. La CEOE reclama cambios en la gestión de las bajas y advierte de su coste económico. Las organizaciones sindicales recuerdan que una baja médica reconocida no equivale a una ausencia injustificada y que la prevención de riesgos, las condiciones de trabajo y la atención sanitaria deben formar parte de cualquier análisis.
Entre enero y agosto de 2026 se registraron alrededor de 579.000 participantes en huelgas y 1,37 millones de jornadas no trabajadas por conflictos laborales, según la estadística publicada en octubre. La enseñanza, la sanidad y la industria se cuentan entre los sectores movilizados. Ese aumento de la conflictividad revela desacuerdos que van más allá de una confrontación verbal entre Gobierno y CEOE.
La vivienda ha entrado además en el debate sindical porque el salario sirve para afrontar los gastos fundamentales. Para quien destina una parte creciente de su sueldo al alquiler, la separación entre problemas laborales y problemas sociales resulta difícil de sostener.
Quién se queda con el crecimiento
La patronal tiene derecho a defender sus propuestas, reclamar reglas estables y advertir de las dificultades de determinados sectores. Los sindicatos tienen el mismo derecho a confrontar esos argumentos con lo que ocurre en los centros de trabajo. La creación de empleo y los beneficios empresariales son datos relevantes, pero no bastan para saber si la clase trabajadora está mejorando sus condiciones de vida.
Cuando una parte de las grandes empresas alcanza resultados récord y los salarios más bajos siguen sometidos a la presión de los precios, el debate no puede limitarse a si el Gobierno ha elegido una fecha políticamente conveniente. También debe preguntar cuánto de esa prosperidad llega a quienes la hacen posible, qué capacidad real tienen las plantillas para negociar y por qué la moderación se exige con tanta insistencia a las nóminas de menor cuantía.
El crecimiento económico no reparte sus beneficios por sí solo. La cuestión sindical es cómo convertirlo en salarios suficientes, prevención, tiempo libre, servicios públicos dignos y condiciones de trabajo que no obliguen a elegir entre llegar a fin de mes y conservar la salud.
Documentación utilizada
Encuesta de Población Activa del INE (segundo trimestre de 2026); IPC definitivo del INE (septiembre de 2026); estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo (septiembre de 2026); Real Decreto 126/2026, salario mínimo interprofesional; cuentas de la CEOE de 2025; información de Nueva Tribuna del 13 de octubre de 2026 y La Vanguardia del 15 de octubre; datos de resultados empresariales de 2025 y estadística de huelgas de enero-agosto de 2026.
Fotografía: Antonio Garamendi durante la Asamblea General Electoral de CEOE. Daniel González / EFE.
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