El 15 de junio de 1990 cerró Confecciones Gijón, la fábrica asturiana de las camisas IKE. Más de doscientas trabajadoras decidieron quedarse dentro. Habían pasado años soportando expedientes de regulación, despidos y promesas de recuperación industrial. Todavía les quedaban cuatro años de lucha. Durante ese tiempo las máquinas volvieron a coser, las asambleas se celebraron en la fábrica y las mujeres organizaron su vida alrededor de una ocupación que desconcertó a los responsables políticos de Asturias.
En las historias de la reconversión industrial de los años ochenta abundan las imágenes de los mineros y de los obreros del naval. Las fotografías de las mujeres de IKE forman parte de la misma época y de la misma historia de clase, aunque durante demasiado tiempo ocuparon un lugar secundario en su relato. Su conflicto se extendió de 1984 a 1994 y tuvo una particularidad: una vez desaparecida la empresa, las trabajadoras consiguieron mantener viva la lucha.
Una ciudad que también vivía de coser
Confecciones Gijón nació en 1952. Su fundador, Enrique López González, bautizó la marca de camisas con el sobrenombre de Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961. La factoría se levantó en la calle Balmes, en el barrio gijonés de El Coto, en un edificio atribuido al arquitecto Miguel Díaz Negrete. En su etapa de expansión llegó a reunir unas 700 personas en plantilla, mayoritariamente mujeres, y a producir alrededor de un millón de camisas anuales.
El producto alcanzó los mercados internacionales. Uno de sus rasgos comerciales era la posibilidad de elegir entre tres largos de manga para una misma talla. Tras aquella pequeña innovación había multitud de operaciones: cortar la tela, ensamblar piezas, montar los cuellos, colocar los botones y preparar la prenda para su distribución. Cada puesto dependía del anterior.
Ser obrera del textil significaba obtener un salario propio en una sociedad que asignaba a las mujeres la responsabilidad de la casa y de los hijos. Muchas habían llegado desde el medio rural o habían empezado a trabajar muy jóvenes. Para ellas, la fábrica era también una oportunidad de escapar de la dependencia económica familiar. Esa conquista explica buena parte de la determinación con la que defendieron sus empleos.
Ana García Carpintero conoció esa realidad desde los veinte años. En 1975, tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar los estudios universitarios para ganarse la vida en IKE. Dentro de la misma nave había compañeras que habían entrado siendo prácticamente niñas. Ana trabajó en el plegado de las camisas, una de las últimas operaciones de la cadena. La compartimentación de las tareas era tan profunda que muchas obreras de distintas secciones apenas se conocían. La movilización acabaría derribando aquellas divisiones.
La reconversión llegó al textil
La crisis industrial de finales de los setenta golpeó con dureza a Asturias. El sistema productivo textil se encontraba también inmerso en una transformación que desplazaba parte de la fabricación a pequeños talleres y al trabajo a domicilio, con el consiguiente deterioro de las garantías laborales. En el caso de IKE, las medidas de ajuste comenzaron a acumularse sin resolver la viabilidad de la fábrica.
A partir de 1983, en plena política de reconversión del Gobierno de Felipe González, las reivindicaciones por las condiciones de trabajo dieron paso a una batalla por la continuidad de la empresa. En 1987, Enrique López González se apartó de la dirección y la Consejería de Industria del Principado asumió el control de la gestión. Las huelgas intermitentes de aquel año marcaron una nueva fase del conflicto.
El 15 de junio de 1990, fecha en que se hizo efectivo el cierre, se extinguieron los contratos de 277 personas. Las obreras que se negaron a abandonar la fábrica tenían enfrente a una Administración que llevaba tres años interviniendo en su gestión.
El coste de los planes de rescate
La investigación de Lourdes Pérez González y Verónica Cañal-Fernández, publicada en 2018 en Cuestiones de género, sitúa el endeudamiento de IKE en 1.800 millones de pesetas en 1988 y en 2.200 millones en 1989. La Consejería de Industria había impulsado la creación de una distribuidora con la intención de dar continuidad a la actividad. El deterioro financiero no se detuvo. En diciembre de 1989 se estableció un calendario regular de protestas los martes y los jueves: además de defender los empleos, las obreras exigían tres mensualidades de salario pendientes.
Al frente del Principado estaba Pedro de Silva, del PSOE, y Paz Fernández Felgueroso era consejera de Industria. En Gijón gobernaba desde 1987 Vicente Álvarez Areces. Los responsables institucionales dejaron de ser interlocutores ajenos al conflicto: sus decisiones empresariales, financieras y urbanísticas condicionaban el destino de la plantilla.
Negociábamos nosotras
La experiencia acumulada durante los años anteriores resultó decisiva. Las obreras habían reclamado mejores horarios, salarios, comedor y guardería. A medida que el conflicto se agravaba, la asamblea adquirió un papel central. En una entrevista concedida a Pablo Batalla en 2021, Ana Carpintero defendía la autonomía de la plantilla frente a las direcciones sindicales: el mandato de quienes se reunían en la fábrica debía prevalecer sobre las decisiones adoptadas lejos de ella.
La cuestión no era menor. En las negociaciones se enfrentaban concepciones diferentes de cómo debía resolverse una crisis laboral. Para una parte de las trabajadoras, aceptar una salida que dividiera a la plantilla suponía renunciar a la fuerza que habían construido juntas. El desacuerdo con las propuestas institucionales y con las cúpulas de los sindicatos mayoritarios se hizo especialmente visible al aproximarse el cierre.
Hubo protestas en Gijón y Oviedo, interrupciones del tráfico, concentraciones ante organismos públicos y acciones dirigidas a las autoridades asturianas. Una de las iniciativas más recordadas llevó un burro con un cartel alusivo a la Administración a una manifestación. El humor permitía desmontar la solemnidad de quienes llevaban años gestionando el futuro de la fábrica sin ofrecer una solución estable.
El comité de empresa y la ruptura sindical
Los trece puestos del comité se repartían entre la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), con siete representantes; UGT, con tres; Unión Sindical Obrera (USO), con dos, y Comisiones Obreras (CCOO), con uno. Entre las mujeres del comité estaban Ana García Carpintero y Jovita Friera Friera, de la CSI, y Charo López Brandy y Bernardina Santos Tejido, de USO. Sus nombres quedaron recogidos en Un instante… toda una vida, una publicación dedicada a las mujeres de Gijón.
El 2 de febrero de 1990 se produjo la ruptura. Las direcciones de UGT y CCOO respaldaron un expediente temporal de regulación que la mayoría del comité rechazaba. Según el estudio de Pérez González y Cañal-Fernández, 43 personas dejaron entonces de participar en la protesta; Carpintero recuerda 47 en su entrevista de 2021. El expediente temporal no fue aprobado. La discrepancia entre las organizaciones persistió en las negociaciones posteriores, que no evitaron el cierre.
CSI y USO continuaron respaldando la ocupación. El grueso de la plantilla permaneció junto al comité, incluso trabajadoras afiliadas a los otros sindicatos, según Ana Carpintero. Las afiliaciones no siempre coincidieron con las posiciones de los dirigentes. Las decisiones colectivas se seguían tomando en las asambleas de la fábrica.

La lucha salió del recinto industrial y llegó a las estaciones ferroviarias y al puerto de El Musel. Hubo acciones en las sedes de la Inspección de Trabajo y de la Consejería de Industria, e incluso una protesta en la embajada cubana en Madrid. Las obreras trasladaron también sus reivindicaciones a las inmediaciones de los domicilios de los responsables políticos. Frente a una fábrica cuya actividad oficial había cesado, las acciones públicas permitían mantener abierto el conflicto.
Cuatro años dentro
La ocupación inmediata del edificio convirtió un espacio que la dirección daba por liquidado en el centro de la resistencia. El inmueble tenía valor económico y su situación en la ciudad lo hacía particularmente atractivo. Permanecer en él servía para garantizar que su destino no pudiera decidirse ignorando a quienes habían trabajado allí.
El encierro se organizó en turnos. Hubo que habilitar espacios para dormir, atender a las criaturas y sostener la intendencia. Las trabajadoras aprovecharon los equipos disponibles para elaborar y vender prendas, obteniendo así recursos para mantener el conflicto. Cuando quedaron sin agua ni electricidad, la solidaridad de los trabajadores de Hidroeléctrica del Cantábrico, entre ellos compañeros de Comisiones Obreras, y del naval gijonés resultó fundamental para recuperar los suministros. Las prendas se vendían también en una pequeña tienda habilitada dentro de la propia fábrica. Una ocupación de cuatro años exige una infraestructura cotidiana que raras veces aparece en las fotografías de las manifestaciones.
La solidaridad externa resultaba indispensable, pero dentro de la fábrica pesaban las dificultades de cada hogar. La pérdida de ingresos, las horas lejos de casa y el cuidado de familiares añadían una presión constante. La duración de la protesta fue erosionando las fuerzas de muchas compañeras. En una industria feminizada, sostener una lucha laboral implicaba discutir también el reparto del trabajo doméstico.
La movilización llegó al terreno electoral. El Partido de las Trabajadoras Gijonesas de Confecciones concurrió a las elecciones de 1991. La iniciativa pretendía hacer entrar en el debate institucional una reivindicación que los responsables políticos no habían resuelto. El 26 de mayo de 1991, la candidatura obtuvo 1.652 votos en las elecciones municipales de Gijón sin conseguir concejales, de acuerdo con los resultados electorales oficiales. También concurrió a las autonómicas. La campaña sirvió ante todo para que el cierre de IKE estuviera presente en la discusión política de Asturias.
Los acreedores y la subasta fallida
La Navidad de 1990 encontró a la plantilla todavía movilizada. El 26 de diciembre se suspendió en Madrid la subasta de los bienes empresariales: el principal acreedor, el Banco de Crédito Industrial (BCI), no compareció y el inversor interesado retiró su oferta. Según informó Javier Cuartas al día siguiente en El País, la deuda alcanzaba unos 2.800 millones de pesetas, principalmente con el BCI, Hacienda y la Seguridad Social. Los salarios que habían motivado embargos a instancias de la plantilla rondaban los 330 millones.
Los proyectos de reindustrialización continuaron después del cierre. En 1991 se planteó la instalación de una nueva planta textil con el empresario vasco Enrique Fernández Arroyabe, mediante una operación de suelo municipal en la que participaron la Consejería de Industria y el Ayuntamiento. Tres años más tarde la fábrica prometida seguía sin abrir. Para quienes llevaban desde 1990 sin empleo, las alternativas cada vez resultaban menos creíbles.
La fábrica fue suya, el empleo no volvió
El 22 de marzo de 1994 las trabajadoras consiguieron adjudicarse el inmueble en subasta por 56.810.000 pesetas, según la documentación reconstruida en investigaciones sobre el conflicto. La posterior venta del inmueble se acordó por 168 millones de pesetas, de los que 28 correspondían al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). El reparto restante permitió distribuir una compensación de aproximadamente medio millón de pesetas por persona, también entre quienes habían dejado de participar en la ocupación.
La operación no devolvió a las trabajadoras los puestos que habían defendido. En la memoria de varias de sus protagonistas quedó una sensación amarga. Su experiencia obliga a distinguir la capacidad de resistencia de una plantilla de los resultados concretos de su lucha: haber conseguido recuperar parte del valor de los bienes de la fábrica fue importante, pero no equivalía a preservar el trabajo.
La ciudad fue perdiendo una parte esencial de su tejido industrial. Con las fábricas desaparecieron también lugares donde las trabajadoras habían establecido amistades, organizado sus reivindicaciones y aprendido a actuar colectivamente. La desaparición del empleo industrial femenino tuvo consecuencias que no se podían medir únicamente en el número de contratos extinguidos.
La fecha final del encierro merece una precisión. La edición de La Nueva España del 6 de mayo de 1994 recogió la salida de las trabajadoras de la fábrica el día anterior, mientras que reconstrucciones posteriores, entre ellas la cartografía municipal de memoria obrera, sitúan el final el 15 de junio. En cualquier caso, habían transcurrido cerca de cuatro años desde el inicio de la ocupación; las reclamaciones de recolocación continuaban pendientes.
Una memoria que pertenece a las trabajadoras
En 2015, con motivo del vigesimoquinto aniversario del inicio del encierro, Gijón recuperó las fotografías, los carteles y las historias de aquella movilización en una exposición. El documental IKE, retales de una lucha, realizado por Muyeres en Llucha en 2016, contribuyó a conservar el relato de sus protagonistas.
La historia de IKE conserva una dimensión incómoda. Muestra cómo una política industrial puede dar por perdidos centenares de puestos de trabajo y considerar las compensaciones económicas como respuesta suficiente. Enseña también cuánto depende la continuidad de un conflicto de la organización de base y de la capacidad de quienes lo sostienen para decidir en común.
Hoy, cuando el empleo industrial se desplaza y las cadenas de producción esconden las condiciones en las que se fabrica la ropa, merece la pena recordar aquellas camiseras que permanecieron cuatro años en su fábrica. Defendieron un salario, la posibilidad de vivir de su oficio y su derecho a participar en las decisiones sobre aquello que habían construido con sus manos. Su historia pertenece a la memoria obrera de Asturias tanto como la de cualquier astillero o explotación minera.
Fuentes y lecturas: Lourdes Pérez González y Verónica Cañal-Fernández, Rompiendo costuras. IKE: la insumisión —una más— de las mujeres del textil (2018); entrevista a Ana Carpintero, El Cuaderno (2021); elDiario.es Asturias, memoria del conflicto (2024); El País, 27 de diciembre de 1990; Gijón en el recuerdo, IKE: moda, lucha y legado; documental IKE, retales de una lucha (2016). Carlos Prieto (coord.), IKE. Retales de la reconversión (2004); Un instante… toda una vida, memoria de las mujeres de Gijón; resultados oficiales de las elecciones municipales de 1991; La Nueva España, 6 de mayo de 1994, p. 10; cartografía municipal Memoria Obrera Gijón-Xixón, ficha de IKE. Fotografías: Juan Carlos Tuero / elDiario.es Asturias; José Vélez / Colección Muséu del Pueblu d’Asturies.

Educadora de secundaria y activista de las mareas verdes. Escribe sobre memoria obrera, luchas de las mujeres y resistencia sindical, recuperando historias colectivas desde una mirada feminista y comprometida con la educación pública.





