Las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Portugal han entrado en una nueva fase después de las cargas policiales de la madrugada del domingo 25 de octubre en Lisboa y Oporto. La Policía de Seguridad Pública (PSP) detuvo a 31 personas por presunta desobediencia: 25 en la capital y seis en Oporto. Este lunes los detenidos han comenzado a comparecer ante la Justicia, mientras los colectivos convocantes organizan vigilias de apoyo.
Por Agencias Confederales · Sindicalismo.org
Intervenciones policiales y balances diferentes de heridos
Los operativos se desarrollaron en la plaza del Rossio de Lisboa y en la plaza D. João I de Oporto, donde se habían instalado campamentos para denunciar los alquileres y la falta de soluciones habitacionales. La policía sostiene que advirtió reiteradamente a los participantes antes de intervenir y que estos desobedecieron las órdenes de retirada. Los manifestantes alegan que ejercían su derecho constitucional de reunión y denuncian el uso de porras y otros medios de dispersión.
El balance de heridos sigue siendo objeto de controversia. La PSP informó de 33 personas lesionadas en total, mientras las organizaciones de las acampadas denunciaron una cifra superior. En Lisboa se registraron atenciones hospitalarias y en Oporto los activistas señalaron decenas de afectados. No todas esas cifras han podido verificarse de forma independiente.
Vigilias y nuevas protestas
Las asambleas populares decidieron no volver a dormir en las plazas durante la noche del domingo, priorizando la seguridad de los participantes y el apoyo a los detenidos. La desmovilización de las tiendas no supone el fin de la protesta. En Lisboa se convocó una vigilia ante el Campus de Justiça para acompañar las comparecencias judiciales y se prepara una concentración ante la Asamblea de la República coincidiendo con el debate presupuestario.
Entre las exigencias del movimiento figuran revertir los cambios en la legislación de arrendamientos, detener desahucios sin alternativa habitacional, aumentar el parque público, recuperar inmuebles vacíos y limitar la compra de viviendas por fondos de inversión. La actuación policial también ha abierto un debate político sobre las libertades públicas: formaciones de izquierda piden explicaciones al Gobierno de Luís Montenegro, mientras PSD y Chega han defendido la intervención.
