Las calles de Madrid acogieron el sábado 24 de octubre una movilización estatal en defensa del sistema público de pensiones y del acceso a la vivienda. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 25.000 personas, mientras que las organizaciones convocantes la elevaron a 50.000. La marcha, impulsada por COESPE y apoyada por diversas organizaciones sindicales y sociales, reunió a pensionistas llegados de distintos territorios junto a colectivos de inquilinos y trabajadores.
Por Mesa de Conflictos · Sindicalismo.org
Pensiones que permitan vivir y no solo sobrevivir
Entre las principales reivindicaciones figuran la revalorización conforme al IPC real y una subida del 6 % para 2027, así como la garantía de pensiones mínimas suficientes. Los manifestantes rechazaron que las prestaciones públicas pierdan capacidad adquisitiva frente al precio de los alimentos, la energía y los alquileres. También reclamaron corregir la brecha de género, que continúa afectando especialmente a mujeres con trayectorias de cotización interrumpidas o salarios más bajos.
Las plataformas exigieron terminar con los coeficientes reductores que penalizan las jubilaciones anticipadas de personas con cuarenta o más años cotizados. Reclamaron además proteger la financiación de la Seguridad Social, impulsar su auditoría y frenar la expansión de mecanismos privados que, a su juicio, debilitan el sistema común.
Una movilización que une generaciones
La convocatoria llevó como lema la defensa de las pensiones públicas para mayores y jóvenes. Esta formulación responde al intento del movimiento pensionista de combatir la idea de que las prestaciones de quienes ya se han jubilado compiten con los derechos de las generaciones más jóvenes. La defensa de salarios dignos y empleos estables aparece así vinculada con la sostenibilidad futura del sistema.
Los asistentes incorporaron también la crisis de la vivienda a sus reivindicaciones. El encarecimiento del alquiler y los gastos básicos afecta tanto a quienes viven de una pensión como a quienes aún trabajan. Las entidades convocantes defendieron que las mejoras en las pensiones no pueden separarse de políticas que reduzcan el coste de la vida y garanticen derechos sociales efectivos.
