Los disturbios registrados el sábado 24 de octubre en el centro de Barcelona han dejado 130 personas detenidas, 76 de ellas menores de edad, según el balance actualizado este lunes por los Mossos d’Esquadra. Las primeras informaciones hablaban de 128 arrestos. Los incidentes incluyeron barricadas, incendios y daños o saqueos en una treintena de establecimientos de los alrededores de la plaza Catalunya.
La convocatoria circuló por redes sociales bajo referencias a «Instituts Indignats» y al término «Blocus», utilizado en protestas juveniles francesas. La policía investiga quién creó las cuentas y coordinó las comunicaciones en TikTok, WhatsApp y Telegram. El origen y los fines de quienes promovieron la concentración siguen sin esclarecerse y, según las autoridades, en algunos mensajes se daban instrucciones para cometer saqueos.
Las consecuencias judiciales afectan especialmente a los adolescentes detenidos. La Fiscalía de Menores ha solicitado medidas de internamiento para seis jóvenes y más de veinte medidas de libertad vigilada que incluirían la prohibición de aproximarse a reuniones o manifestaciones. Según las informaciones conocidas este lunes, 49 de los 54 arrestados mayores de edad han pasado a disposición judicial. Las medidas para cada menor requieren una valoración individual y no equivalen por sí mismas a condenas.
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido la investigación policial y ha señalado que los promotores buscaban generar caos, mientras los Mossos continúan examinando imágenes para identificar a posibles responsables. Desde el Ayuntamiento también se han anunciado acciones para reclamar responsabilidades por los destrozos.
El tratamiento político de los hechos ha reabierto el debate sobre cómo se aborda el malestar juvenil. La dificultad para emanciparse, los alquileres elevados y la precariedad laboral son problemas reales que afectan a la juventud trabajadora. Sin embargo, no está acreditado que quienes participaron en los saqueos actuaran por esas reivindicaciones, por lo que resulta necesario distinguir la protesta social organizada de los actos violentos y delictivos que se investigan.
La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha condenado los destrozos y ha expresado su preocupación por unas convocatorias de origen desconocido que, a su juicio, pueden desacreditar las reivindicaciones por la vivienda y la huelga del 11 de noviembre. Su presidente, Miquel Borràs, ha cuestionado que pueda identificarse una causa social clara detrás de estas actuaciones.
La proximidad de la huelga general del 11-N sitúa esta discusión en un momento especialmente sensible. Colectivos sindicales y organizaciones de vivienda preparan movilizaciones por salarios, alquileres y derechos sociales, con convocatorias abiertas y reconocibles. La investigación sobre lo sucedido en Barcelona continúa, mientras decenas de familias afrontan las consecuencias de las detenciones y se espera que la justicia determine las responsabilidades de cada caso.
