La sección sindical de CGT en la Universidad de Zaragoza ha exigido al Rectorado una respuesta ante los incidentes del 22 de octubre en el campus de San Francisco. La organización estudiantil Contracorriente reclama que se retiren los cargos contra cinco personas detenidas y que se investigue la actuación policial, que dejó al menos una docena de manifestantes necesitados de asistencia médica.
Las consecuencias de la protesta contra la presencia de Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza siguen abiertas. El acto que había anunciado para el jueves 22 de octubre no contaba con autorización de la institución universitaria y no llegó a celebrarse en el campus. La movilización se encontró con un importante despliegue de la Policía Nacional, que efectuó cargas y practicó cinco detenciones. Las personas detenidas quedaron en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial el viernes por la noche.
La sección sindical de CGT en Unizar ha registrado un escrito dirigido a la rectora, Rosa María Bolea. En él reclama que la dirección universitaria asuma una posición activa frente al uso de sus instalaciones por quienes, a juicio del sindicato, difunden discursos de odio, desinformación y hostilidad hacia distintos colectivos. CGT sostiene que la libertad de discusión académica no exige dar cobertura institucional a actuaciones concebidas como provocaciones políticas.
El sindicato considera insuficiente invocar una neutralidad genérica ante lo sucedido y pide que los equipos rectorales y decanales adopten medidas para preservar el campus como un espacio de estudio, investigación, pensamiento crítico y convivencia. También llama al personal docente e investigador, al personal técnico y de administración y al estudiantado a implicarse en esa defensa. CGT ya había manifestado públicamente su oposición a la visita el 21 de octubre, un día antes de las cargas.
Las cinco detenciones y la actuación policial
Contracorriente ha difundido un comunicado en el que exige el archivo de las acusaciones contra las cinco personas detenidas, así como responsabilidades políticas y penales si se acreditan actuaciones irregulares durante el operativo. La organización cifra en más de un millar las personas que participaron en la protesta, una estimación propia que no equivale a un recuento oficial.
Según su relato, los incidentes comenzaron cuando un grupo que coreaba consignas fascistas intentó aproximarse a la concentración y lanzó objetos contra los manifestantes. Contracorriente denuncia que la intervención policial posterior incluyó cargas y uso de gas pimienta y sostiene que entre las personas afectadas había menores. Estas circunstancias forman parte de las denuncias de la organización y requieren esclarecimiento; no consta una conclusión judicial sobre las responsabilidades del operativo.
La organización estudiantil rechaza que los acontecimientos sean presentados simplemente como una pelea entre grupos enfrentados. Afirma que la concentración tenía como objeto oponerse a la visita anunciada y que la actuación de la Policía Nacional acabó dirigiéndose contra parte de quienes se habían movilizado. El balance conocido incluye cinco detenciones y al menos doce personas que necesitaron asistencia sanitaria tras la jornada.
Reclamaciones al Gobierno y al Rectorado
Contracorriente reclama la dimisión de la titular de la Delegación del Gobierno en Aragón, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea. Atribuye a estas instituciones responsabilidad política por la gestión de la visita y por la intervención policial. También solicita que se investiguen las decisiones de los mandos responsables del dispositivo.
La protesta reabre el debate sobre los límites de la actuación policial en espacios universitarios y sobre la protección del derecho de reunión. La falta de autorización para el acto anunciado por Quiles y la existencia de una movilización de rechazo son hechos distintos de cualquier eventual responsabilidad penal individual, que deberá determinarse con garantías y a partir de pruebas.
Contracorriente relaciona lo sucedido con otras movilizaciones estudiantiles recientes y con la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. La organización pretende vincular las reivindicaciones contra la represión con las demandas de vivienda accesible, salarios, servicios públicos y condiciones de vida dignas para la juventud trabajadora.
Por ahora, la exigencia inmediata de ambas organizaciones se dirige a las autoridades universitarias y públicas: CGT reclama un posicionamiento institucional claro y Contracorriente insiste en la retirada de los cargos y en la depuración de responsabilidades por los hechos del 22 de octubre.
