Las protestas encabezadas por estudiantes en Albania continuaron el domingo 25 de octubre en Tirana, pese al anuncio del primer ministro Edi Rama de nuevas medidas legales frente a los disturbios. Las movilizaciones comenzaron el día 13 y han sumado a alumnado universitario y de secundaria, docentes, trabajadores y otros colectivos descontentos con la calidad de los servicios educativos, el desempleo y las denuncias de corrupción.
Por Agencias Confederales · Sindicalismo.org
Manifestaciones ante Educación y la sede del Gobierno
Los participantes volvieron a concentrarse ante el Ministerio de Educación y se desplazaron después hacia la oficina del primer ministro. Se produjeron incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de ataques a edificios y mobiliario. El Gobierno condena los episodios violentos, mientras los manifestantes exigen respuestas concretas a sus reivindicaciones y una mayor rendición de cuentas.
Durante la protesta se quemaron sillas instaladas frente a la oficina gubernamental como invitación al diálogo. Rama ha rechazado que se imponga su dimisión mediante actos de violencia, aunque ha reconocido que parte del malestar social responde a problemas reales.
Una propuesta de multas que genera controversia
El Ejecutivo anunció una propuesta legislativa para imponer sanciones de hasta 500.000 leks a quienes permanezcan en una concentración donde continúen los daños o agresiones después de una advertencia policial de dispersión. El Gobierno sostiene que no se penalizaría la simple asistencia a una protesta, sino el incumplimiento de las instrucciones en situaciones violentas. A 26 de octubre, se trata de medidas anunciadas, no de multas cuya aplicación haya quedado acreditada.
El alcance potencial de las sanciones inquieta a quienes defienden el derecho de manifestación, porque podría afectar a participantes que no hayan causado directamente los daños. Las movilizaciones reflejan un conflicto más amplio sobre las oportunidades de la juventud, el funcionamiento de la universidad y la relación entre el Gobierno y una parte creciente de la sociedad civil.
