España 2000 ha puesto en el punto de mira la sede de CGT en la avenida del Cid, 154, de València. La formación de extrema derecha, presidida por José Luis Roberto Navarro, presenta su iniciativa bajo la bandera de la vivienda pública, pero el escrito que ha dirigido a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Trabajo tiene un destinatario muy concreto: un sindicato anarcosindicalista con una larga trayectoria de organización obrera y antifascista. No se limita a solicitar información. Pide inspecciones y actuaciones sobre el inmueble, incluidas medidas destinadas a evitar una eventual prescripción adquisitiva a favor de la central sindical.
El señalamiento adquiere toda su dimensión cuando se recupera la historia que la propuesta deja fuera. El edificio de la avenida del Cid fue escenario de una disputa por el patrimonio sindical acumulado, el conjunto de bienes procedentes de la antigua Organización Sindical franquista cuyo uso regula la Ley 4/1986. No hablamos de una propiedad particular concedida por simpatía política: hablamos de espacios y recursos asociados a la actividad de organizaciones sindicales y empresariales, cuya distribución fue motivo de conflictos durante años.
El 11 de septiembre de 1993, Levante-El Mercantil Valenciano informó de que la Policía Nacional había desalojado el día anterior a 25 miembros de CGT del edificio. La crónica explicaba que el inmueble pertenecía al Ministerio de Trabajo y que el sindicato lo reivindicaba como parte del patrimonio que reclamaba a la Administración. Relató un dispositivo policial a primera hora, detenciones y denuncias de lesiones. Arturo Comas, entonces secretario general de CGT-PV, explicó que la decisión de entrar en el edificio respondía a la negativa de la Administración a cederles un local donde desarrollar su labor.
El conflicto venía de lejos. La misma información señalaba que CGT había perdido su anterior sede en la calle La Paz a raíz de un incendio y denunciaba un trato desigual respecto a otros sindicatos. No era una controversia sobre viviendas: era la exigencia de disponer de un espacio para celebrar asambleas, organizar trabajadores y ejercer la acción sindical. Y aquella reivindicación no terminó con el desalojo policial.
El 10 de enero de 1994, Diario 16 anunció el traslado de CGT-PV al antiguo edificio Levante tras seis años de negociaciones con el Ministerio de Trabajo. El periódico señaló que la cesión se había acelerado después de los acontecimientos de septiembre y que todavía se negociaba la superficie asignada. Esta documentación periodística desmonta cualquier relato que convierta la presencia histórica de CGT en un hecho sin antecedentes administrativos o sindicales: existieron reclamaciones, negociaciones públicas y un traslado recogido por la prensa de la época.
Que sea precisamente España 2000 quien cuestione ahora esa sede tiene una dimensión ideológica evidente. CGT reivindica el anarcosindicalismo, la autonomía obrera y el antifascismo. España 2000 se encuadra en la extrema derecha ultranacionalista y antiinmigración. Son proyectos antagónicos. Por eso la elección de un local sindical concreto como objetivo de la iniciativa merece ser examinada políticamente, y no solo como una supuesta propuesta de aprovechamiento inmobiliario.
También conviene recordar qué significa la infraestructura de un sindicato fuera de los conflictos laborales. Tras la DANA del 29 de octubre de 2024, CGT València participó en redes de apoyo, recogidas de materiales, brigadas de limpieza y entregas de productos básicos a los municipios afectados. El sindicato informó de una entrega de material de primera necesidad en el Parque Alcosa de Alfafar el 2 de noviembre. Aquellas tareas de ayuda mutua muestran la función social de una organización obrera más allá de sus asambleas y protestas.
Durante la emergencia, CGT también denunció la gestión del Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón, del Partido Popular. Las responsabilidades políticas por aquella respuesta institucional forman parte del debate público sobre la catástrofe. En ese contexto, resulta significativo que España 2000 concentre su propuesta de vivienda en un inmueble utilizado por una organización sindical que participó en la solidaridad con las poblaciones afectadas y criticó a las autoridades.
Si se trata de buscar inmuebles de titularidad pública para vivienda, la pregunta periodística es clara: ¿por qué empezar por la sede de CGT y no por un inventario amplio de edificios estatales sin uso, antiguos cuarteles o casas cuartel que pudieran estudiarse para esa finalidad? La transformación de cualquier inmueble requeriría viabilidad urbanística, obras y financiación. En su escrito, España 2000 no presenta un proyecto de viviendas con cifras, presupuesto o calendario: solicita investigar las condiciones de una sede sindical determinada.
El documento firmado por José Luis Roberto Navarro reclama el expediente administrativo de cesión, información sobre inspecciones y actos de la Administración propietaria en relación con una eventual usucapión. Esa petición no acredita por sí misma ningún uso irregular del edificio. Presentar una solicitud de comprobación no equivale a demostrar una infracción. Lo que sí acredita el documento es la decisión de España 2000 de dirigir una ofensiva política y administrativa sobre ese local concreto.
Desde una perspectiva sindical y antifascista, la conclusión editorial es inequívoca: la vivienda pública no debe convertirse en coartada para desdibujar la historia de lucha por el patrimonio sindical ni para presentar un espacio de organización obrera como un obstáculo para los derechos sociales. La emergencia residencial exige medidas reales, inversión y suelo disponible. Y merece una pregunta final: ¿a quién beneficia desplazar el debate sobre las responsabilidades públicas y la crisis de vivienda hacia el cuestionamiento de una sede histórica del sindicalismo de clase?
