Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid están convocadas a una huelga de dos días, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, para reclamar financiación suficiente y mejoras en las condiciones de trabajo y estudio. La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que reúne a plataformas de los campus, sindicatos y asociaciones estudiantiles, sostiene que el acuerdo económico firmado en marzo entre el Gobierno regional y los rectores no resuelve la situación de los centros.
La convocatoria alcanza a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM), la Carlos III (UC3M), la Rey Juan Carlos (URJC) y la de Alcalá (UAH). La movilización involucra al estudiantado, al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), cuyos problemas laborales y académicos confluyen en la reclamación de un mayor presupuesto público.
El anuncio se produce después de que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso presentara un acuerdo de financiación plurianual dotado con 14.800 millones de euros hasta 2031. El Gobierno de la Comunidad lo considera un avance histórico, mientras la Coordinadora sostiene que las cantidades anunciadas incluyen aportaciones ajenas a la financiación directa de la administración y no garantizan los recursos necesarios para recuperar plantillas, reforzar la investigación o mantener la oferta académica. Los convocantes denuncian también que los fondos se condicionan a determinados objetivos.
Eva Aladro, portavoz de la Plataforma por la Universidad Pública, explicó a la Cadena SER que la situación ya tiene consecuencias visibles en los campus. Señaló como ejemplos el plan de ajuste económico de la Complutense y la reducción de grupos y profesorado que, según la plataforma, empieza a afectar a las enseñanzas. También citó las dificultades presupuestarias de la Universidad Rey Juan Carlos y sostuvo que el acuerdo vigente no permite revertir los desequilibrios acumulados.
El conflicto no se limita al estudiantado. En un comunicado sobre los paros del 14 de octubre en la Complutense y la Rey Juan Carlos, la sección sindical de UGT en la URJC, junto a plataformas universitarias, CCOO, CGT y CNT, denunció un déficit de aproximadamente 80 millones de euros en esa universidad durante el último curso. También cuestionó los ajustes de gasto anunciados en la Complutense hasta 2028, que podrían repercutir en la docencia, los másteres, la investigación y los servicios universitarios. Son cifras y previsiones comunicadas por los convocantes del conflicto.
Las jornadas del 4 y 5 de noviembre dan continuidad a una primera fase de protestas. El 14 de octubre se convocaron paros y actividades de movilización en la Complutense y la Rey Juan Carlos, mientras en la Autónoma y la Carlos III se desarrollaron otras iniciativas coincidiendo con la huelga de la enseñanza pública no universitaria. Las plataformas han defendido una escalada de acciones para involucrar a las comunidades de los seis centros.
Entre sus reivindicaciones figuran una financiación estable que permita sostener la universidad pública, la defensa del empleo docente y de administración, mejores condiciones de estudio, una oferta académica accesible y garantías para la libertad de expresión y protesta en los campus. Los convocantes interpretan la falta de recursos como un factor que favorece la expansión de la oferta privada y cuestionan que los futuros ajustes se trasladen a las plantillas y al alumnado.
Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo ha defendido el acuerdo presupuestario y sostiene que no existen motivos que justifiquen una huelga. Los sindicatos y las plataformas responden que el anuncio de una cantidad global para varios años no equivale, por sí mismo, a resolver los déficits de cada universidad ni a asegurar los recursos necesarios para contratar personal y mantener servicios.
El seguimiento real de la huelga y sus efectos en la docencia, las pruebas y otros servicios dependerán de las decisiones de cada comunidad universitaria y de las condiciones organizativas que se comuniquen antes de las dos jornadas. Por el momento, la convocatoria de los días 4 y 5 de noviembre está confirmada y constituye uno de los principales episodios de movilización por la financiación universitaria pública en Madrid.
