Por Jacinto Guillamón
La subida de los precios ha dejado de ser una mala noticia que aparece una vez al mes en los periódicos. Está metida en la nevera, en el recibo de la luz, en el alquiler y en la cuenta corriente de quienes trabajan para vivir. Antes se hablaba de llegar a fin de mes. Ahora hay familias que comienzan a hacer números en cuanto cobran la nómina.
El último dato del Instituto Nacional de Estadística no invita al optimismo: en septiembre de 2026 la inflación alcanzó el 4,9 % interanual, frente al 4,3 % de agosto. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, subió al 3,1 %. Son cifras oficiales, pero detrás hay una realidad bastante menos abstracta: el dinero pierde capacidad de compra mientras muchos gastos esenciales siguen creciendo.
Y conviene aclarar algo que suele confundirse. Que la inflación baje no significa necesariamente que los precios vuelvan a donde estaban. Significa que, en términos generales, aumentan más despacio. La cesta que se encareció el año pasado puede seguir costando prácticamente lo mismo o incluso más este año. Las familias no pagan porcentajes: pagan euros.
En 2025, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, los hogares españoles destinaron de media 11.665 euros anuales a vivienda y suministros y 5.626 euros a alimentación. Entre los hogares con menor gasto, estas dos necesidades absorbieron el 61,5 % de su presupuesto. Cuando la mayor parte del dinero se va en tener un techo y comer, hablar de capacidad de ahorro resulta casi ofensivo.
La carestía no afecta por igual a todo el mundo. Quien tiene una segunda vivienda, patrimonio financiero o rentas elevadas puede reorganizar sus gastos. Quien cobra un salario modesto, una pensión pequeña o trabaja con contratos temporales carece de ese margen. No puede decidir dejar de pagar el alquiler, comprar menos medicamentos necesarios o renunciar indefinidamente a encender la calefacción.
El problema tampoco termina en el supermercado. La vivienda se ha convertido en uno de los mayores mecanismos de absorción del salario. Para mucha gente joven, independizarse exige compartir piso durante años. Para quienes tienen hijos, afrontar una subida del alquiler significa recortar otros gastos familiares. Y para los trabajadores que deben desplazarse a polígonos, hospitales, almacenes o centros comerciales, el combustible no es un capricho: es parte del coste de acudir al trabajo.
Mientras tanto, se sigue hablando de los salarios como si fueran únicamente un gasto empresarial. Una plantilla que cobra poco es también un conjunto de personas que compra menos, vive peor y afronta más dificultades para cuidar de su familia. El salario no es una cifra en un balance contable: es la parte de nuestra vida que recuperamos después de entregar horas de trabajo.
Hay además una trampa habitual en las negociaciones. Una subida salarial del 3 % puede presentarse como una mejora y, sin embargo, representar una pérdida de poder adquisitivo si los precios crecen un 4,9 %. Recuperar lo perdido requiere mirar varios años, no únicamente la última revisión del convenio. La pérdida acumulada no desaparece porque un año la inflación se modere.
También debemos desconfiar de las explicaciones demasiado cómodas. No todo aumento de precios obedece a la misma causa. Influyen la energía, los costes de producción, el transporte, los impuestos, la oferta y la demanda. En algunos mercados, el poder para fijar precios y los márgenes empresariales también merecen vigilancia. Reducir toda la inflación a una sola explicación impide exigir responsabilidades concretas y soluciones eficaces.
La respuesta no puede consistir únicamente en recomendar a los trabajadores que comparen ofertas, cambien de supermercado o aprendan a administrar mejor su dinero. Muchas familias llevan años haciendo precisamente eso. Conocen el precio del aceite, la leche, los huevos y la electricidad mejor que numerosos responsables políticos. No necesitan lecciones sobre cómo estirar una nómina. Necesitan ingresos suficientes y servicios públicos que reduzcan los gastos imprescindibles.
Por eso resulta necesario defender convenios que protejan realmente el poder adquisitivo, mecanismos de revisión salarial eficaces, medidas frente a los costes abusivos de la vivienda y una fiscalidad capaz de financiar servicios públicos sin descargar la mayor presión sobre quienes tienen menos. También hacen falta inspección, competencia efectiva y transparencia en mercados donde la concentración empresarial puede perjudicar a los consumidores.
La carestía de la vida no es una incomodidad pasajera que pueda resolverse con paciencia. Tiene consecuencias sociales profundas. Retrasa la emancipación, condiciona la maternidad y la paternidad, deteriora la alimentación y empuja a aceptar empleos y condiciones que, de otro modo, muchas personas rechazarían.
Nos acostumbramos demasiado deprisa a lo inaceptable. Que una persona con empleo tenga que elegir qué recibo aplazar debería ser motivo de alarma. Que dos salarios apenas alcancen para sostener un hogar tendría que ocupar mucho más espacio en el debate público. Y que trabajar no garantice una vida digna debería cuestionar seriamente las prioridades económicas del país.
Al final, el problema puede explicarse sin grandes discursos: si la economía crece pero la vida de quienes la sostienen se hace cada vez más difícil, algo importante no está funcionando.
La cuestión no es cuánto más podremos apretarnos el cinturón. Es cuánto tiempo vamos a aceptar que el esfuerzo siempre se nos exija a los mismos.
