Hay palabras que tienen historia y otras que se ponen de moda. «Libertario» pertenece a las primeras, aunque algunos hayan decidido convertirla en una marca política de temporada. Hoy resulta relativamente habitual escuchar a empresarios, economistas ultraliberales y dirigentes de la derecha radical presentarse como libertarios. Lo dicen con una naturalidad pasmosa, como si la palabra hubiera nacido en una escuela de negocios y no en las luchas sociales del siglo XIX. El problema no es que cada cual se defina como quiera. El problema empieza cuando se pretende borrar casi dos siglos de historia para hacer pasar la defensa del capitalismo sin restricciones por heredera de una tradición que precisamente combatió la explotación económica.
Para encontrar los orígenes políticos del término hay que remontarse a 1857, cuando el anarquista francés Joseph Déjacque utilizó la palabra libertaire en una carta dirigida a Pierre-Joseph Proudhon. Y no lo hizo para defender la libertad de mercado. Déjacque, trabajador, poeta y revolucionario, criticaba el autoritarismo y la subordinación de las mujeres, incluso dentro del propio pensamiento anarquista. Defendía una emancipación que no podía detenerse ante la puerta de una fábrica ni ante las paredes de una casa. Un año después comenzó a publicar en Nueva York Le Libertaire, periódico que apareció entre 1858 y 1861. La palabra nacía vinculada al socialismo antiautoritario, no a los beneficios empresariales.
Conviene recordar también que «libertario» y «anarquista» se utilizaron durante décadas como términos próximos, especialmente en Francia y España. No eran dos movimientos enfrentados, sino denominaciones de una tradición diversa, con corrientes comunistas, colectivistas, mutualistas e individualistas. Sus diferencias internas fueron importantes, pero todas compartieron, de distintas maneras, la crítica a la imposición de la autoridad. El movimiento libertario español no fue una teoría de tertulia: levantó sindicatos, ateneos, escuelas racionalistas, periódicos y organizaciones obreras. La CNT se constituyó en Barcelona en 1910, las Juventudes Libertarias comenzaron su organización peninsular en 1932 y Mujeres Libres nació en 1936 para combatir la subordinación de las mujeres, también dentro de los espacios revolucionarios.
No hablamos, por tanto, de una palabra sin pasado. Hablamos de miles de trabajadores que fueron despedidos, encarcelados o asesinados por defender la libertad de asociación, la acción directa y una sociedad sin explotación. Hablamos de Salvador Seguí, de Federica Montseny, de las mujeres que organizaron escuelas y talleres, de campesinos que colectivizaron tierras y de obreros que entendieron que la libertad no consiste únicamente en poder hablar, sino también en disponer de medios materiales para decidir sobre la propia existencia.
La libertad del propietario y la libertad del trabajador
La gran operación ideológica llegó después, principalmente desde Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XX, sectores del liberalismo económico radical comenzaron a utilizar la denominación inglesa libertarian para identificar su defensa del mercado, la propiedad privada y la reducción del Estado. Uno de sus principales referentes, Murray Rothbard, reconoció expresamente en sus escritos que su corriente había conseguido apropiarse de una palabra que anteriormente se identificaba con los anarquistas de izquierda. No es necesario inventar ninguna conspiración: el propio Rothbard celebró aquel cambio de significado.
Desde entonces, dos tradiciones profundamente diferentes compiten por la misma denominación. Para el anarquismo social, la dominación puede proceder del Estado, de la Iglesia, de las instituciones patriarcales o del poder económico. Para el libertarismo capitalista, en cambio, la propiedad privada y los acuerdos voluntarios de mercado ocupan un lugar central. Sus defensores sostienen que esos acuerdos expresan la libertad individual. La discusión fundamental está precisamente ahí: ¿hasta qué punto puede considerarse libre un acuerdo cuando una parte necesita aceptarlo para sobrevivir y la otra dispone del poder económico para imponer las condiciones?
Pensemos en un trabajador que firma un contrato porque necesita pagar el alquiler. Sobre el papel, ambas partes han llegado a un acuerdo voluntario. Pero si la alternativa del trabajador es quedarse sin ingresos, la negociación no se desarrolla entre iguales. Lo mismo sucede con una familia que acepta un alquiler desproporcionado porque necesita un techo. La libertad jurídica de firmar un contrato no elimina por sí sola la desigualdad material entre quienes lo firman. Esta ha sido una de las críticas centrales del sindicalismo desde sus orígenes.
Por eso resulta difícil reconocer el legado de Bakunin, Kropotkin o las organizaciones anarcosindicalistas en quienes presentan cualquier regulación laboral como una intromisión intolerable en el mercado. La jornada de ocho horas, las vacaciones, la negociación colectiva o la protección frente al despido no cayeron del cielo. Se conquistaron mediante huelgas, organización y conflictos que enfrentaron a trabajadores y empresarios. Llamar libertad a la desaparición de esas garantías puede resultar atractivo desde un despacho, pero probablemente tenga otro significado para quien trabaja diez o doce horas y depende de su salario.
Hay, además, una contradicción especialmente llamativa. Algunos de los actuales defensores del capitalismo llamado libertario desconfían del Estado cuando limita sus actividades económicas, pero necesitan leyes, tribunales y fuerzas de seguridad que protejan la propiedad y hagan cumplir determinados contratos. Eso no equivale a rechazar toda autoridad: significa establecer cuáles son las autoridades y los derechos que consideran legítimos. Y esa discusión no puede resolverse envolviendo el programa económico en una palabra históricamente asociada con la emancipación obrera.
No es solamente una discusión de diccionario
El caso de Javier Milei ha dado una enorme proyección internacional a esta utilización del término. Su autodefinición como libertario o anarcocapitalista pertenece a una corriente reconocible del pensamiento económico contemporáneo. Negarlo sería desconocer la evolución del lenguaje político. Pero aceptar que esa corriente se denomina así no obliga a confundirla con el movimiento libertario que se desarrolló en los sindicatos, las colectividades y los espacios culturales anarquistas.
Tampoco sería riguroso afirmar que todos los liberales son ultraderechistas o que todas las corrientes libertarias contemporáneas piensan exactamente igual. Existen diferencias importantes entre el liberalismo clásico, el minarquismo, el anarcocapitalismo y el libertarismo de izquierda. Precisamente por eso resulta necesario explicar de qué se habla, en lugar de reducirlo todo a una etiqueta cómoda.
Lo que sí puede discutirse con toda claridad es quién obtiene libertad y quién asume sus consecuencias. Un mercado con menos controles puede ampliar determinadas posibilidades para propietarios e inversores, mientras reduce protecciones de quienes viven de su trabajo. El anarquismo social planteó históricamente otra pregunta: cómo evitar que una persona pueda someter a otra gracias al dinero, la posición social o el monopolio de los recursos. No consideró suficiente sustituir el poder del gobernante por el del propietario.
Y aquí aparece una responsabilidad que alcanza también al periodismo. Cuando un titular presenta a un dirigente ultraliberal simplemente como «libertario», sin ninguna explicación, puede transmitir una continuidad histórica que está lejos de ser evidente. Sería más preciso hablar, cuando corresponda, de libertarismo de derechas, ultraliberalismo o anarcocapitalismo. No se trata de prohibir palabras a nadie, sino de no confundir doctrinas con trayectorias y objetivos distintos.
Quizá el asunto parezca menor frente a los problemas cotidianos de salarios, vivienda o condiciones laborales. Pero las palabras influyen en la manera de comprender esos problemas. Si libertad acaba significando únicamente libertad para contratar, comprar, vender y acumular, desaparece de la conversación la libertad de quienes tienen que vender su tiempo para llegar a fin de mes.
Ni anarquistas ni libertarios: capitalistas con otro nombre
Tampoco acepto sin discusión esa ocurrencia llamada «anarcocapitalismo». Se podrá presentar como una corriente filosófica, pero desde la tradición del anarquismo obrero encierra una contradicción fundamental. El anarquismo nació para combatir las relaciones de dominación, incluidas las económicas. El capitalismo, por el contrario, permite que unos sean propietarios de los medios de producción mientras otros necesitan vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. ¿Qué clase de anarquía es aquella donde desaparece el Estado, pero el patrón conserva intacto su poder sobre el trabajador? Cambiar un gobierno por el dominio absoluto del dinero no es acabar con la autoridad, sino entregársela a quien más tiene.
Y una última cosa, especialmente para quienes repiten sin pestañear que Javier Milei es libertario. Milei no es libertario en el sentido histórico, obrero y emancipador de esa palabra. Libertarios eran Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y tantos hombres y mujeres que se enfrentaron al Estado, a la patronal y a la explotación capitalista. Libertarias eran las mujeres de Mujeres Libres, que luchaban por una emancipación que no terminaba al salir de la fábrica. No confundamos a quienes combatieron por abolir los privilegios con quienes defienden que la propiedad y el mercado estén por encima de cualquier derecho colectivo. Milei podrá llamarse como quiera, pero poner la palabra libertad al servicio del capitalismo no convierte a nadie en heredero del anarquismo. La historia no se reescribe con una motosierra ni se compra en el mercado.
