Agencias Confederales. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha puesto en marcha una campaña para que las personas que viven de alquiler conozcan y ejerzan las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 29/2026. La organización ha publicado una guía con modelos de escritos para pedir prórrogas extraordinarias de los contratos, responder a determinadas subidas de renta y buscar protección frente a desahucios. La iniciativa llega después de semanas de movilizaciones por el derecho a la vivienda y en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.
El comunicado, difundido el 14 de octubre, insiste en una cuestión que puede resultar decisiva para miles de hogares: aprobar una medida legal no significa que esta se aplique por sí sola. Quien quiera acogerse a la prórroga extraordinaria deberá solicitarla y comprobar que su contrato reúne los requisitos. Los sindicatos quieren evitar que el desconocimiento, las comunicaciones de los propietarios o la falta de asesoramiento dejen sin efecto una protección que ya figura en el Boletín Oficial del Estado.
Una prórroga de hasta dos años, pero no automática
El Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8, permite pedir una prórroga extraordinaria de determinados contratos de vivienda habitual, por periodos anuales y con un máximo de dos años adicionales. La medida se dirige a contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que estuvieran vigentes al entrar en vigor el decreto y cuyo periodo de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028. También contempla ciertas situaciones en que concluye la prórroga tácita o existe tácita reconducción.
Una condición esencial es estar al corriente del alquiler y haber pagado las mensualidades de los ocho meses anteriores. Durante la extensión se mantienen, en principio, los términos y condiciones del contrato. La norma establece que el arrendador debe aceptar la solicitud cuando se cumplen los requisitos, pero contempla excepciones, entre ellas determinados acuerdos entre las partes, la firma de un nuevo contrato y la necesidad real y acreditada de recuperar la vivienda para el propietario o familiares en las condiciones legalmente previstas.
La prórroga regulada por el decreto tampoco sustituye las protecciones que puedan resultar preferentes conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por ejemplo, en determinadas zonas de mercado tensionado. Por eso los sindicatos recomiendan revisar cada contrato antes de firmar una renuncia, aceptar un alquiler nuevo o dar por válida una comunicación de finalización del propietario.
Las subidas de alquiler también tienen límites
La norma incluye medidas para las actualizaciones anuales de renta que correspondan desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando el alquiler ya supera el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no cabe aplicar un incremento de la renta en los términos previstos por el decreto. En otros casos, si no hay un nuevo pacto entre propietario e inquilino, la actualización anual no puede superar el 2 %. Se trata de límites a determinadas actualizaciones, no de una reducción automática de todos los alquileres ni de una congelación universal del precio de los nuevos contratos.
La Confederación pretende facilitar que las personas arrendatarias respondan por escrito cuando se les plantea una subida, y que puedan documentar qué norma consideran aplicable. Los modelos de la campaña están pensados para adaptar los datos del contrato, del propietario y de las fechas concretas, no para enviarlos sin revisarlos.
Al menos cinco desahucios paralizados, según los sindicatos
Los Sindicatos de Inquilinas aseguran que desde la publicación de las medidas se han paralizado al menos cinco desahucios en el Estado. Entre ellos mencionan el de un vecino del denominado Bloque 26 de Enero, en Barcelona, donde la organización GHAS y el Sindicat de Llogateres han intervenido en la defensa del inmueble. La cifra procede de la propia Confederación y no equivale a un balance oficial de todos los procedimientos judiciales afectados.
La organización considera que los decretos llegan tarde y no resuelven por sí solos el encarecimiento de la vivienda ni la amenaza de expulsión que afrontan muchas familias. Por eso combina la difusión de información jurídica con asambleas de barrio, acompañamiento de inquilinos y movilización colectiva. Una comunicación individual al casero puede ser el primer paso de una reclamación; la campaña trata de que ninguna persona tenga que afrontarla sin apoyo.
Qué hacer si el casero anuncia el fin del contrato
El primer paso es comprobar la fecha de firma del contrato, la duración pactada, las prórrogas que ya se han producido y la fecha en la que vence. También importa acreditar el pago de los ocho meses anteriores, conservar las comunicaciones recibidas y comprobar si existe alguna protección adicional por situación de vulnerabilidad o por estar la vivienda en una zona tensionada. Los sindicatos recomiendan formalizar la solicitud por un medio que deje constancia de su contenido y de la fecha de recepción; el burofax es una de las opciones habituales.
El derecho a la prórroga no debe confundirse con una suspensión automática de cualquier desahucio. Las circunstancias de cada contrato y procedimiento son distintas, y la campaña remite a las asambleas de inquilinas para recibir orientación colectiva. Si existe un procedimiento judicial abierto o un plazo cercano de vencimiento, conviene obtener asesoramiento específico y actuar cuanto antes.
Los modelos para solicitar prórrogas y defenderse ante actualizaciones del alquiler se pueden consultar en la plataforma de la Confederación, Poder Inquilino. La medida legal está en vigor, pero el real decreto-ley sigue pendiente de la convalidación parlamentaria correspondiente, circunstancia que puede afectar a su continuidad.
De los contratos a la huelga del 11 de noviembre
La campaña enlaza con las movilizaciones que han puesto el coste de la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Para muchas personas trabajadoras, una subida del alquiler absorbe buena parte del salario ganado tras un convenio o una negociación de empresa. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostiene que la información jurídica es útil, pero insuficiente si no va acompañada de organización capaz de defender colectivamente las viviendas.
La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre forma parte de esa estrategia. Los sindicatos llaman a acudir a sus asambleas, extender los modelos entre vecinos y compañeros de trabajo y exigir soluciones que no dependan únicamente de la resistencia individual de cada familia. El mensaje de la campaña es concreto: antes de entregar las llaves o aceptar una subida, conocer los derechos, reunir la documentación y organizar la respuesta.
Fotografía de archivo: movilización por el derecho a la vivienda en Madrid. Imagen: RTVC.
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