Redacción | Sindicalismo.org. Tener una nómina a final de mes ya no es garantía de escapar de la pobreza. En España, alrededor de 2,5 millones de personas ocupadas viven por debajo del umbral de pobreza: el 11,6 % de quienes tienen empleo. La cifra retrata una contradicción que se ha instalado en numerosos hogares. Se trabaja, se cumplen horarios y se sostiene la actividad económica, pero el salario no siempre alcanza para afrontar el alquiler, llenar la nevera o asumir un gasto imprevisto.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, los datos recuerdan que combatir la exclusión exige algo más que aumentar las cifras de ocupación. Importa cuánto se cobra, cuántas horas se trabaja, qué estabilidad ofrece el empleo y qué parte de los ingresos absorben gastos indispensables como la vivienda. Los derechos reconocidos sobre el papel pierden eficacia cuando ejercerlos depende de superar trámites interminables o de disponer de unos recursos que precisamente faltan.
La Encuesta de Condiciones de Vida, cuyos resultados para 2025 se difundieron en febrero de 2026, sitúa al 25,7 % de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, un 8,1 % sufría carencia material y social severa, frente al 8,3 % del año anterior. La ligera reducción de este último indicador no elimina el problema: cientos de miles de hogares continúan afrontando dificultades para cubrir necesidades que deberían estar garantizadas.
Una nómina que no alcanza para vivir
La pobreza laboral no se explica únicamente por la falta de empleo. También aparece cuando los contratos tienen pocas horas, los salarios son insuficientes o la vida laboral queda fragmentada entre periodos de ocupación y desempleo. La estabilidad contractual puede reducir la incertidumbre, pero por sí sola no paga las facturas si los ingresos no cubren el coste real de la vida. De hecho, una de cada tres personas en situación de pobreza tiene trabajo, según el análisis sobre pobreza laboral.
El deterioro del poder adquisitivo permite entender parte de esta situación. Entre 2008 y 2024 los salarios nominales crecieron un 34,4 %, unos 612 euros mensuales en la comparación recogida por el estudio. Sin embargo, descontada la inflación, la mejora salarial real fue de apenas cinco euros. Es decir, una parte considerable de las subidas quedó absorbida por el encarecimiento de bienes y servicios. Que en la nómina aparezca una cifra mayor no significa necesariamente que pueda comprarse más.
España figura entre los países de la Unión Europea con mayor incidencia de pobreza laboral, solo por detrás de Bulgaria en la comparación recogida por el estudio. El dato cuestiona la idea de que basta con incorporar personas al mercado laboral para resolver la precariedad. La calidad del empleo debe medirse también por la capacidad de sostener una vida digna y de permitir un proyecto personal sin depender permanentemente del endeudamiento, la ayuda familiar o la renuncia a necesidades esenciales.
La pobreza no golpea por igual
La distribución de la pobreza entre quienes trabajan revela desigualdades profundas. Entre las personas ocupadas que no habían superado la enseñanza primaria, la tasa alcanzaba el 30,1 %, mientras que entre quienes tenían estudios superiores descendía al 6 %. Son diferencias importantes, aunque no pueden atribuirse simplemente a decisiones individuales: las posibilidades de estudiar, acceder a determinados sectores y progresar profesionalmente también dependen del entorno social y de los recursos disponibles desde la infancia.
La nacionalidad y las barreras de acceso al empleo marcan otra brecha. La pobreza afectaba al 9 % de las personas ocupadas con nacionalidad española, al 16,9 % de las procedentes de otros países de la Unión Europea y al 31,6 % de las extracomunitarias. A la precariedad de determinados sectores se suman obstáculos administrativos, problemas para homologar titulaciones y situaciones de discriminación que pueden limitar el acceso a puestos mejor remunerados.
También existen diferencias asociadas a la discapacidad y al territorio. La tasa de pobreza entre personas ocupadas con discapacidad se situaba en el 13,8 %, frente al 11,3 % de las que no tenían discapacidad. En las zonas rurales llegaba al 14,2 %, por encima del 11,2 % registrado en el resto del territorio. Los salarios, los desplazamientos, la oferta de empleo y el acceso a los servicios públicos condicionan las oportunidades reales de miles de trabajadores.
La desigualdad en los cuidados tiene además una expresión directa en las jornadas laborales. En 2025, el 21,4 % de las mujeres ocupadas trabajaba a tiempo parcial, frente al 6,9 % de los hombres. Entre las personas empleadas a tiempo parcial, el cuidado de menores o familiares dependientes era un motivo señalado por el 17,8 % de las mujeres y el 3,8 % de los hombres. Reducir las horas para atender a otros supone, con frecuencia, reducir también salario, cotizaciones y posibilidades futuras de pensión.
La vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos
El salario no puede analizarse al margen del precio de un techo. Para muchos hogares, la mayor parte del esfuerzo económico se concentra antes incluso de comprar comida o pagar el transporte. Quienes tienen contratos precarios o sueldos bajos deben afrontar alquileres y suministros cuyos importes apenas dejan margen para el resto de gastos. La pobreza laboral se transforma así en pobreza residencial: trabajar no evita necesariamente vivir bajo la amenaza de una subida del alquiler, un corte de suministro o la pérdida de la vivienda.
La situación es especialmente grave para los hogares pobres que viven de alquiler. Como recogimos recientemente en nuestra información sobre pobreza y vivienda, una parte importante destina más del 40 % de sus ingresos a mantener un techo. Las medidas para reducir la exclusión no pueden limitarse, por tanto, al ámbito salarial: también requieren vivienda asequible, suministros accesibles y servicios públicos capaces de compensar desigualdades.
Protección social que llegue a quien la necesita
Los sistemas de garantía de ingresos desempeñan un papel esencial para evitar que una crisis personal o familiar desemboque en exclusión permanente. Sin embargo, su eficacia depende de que las prestaciones sean suficientes y de que las personas puedan solicitarlas, mantenerlas y comprender sus requisitos sin encontrarse con obstáculos desproporcionados. La complejidad administrativa, los retrasos y los problemas de gestión pueden agravar situaciones de vulnerabilidad ya existentes.
Las respuestas a la pobreza laboral pasan por salarios suficientes, convenios colectivos que permitan recuperar capacidad de compra, reducción de la parcialidad involuntaria y lucha contra el empleo irregular. También por políticas de cuidados, medidas frente a la discriminación, formación accesible y una protección social compatible con ingresos laborales insuficientes. No debería existir una elección forzada entre aceptar un trabajo mal pagado y perder la ayuda que permite atender necesidades básicas.
Las cifras tienen detrás situaciones cotidianas: familias que aplazan una visita al dentista, trabajadores que no pueden asumir una reparación doméstica o personas que comparten vivienda porque una nómina entera no alcanza para alquilarla. Combatir la pobreza no consiste solo en mejorar un indicador anual; exige que el progreso económico se traduzca en condiciones de vida que realmente mejoren para quienes sostienen el trabajo.
Herramientas para comprobar tu situación. La calculadora de poder adquisitivo de Sindicalismo.org permite comparar la evolución del salario con los precios. También puedes utilizar la calculadora de vivienda y salario para conocer qué porcentaje de tus ingresos se destina al alquiler o la hipoteca.
La pregunta que dejan estas estadísticas es sencilla: ¿de qué sirve tener empleo si el sueldo no alcanza para vivir? Reducir la pobreza exige reconocer que la dignidad material no es una recompensa excepcional, sino una condición que debe estar al alcance de todas las personas.
