Fecha histórica: 4 de febrero de 1888. Minas de Riotinto, Huelva. Miles de personas acudieron al pueblo minero para exigir mejores condiciones de trabajo y poner fin a una contaminación que arruinaba cosechas y enfermaba a los habitantes de la comarca. Había mineros en huelga, jornaleros, familias, comerciantes, pequeños propietarios y miembros de la Liga Antihumista. El ejército, enviado para contener la movilización, abrió fuego contra la multitud reunida ante el Ayuntamiento. La jornada pasó a conocerse como el Año de los Tiros. Ni siquiera hoy existe una cifra indiscutible de las personas que murieron.
Los hechos del 4 de febrero no fueron un estallido inexplicable ni una disputa local por unas cuantas chimeneas. Habían madurado durante años en una comarca transformada por la minería industrial y por la concentración del poder económico en una gran compañía británica. Los obreros reclamaban jornada más corta, salarios íntegros y el final de las sanciones; los campesinos denunciaban que el humo destruía aquello de lo que vivían. La alianza fue extraordinaria, aunque no todos sus integrantes compartieran los mismos intereses.
1873: una empresa británica transforma la cuenca minera
En febrero de 1873, el Estado español vendió las minas de Riotinto a un consorcio de capital británico que organizó la Rio Tinto Company Limited. El precio de la operación rondó los 93 millones de pesetas. La compañía expandió la extracción de piritas, impulsó el ferrocarril hacia Huelva y alteró la economía de los municipios de la cuenca. Llegaron trabajadores atraídos por la oferta de empleo, mientras la actividad minera adquiría una importancia desconocida para la comarca.
Pero el empleo no significaba independencia. La compañía administraba viviendas, participaba en el suministro de bienes esenciales y disponía de una influencia considerable sobre autoridades e instituciones locales. Sus decisiones podían afectar simultáneamente al puesto de trabajo, al alojamiento y a las posibilidades de supervivencia de una familia. Esta concentración de poder ayuda a comprender por qué las reivindicaciones laborales resultaban tan difíciles de sostener y por qué la protesta contra los humos terminó convirtiéndose en un desafío político.
Las teleras: montañas de mineral que ardían durante meses
El método de beneficio del cobre más polémico consistía en apilar piritas sobre combustible vegetal y mantener grandes montones de mineral en combustión lenta durante meses. Esos montones, llamados teleras, desprendían gases sulfurosos y compuestos dañinos. Después de la calcinación, el material pasaba por procesos de lavado y precipitación para recuperar el metal. La técnica existía antes de la llegada del capital británico, pero su utilización se intensificó con la explotación a gran escala.
Los habitantes llamaban «la manta» a la capa de humo que, cuando las condiciones atmosféricas eran desfavorables, cubría minas, viviendas y cultivos. Las autoridades archivísticas andaluzas documentan sus consecuencias sobre la salud, los animales, las cosechas y la vegetación. La contaminación tampoco terminaba en el perímetro de una instalación industrial: se extendía por diferentes pueblos, afectando a quienes ni siquiera trabajaban para la empresa.
Para los mineros existía, además, un problema salarial directo. Había días en los que la densidad del humo impedía realizar la jornada con normalidad, y los trabajadores denunciaban que esos días de manta se traducían en descuentos de jornal. De este modo, el daño ambiental y la explotación laboral formaban parte de una misma experiencia cotidiana: se respiraba el humo en casa y se pagaban sus consecuencias en la nómina.
Maximiliano Tornet y un programa obrero de seis reivindicaciones
La huelga de los mineros comenzó el 1 de febrero de 1888, tres días antes de la matanza. Entre sus organizadores destacó Maximiliano Tornet, militante anarquista de origen cubano vinculado a la difusión de las ideas internacionalistas entre los trabajadores de la cuenca. Tornet y sus compañeros no exigían únicamente prohibir las teleras. La documentación recuperada de sus peticiones permite reconstruir un programa laboral preciso, que desmiente la imagen de una protesta espontánea sin organización.
Los mineros reclamaban suprimir el descuento de una peseta mensual destinado al servicio médico de la compañía; terminar con la contratación mediante intermediarios; reducir la jornada de doce a nueve horas; relevar al responsable del departamento de contratos; eliminar las multas impuestas a los trabajadores; y evitar el descuento salarial de los días en los que la contaminación hacía imposible trabajar. La protesta exigía también medidas contra las calcinaciones al aire libre. Cada petición afectaba a una parte concreta del control que la empresa ejercía sobre la plantilla.
El escrito de los huelguistas, difundido después en la prensa provincial, refleja además que los trabajadores conocían los efectos de las emanaciones y estaban dispuestos a vincular la salud colectiva con sus condiciones de empleo. Es una prueba especialmente valiosa: mucho antes de que existiera una legislación preventiva semejante a la actual, los mineros señalaron que no se podía separar el salario, la duración de la jornada y el aire que respiraban.
Agricultores y mineros: una alianza tan poderosa como incómoda
En la comarca había crecido una Liga Antihumista impulsada por propietarios agrícolas, agricultores y vecinos que se oponían a la expansión de las calcinaciones. Entre las figuras asociadas al movimiento se encontraban José María Ordóñez y José Lorenzo Serrano. Sus intereses no eran idénticos a los de la plantilla minera: algunos grandes propietarios defendían sus tierras frente a una empresa que había desplazado al poder económico agrario tradicional; los jornaleros y pequeños agricultores veían peligrar su subsistencia.
La coincidencia, sin embargo, tenía una fuerza que las protestas aisladas no habían logrado. La reivindicación de los mineros ya no podía presentarse como una simple disputa salarial interna de la empresa, porque las consecuencias de las teleras afectaban a toda la comarca. A su vez, la exigencia campesina de acabar con los humos encontró en la huelga una capacidad de movilización de la que carecía por sí sola.
El 4 de febrero: dos columnas se encuentran ante el Ayuntamiento
Aquel sábado partieron concentraciones desde Nerva y Zalamea la Real, a las que se incorporaron vecinos de otros lugares, entre ellos los núcleos mineros de la zona. Las columnas confluyeron en Minas de Riotinto acompañadas por bandas de música. Las estimaciones de la época situaron la asistencia en torno a 12.000 personas, una cifra que debe leerse como aproximación histórica y no como un recuento exacto.
En la plaza de la Constitución, frente al consistorio, una representación de los manifestantes intentó negociar con las autoridades locales y los representantes de la empresa. Entre los interlocutores estaban Tornet, por los mineros, y Lorenzo Serrano, por los sectores antihumistas. Los alcaldes de Riotinto y Zalamea la Real, Manuel Mora y José González Domínguez, respectivamente, aparecen en las reconstrucciones de aquella negociación. También intervino el gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, que se desplazó al municipio junto a fuerzas militares.
El gobernador y el mando de las tropas intentaron disolver la concentración. En un momento de tensión que las fuentes de la época narraron de manera contradictoria, soldados del Regimiento de Pavía dispararon contra las personas reunidas en la plaza. La investigación histórica ha cuestionado la versión oficial según la cual la fuerza se habría limitado a responder a una agresión armada. La reconstrucción documental de Gérard Chastagnaret sostiene que dos compañías del ejército abrieron fuego sobre una multitud que se manifestaba pacíficamente. Hubo muertos y heridos entre los asistentes, incluidas familias que no tenían relación directa con el trabajo minero.
¿Cuántas personas murieron? La cifra que el poder no permitió cerrar
El número de víctimas es una de las cuestiones más difíciles del episodio. Los primeros balances oficiales hablaron de trece muertos y varias decenas de heridos; otras noticias de la época comunicaron cifras superiores. La disparidad de los recuentos y la posibilidad de que algunos fallecimientos posteriores no se registraran de forma transparente impiden convertir cualquiera de esos datos en un total definitivo.
El historiador Gérard Chastagnaret, autor de Humos y sangre: protestas en la cuenca de las piritas y masacre en Riotinto (1877-1890), considera probable que las víctimas mortales se acercaran a doscientas, tras investigar centenares de documentos. Es una estimación historiográfica fundada en su investigación, no una nómina completa de personas identificadas. La tradición local también recuerda una matanza muy superior al balance oficial. La prudencia obliga a expresar ambas cosas: el ejército causó una matanza y su dimensión exacta permanece discutida.
La propia incertidumbre forma parte de la historia. El acceso desigual a los documentos, las versiones ofrecidas por los representantes del Estado y de la compañía y el temor de las familias a represalias contribuyeron a que el recuento de muertos y heridos resultara incompleto. No se conoce un listado definitivamente contrastado que permita zanjar la cuestión. Reducir el episodio a trece fallecidos como si no existiera discusión documental sería tan inexacto como presentar doscientos nombres que nadie ha podido acreditar uno por uno.
Un decreto contra las teleras que no acabó con las teleras
La presión política posterior llevó al Gobierno a aprobar el Real Decreto del 29 de febrero de 1888, que ordenaba acabar con las calcinaciones al aire libre. A primera vista parecía una victoria de las reivindicaciones antihumistas. Pero la norma tropezó con la resistencia empresarial, la dependencia económica de los pueblos y una política que pronto admitió excepciones y retrocesos.
Las calcinaciones continuaron practicándose durante años. Según la documentación del Archivo Histórico Provincial de Huelva, el uso de las últimas teleras no desapareció hasta 1907, cuando su rentabilidad se había reducido frente a técnicas alternativas. El contraste resulta revelador: una prohibición aprobada tras una tragedia no garantizó que el sistema denunciado dejara inmediatamente de funcionar.
A la controversia sobre la aplicación de la norma se sumó el papel de los informes técnicos. La compañía y los defensores de la actividad invocaron argumentos sobre la inocuidad o la importancia económica de los humos para justificar la continuidad del método. Hoy los archivos permiten estudiar cómo el conocimiento científico, las decisiones administrativas y los intereses empresariales se enfrentaron en aquella controversia. La oposición entre economía y salud no se resolvió solamente mediante pruebas, sino a través de relaciones de poder.
Una represión que marcó a varias generaciones
La matanza llegó a la prensa y a los debates políticos, pero no se produjo una rendición de cuentas equivalente a la gravedad de lo sucedido. En la cuenca minera, la represión y la dependencia del empleo tuvieron consecuencias duraderas sobre las posibilidades de organización. Las grandes movilizaciones obreras volverían décadas después, entre ellas las huelgas de 1913 y 1920, dentro de una historia de conflictos que no terminó en la plaza de 1888.
La memoria del Año de los Tiros sigue viva en Minas de Riotinto, Nerva, Zalamea la Real y el conjunto de la comarca. Recordarlo como un episodio exclusivamente ecologista dejaría fuera las peticiones sobre salarios, multas, contratación y jornada. Describirlo solo como una huelga minera invisibilizaría las cosechas perdidas, las familias enfermas y la alianza con los pueblos. Fue, al mismo tiempo, un conflicto de clase, de salud pública, de territorio y de control político.
Lo que miles de personas exigían el 4 de febrero de 1888 no era una idea abstracta de progreso o una discusión teórica sobre las máquinas. Pedían cobrar los días que la contaminación les impedía trabajar; que la jornada no consumiera doce horas de su vida; que nadie tuviera que respirar gases dañinos para conservar un jornal; y que las autoridades no subordinasen la salud de los pueblos al interés de una empresa. El ejército respondió disparando. Esa secuencia es la razón por la que Riotinto sigue perteneciendo a la historia del movimiento obrero.
Documentación histórica
Archivo Histórico Provincial de Huelva, Junta de Andalucía: documentación sobre las teleras, sus efectos y el decreto de 1888. Gérard Chastagnaret, Humos y sangre: protestas en la cuenca de las piritas y masacre en Riotinto (1877-1890), Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2017. Fondos fotográficos de Hauser y Menet, 1892, Biblioteca Digital Hispánica. Hemeroteca y documentación municipal de Minas de Riotinto.
Este trabajo amplía y contextualiza una información publicada anteriormente en Sindicalismo.org sobre la protesta medioambiental de 1888, con especial atención al pliego de reivindicaciones, los interlocutores, la represión y las fuentes archivísticas.
