Muchos historiadores remontan la primera protesta medioambiental a finales del siglo XIX en España. Es una historia en gran parte olvidada, pero que resuena hoy.
El 4 de febrero de 1888, la pequeña localidad del sur de España de Riotinto (Huelva) fue escenario de una masiva movilización de trabajadores agrícolas y mineros y sus familias. Exigían tres cosas: un aumento de salario, una reducción de la jornada laboral y la prohibición de la quema de minerales a cielo abierto. En esta zona productora de cobre, el humo generado por el método de extracción los enfermaba y los mataba.
La represión gubernamental desatada sobre la comunidad hizo que 1888 fuera conocido localmente como El año de los tiros. Si bien las minas de la zona habían sido explotadas desde finales de 1700, las técnicas que se usaban en 1888 se habían perfeccionado durante un siglo para aumentar el uso del material. Para extraer el cobre en estado puro, se colocaban cientos de toneladas de mineral en grandes montones en forma de cono debajo de ramas y madera que se prendía fuego y podía arder de seis meses a un año sin apagarse. Esto generó cantidades masivas de gases y humo tóxico.
La cantidad de mineral extraído, así como los gases que emanan de él, aumentó considerablemente cuando en 1873 el gobierno entregó las minas a Rio Tinto Company Limited, que estaba financiada en gran parte por capital extranjero, principalmente inglés y alemán. Entre estos últimos, la famosa familia de banqueros Rothschild fue particularmente influyente.
El libro de Rafael Moreno 1888: El año de los tiros describe las consecuencias sociales de los humos de la actividad minera:
“provocaban una niebla densa y una asfixia general, pero ninguna muerte oficial. Estas estaban disimuladas bajo el epígrafe “muerte por falta de vida”, curiosa forma de camuflar el desastre. Las calcinaciones de mineral al aire libre trajeron también las primeras lluvias ácidas en la historia de España. El resultado era palpable en la Cuenca minera de Río Tinto: cosechas arruinadas y suelos improductivos, sin olvidar la corta desmesurada de árboles para provocar la combustión del mineral”.
Además de esto, las condiciones de trabajo eran deplorables. Los trabajadores trabajaron durante jornadas de 12 horas, desde el amanecer hasta el atardecer, sin ventilación y con salarios miserables. La mina empleaba a niños de hasta 10 años, que se movían por los pozos junto a los adultos. El humo rojizo provocó enfermedades y muertes por causas respiratorias y digestivas, afectando no sólo a los trabajadores sino también a la población de las localidades cercanas e incluso a la vecina provincia de Sevilla.
Ante las protestas y disturbios en las localidades, el gobierno convocó a especialistas en geología y medicina, quienes bajo el auspicio de la empresa negaron que los gases fueran nocivos para la salud. “La empresa no era solo una empresa”, escribió Moreno. “Era sinónimo del poder establecido y manejaba a su antojo la política provincial de la época. Tenía jueces, parlamentarios y gobernadores en su nómina”.
El 1 de febrero de 1888, unos 4.000 mineros se declararon en huelga, que se extendió durante los días siguientes. El minero anarquista de origen cubano Maximiliano Tornet fue uno de los líderes de la lucha; había sido despedido tiempo atrás por tratar de organizar a sus compañeros en un sindicato.
La lucha minera se combinó con protestas de los trabajadores agrícolas y algunos terratenientes rurales, quienes estaban siendo afectados económicamente por la creciente contaminación ambiental. El 4 de febrero, miles se movilizaron con sus familias para exigir mejores condiciones laborales y el fin de la quema a cielo abierto de minerales.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. Envió fuerzas militares para reprimir la manifestación, que según diversas fuentes había congregado entre 12.000 y 14.000 personas. La versión oficial de los hechos informó que 13 personas murieron, mientras que los manifestantes testificaron que 200 personas fueron baleadas. La presión social y mediática obligó a prohibir las quemas a cielo abierto mediante un real decreto. Sin embargo, el lobby empresarial logró derogar esa ley dos años después, restableciendo las condiciones de extracción. Los patrones argumentaron, nuevamente, que se había encontrado que los gases sulfúricos no eran tóxicos para la salud humana y el medio ambiente; mientras tanto, persiguieron y despidieron a los mineros más militantes.
Los eventos en Rio Tinto se conocieron como la primera protesta ambiental en la historia, y ¿quién estaba allí para liderarla? Era la clase obrera, junto con la comunidad local, la que sufría la contaminación en carne propia: en su cuerpo, en el agua, en el suelo. Estos hechos del pasado señalan hoy a quienes niegan el cambio climático y minimizan sus consecuencias ambientales, y a quienes se benefician del extractivismo que arrasa territorios y poblaciones enteras.
Hoy la Corporación Río Tinto, en su versión moderna, está formada por capitales ingleses y australianos. Es la segunda minera más grande del mundo. Responsable de tres décadas de contaminación en Papúa donde tiene la mayor mina de cobre a cielo abierto de la actualidad. También de haber destruido en Australia yacimientos arqueológicos de 46.000 años de antigüedad. Es la misma multinacional que explotará un enorme yacimiento de litio en la provincia argentina de Salta.
La historia de los mineros de Río Tinto es apenas un ejemplo de que la clase trabajadora no sólo tiene la tradición de pelear por sus derechos sindicales o políticos, sino también de oponerse a la destrucción del ambiente por parte de grandes empresas multinacionales que priorizan las ganancias y los negocios capitalistas por sobre la vida de las personas y del planeta que habitamos.
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