Aunque la Inspección de Trabajo determinó «la responsabilidad empresarial de Ramcon Empresa de Servicios SA» en un accidente mortal el 26 de febrero de 2021, la empresa se ha querellado contra la secretaria general del Vallès Oriental y la federación de Barcelona del sindicato por haber afirmado que «morir trabajando es asesinado».
El 27 de mayo de 2021 la CGT convocó una concentración ante Inspección de Trabajo de Barcelona, situada en la Travessera de Gràcia. Llevaban pancartas con los lemas “Queremos justicia”,”“Todo por la familia” o “Morir trabajando es asesinato”.
La secretaria general de CGT en el Vallès Oriental, Charo Luchena, tomó el megáfono y denunció “la responsabilidad del ayuntamiento de Mollet y de la empresa Ramcon” en la muerte de un trabajador en el edificio de la brigada municipal de este municipio vallesano. Acto seguido detalló que aquel operario fatalmente accidentado el 26 de febrero “temía, pero tenía una orden de trabajo para limpiar unos cristales del tejado del edificio de la brigada municipal, el tejado era responsabilidad del Ayuntamiento de Mollet y el trabajo sin arnés era responsabilidad de la empresa. Tenía miedo, pero tenía dos sanciones y no quería una tercera, por lo que subió a pesar del miedo. Iban a por él y lo han logrado, le han matado. No nos tiene que dar miedo decir que no porque nos va la vida”. La protesta, en forma de manifestación, se trasladó a la sede de la delegación del gobierno español en la calle Mallorca, donde se realizaron proclamas contra el gobierno y se exigió medidas para garantizar la prevención de riesgos en los puestos de trabajo.
El acto, rodeado de una enorme emotividad y tristeza por la muerte de un compañero de trabajo tres meses atrás, ha tenido una sorprendente derivada que el abogado del Colectivo Ronda Àlex Tisminetzky califica de «salvajada».
La sociedad mercantil Ramcon Empresa de Servicios SA, donde trabajaba la víctima, ha presentado una querella contra Charo Luchena y contra CGT Federación Local de Sindicatos de Barcelona por un “delito de calumnias y un posible delito de odio hacia los empresarios por el simple hecho de pertenecer a un colectivo económico, es decir, por su condición social y económica”. Tisminetzky, uno de los abogados que está batallando en los juzgados el grado de responsabilidad de la empresa en el accidente mortal, considera que estamos ante una acción judicial que es difícil «que pueda prosperar». “Desde el punto de vista de la jurisdicción social, el sindicato tiene la función de protestar y denunciar una injusticia. Decir que es un asesinato cuando se ha producido una infracción grave de la empresa forma parte de la actividad sindical. Es una salvajada que ahora le pongan una demanda a la delegada sindical y a la CGT”, considera en relación al caso.
De hecho, un informe de Inspección de Trabajo de más de veinte páginas, al que ha tenido acceso la Directa, concluye que “queda acreditada la responsabilidad empresarial de Ramcon Empresa de Servicios SA en el accidente sufrido por el trabajador JPS el 26 de febrero de 2021”. A partir de esa acta de infracción, se abrió un procedimiento sancionador. En paralelo, además, la familia de la víctima ha abierto la vía judicial penal contra la empresa. Sin embargo, el juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Mollet del Vallès ha citado a declarar como querellados el 16 de febrero la delegada sindical y los representantes de la Federación de Barcelona de la CGT.
“Evidentemente, no nos hemos retractado ni retractaremos de algo que es verdad, Inspección de Trabajo en su informe concluye que queda acreditada la responsabilidad de la empresa por el accidente mortal, por tanto, de calumnias ninguna”, asevera Luchena ante el ofrecimiento de la empresa, en la fase de conciliación judicial, de no presentar la querella si se avenían a indemnizarlos con 6.000 euros ya difundir por medio de las redes sociales una “rectificación que contenga reconocimiento explícito de la incertidumbre de los hechos imputados”.
En el redacción de la querella, la indemnización solicitada asciende a 20.000 euros y la delegada sindical responde con ironía «parece que quieren sanear las cuentas de la empresa a cargo de la CGT». Además, ve en todo ello una voluntad explícita de persecución a la actividad sindical: “van buscando a los afiliados a la CGT con lupa para ver con qué pueden sancionarlos” y pone a modo de ejemplo que esta misma semana “s ‘ha celebrado un juicio por vulneración de derecho de huelga de dos trabajadoras de esta empresa”. Luchena concluye que «irán hasta el final» y no cederán «ante presiones intolerables», ya que está en juego «la dignidad, la seguridad y la vida en los puestos de trabajo».
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