Redacción. 16 de octubre de 2026. Las pensiones han irrumpido en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con mensajes difíciles de reconciliar. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que el sistema público, tal como está diseñado, corre el riesgo de colapsar y necesita cambios. Vox reclama una reforma profunda que abra más espacio a la capitalización, incluida la gestión privada del ahorro. Y Alberto Núñez Feijóo ha tratado de cerrar la polémica asegurando que, si gobierna, mantendrá la revalorización de las prestaciones conforme al índice de precios. El debate no es menor: detrás de cada fórmula se decide cómo se financia la jubilación, quién asume los riesgos y qué pensión podrán cobrar quienes hoy trabajan.
La discusión se desencadenó tras las declaraciones del portavoz económico de Vox, José María Figaredo, que describió el actual sistema como un modelo «zombi» y defendió una transformación hacia mecanismos mixtos. Muñoz, por su parte, afirmó en una entrevista que el sistema «va a petar» y pidió afrontar reformas con valentía, aunque sin presentar un diseño detallado. En paralelo, el candidato del PP prometió en un acto electoral un gobierno que pediría «sacrificios», una frase que sus adversarios relacionaron con los avisos sobre las pensiones. El partido ha rechazado esa interpretación y Feijóo ha reafirmado públicamente la continuidad del sistema público.
El PP: advertencia de crisis y compromiso con el IPC
Muñoz argumenta que la jubilación de las generaciones numerosas nacidas durante el llamado baby boom aumentará el gasto en prestaciones y obligará a revisar cómo se sostiene el sistema. Su diagnóstico parte de un reto conocido: en las próximas décadas habrá más pensionistas y una presión mayor sobre las cotizaciones y los presupuestos públicos. Sin embargo, el alcance de las reformas que plantea la portavoz no ha quedado definido en una propuesta legislativa concreta.
El 15 de octubre, desde Bruselas, Feijóo sostuvo que garantizará la viabilidad de las pensiones públicas y su actualización anual conforme al IPC. Se distanció así de cualquier lectura que presentase la pérdida de poder adquisitivo de las personas jubiladas como una medida anunciada por el PP. También recordó la congelación aprobada en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La garantía expresada por Feijóo es una posición política; no equivale a que el PP haya presentado ya un plan completo de financiación y jubilación para una eventual legislatura.
Conviene distinguir, además, el incremento anual de las pensiones del resto de las reglas que determinan su cuantía. Mantener la referencia al IPC preserva la capacidad de compra de las prestaciones frente a la inflación, pero una reforma puede afectar igualmente a la edad de retiro, a los años cotizados que se utilizan para calcular la pensión, a las modalidades de jubilación anticipada o a la financiación del sistema. Son decisiones distintas y deben examinarse por separado.
Vox: un modelo mixto sin desarrollo cerrado
Vox ha sido más explícito al cuestionar la arquitectura vigente. Figaredo sostiene que el sistema de reparto necesita una reforma drástica y defiende explorar un modelo mixto en el que convivan pensiones públicas con capitalización del ahorro. En un sistema de reparto, las cotizaciones de las personas ocupadas contribuyen a pagar las prestaciones actuales; en la capitalización, una parte del dinero se acumula en cuentas o fondos cuyo resultado depende de las aportaciones, la gestión y, según el modelo, de los rendimientos obtenidos.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, afirmó después que la formación no descarta opciones para modificar el sistema, al tiempo que se comprometió a seguir pagando las pensiones. El partido argumenta que son necesarios cambios para responder al envejecimiento de la población y para asegurar recursos a quienes se jubilen en el futuro. Pero todavía no ha concretado qué parte de las cotizaciones se dirigiría a ahorro individual, cómo se financiarían las pensiones actuales durante una transición o qué garantías públicas cubrirían los riesgos de los fondos. Esas respuestas resultan imprescindibles para valorar el impacto real de su propuesta.
La fórmula tampoco tiene un resultado único. Los modelos mixtos y de capitalización adoptan diseños diferentes según el país y los mecanismos de protección que incorporan. Sus defensores destacan la posibilidad de diversificar las fuentes de ingresos de la jubilación; sus críticos advierten de la exposición a los mercados, las comisiones, las trayectorias de cotización irregulares y las diferencias de renta entre trabajadores. En cualquier caso, trasladar parte de la financiación a cuentas individuales exige explicar cómo se seguirían abonando las prestaciones ya reconocidas.
El sistema ha cambiado muchas veces, y no siempre en la misma dirección
La controversia ha resucitado el recuerdo de la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella norma introdujo un índice de revalorización que podía limitar los aumentos anuales al 0,25 % y diseñó un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, cuya aplicación efectiva fue aplazada y posteriormente derogada. El índice de revalorización también acabó sustituido. La posterior reforma, impulsada desde 2021, recuperó la referencia a la inflación y añadió mecanismos destinados a incrementar los ingresos de la Seguridad Social.
En Las pensiones públicas son de la clase trabajadora, Sindicalismo.org ya examinó su carácter colectivo y el papel de las cotizaciones. La discusión actual llega con un elemento adicional: los cambios no afectarían únicamente a quienes están jubilados, sino también a las personas que llevan décadas cotizando y a quienes todavía tienen por delante la mayor parte de su vida laboral.
Las últimas reformas han reforzado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, establecido nuevas cotizaciones para determinados salarios altos y previsto transferencias públicas. También se han modificado incentivos para prolongar voluntariamente la actividad laboral. Las medidas no eliminan el envejecimiento demográfico ni las tensiones presupuestarias, pero muestran que la discusión no empieza desde cero: ya existen instrumentos de financiación y seguimiento cuyos resultados deben evaluarse.
Qué dice realmente la AIReF sobre la sostenibilidad
Una parte de la polémica se ha centrado en si las pensiones están al borde de la quiebra. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constató en mayo de 2026 que la regla legal de gasto de las pensiones se cumple formalmente. Su informe, sin embargo, advirtió de que cumplir ese indicador no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. En el escenario analizado, el gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 se situaría en el 13 % del PIB, por debajo del umbral normativo del 13,3 %, pero la institución señaló riesgos para la trayectoria futura de la deuda.
La conclusión exige dos cautelas: la AIReF no ha declarado un colapso inmediato del sistema y tampoco ha emitido un certificado de sostenibilidad indefinida. El resultado depende del empleo, la productividad, la evolución salarial, la inmigración, las carreras de cotización, los ingresos fiscales y las decisiones de gasto. Reducirlo a una fecha de quiebra o dar por resuelto para siempre el problema oculta justamente las variables que se deberían discutir.
Los sindicatos reclaman hablar de financiación y cuantías
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, intervino el jueves en la discusión para rechazar los mensajes de quiebra inevitable. Reconoció que habrá que financiar prestaciones para una población jubilada más numerosa y planteó que la elección central está entre reforzar los ingresos del sistema o contener el gasto mediante pensiones de menor cuantía. Desde la organización recuerdan que las fórmulas de revalorización que no siguen el IPC pueden provocar pérdidas acumuladas de poder adquisitivo.
No es una cuestión abstracta para quienes cobran prestaciones bajas. El encarecimiento de la vivienda, los alimentos y el transporte afecta también a las personas jubiladas. El 14 de octubre Sindicalismo.org publicó que la inflación interanual de septiembre alcanzó el 4,9 %, un dato que permite entender la importancia de mantener el poder adquisitivo. La revalorización ordinaria de las pensiones se determina con la referencia legal a la evolución media del IPC, no necesariamente con la cifra aislada de un mes.
En Euskal Herria, los movimientos de pensionistas mantienen sus reivindicaciones sociales y su relación con la movilización sindical. Como recogimos recientemente, organizaciones de pensionistas han anunciado su participación en la huelga general del 11 de noviembre para reclamar pensiones suficientes y recuperar capacidad de compra. Ese movimiento recuerda que la discusión no se desarrolla únicamente entre portavoces parlamentarios: también está presente en plazas, asociaciones y sindicatos.
Una discusión con efectos sobre varias generaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aplicar en 2027 la revalorización prevista por la ley incluso si el Ejecutivo está en funciones tras las elecciones. El PSOE rechaza los planteamientos de PP y Vox y acusa a esas formaciones de abrir la puerta a recortes; ambos partidos rechazan que su objetivo sea dejar de pagar las pensiones. Las acusaciones cruzadas pertenecen al debate político y no sustituyen el análisis de las propuestas concretas que cada formación presente.
Las cuestiones pendientes son precisas: qué cotizaciones se modificarían, qué parte del gasto se financiaría con impuestos, si cambiaría la edad efectiva de jubilación, qué ocurriría con las pensiones mínimas y cómo se garantizarían los derechos de quienes han pasado por empleos precarios o carreras laborales interrumpidas. El impacto tampoco sería idéntico para un trabajador de larga trayectoria y salario alto que para una trabajadora con periodos de cuidados no cotizados.
En septiembre publicamos En defensa de unas pensiones dignas y suficientes, donde se abordaban esas desigualdades y las demandas de los movimientos sociales. El nuevo enfrentamiento electoral devuelve el asunto al centro de la actualidad, pero las palabras que hoy suenan más fuerte todavía dejan preguntas decisivas sin contestar. Las pensiones no son solamente una partida presupuestaria: son ingresos presentes y futuros de millones de personas, y cualquier reforma deberá explicar de forma verificable quién aporta, cuánto cobra y qué derechos conserva.
