La aportación de las personas migrantes al empleo ya no es una cuestión de percepciones, sino de cifras. En la provincia de Pontevedra, que incluye Vigo, los trabajadores de nacionalidad extranjera representan tres de cada cuatro afiliaciones netas añadidas a la Seguridad Social durante el último año. El dato llega después del proceso extraordinario de regularización y muestra hasta qué punto el trabajo de miles de personas sostiene la actividad económica, aunque su reconocimiento legal y sus derechos no siempre avancen al mismo ritmo.
En septiembre de 2026, Pontevedra contabilizó 29.755 afiliados extranjeros, 5.352 más que en el mismo mes de 2025. El conjunto de la afiliación provincial alcanzó las 394.158 personas, con un aumento interanual de 7.154 cotizantes. Eso significa que el 75% del crecimiento neto correspondió a trabajadores extranjeros. Son datos provinciales: no deben confundirse con un recuento exclusivo de la ciudad de Vigo.
El ritmo también se ha acelerado. Un año antes, la afiliación extranjera había aumentado en 3.224 personas; ahora lo hace en 5.352. Son casi quince cotizantes adicionales por día, frente a unos nueve en el periodo anterior. El crecimiento se ha intensificado alrededor de un 66%, no se ha duplicado exactamente. Entre agosto y septiembre, la provincia añadió otros 233 afiliados extranjeros.
La regularización empieza a reflejarse en las cotizaciones
La evolución coincide con el proceso de regularización extraordinaria iniciado en abril. En el conjunto del Estado, la Seguridad Social registró en septiembre una media de 3.635.979 afiliados extranjeros, 547.637 más que un año antes. El Ministerio contabilizaba a finales de ese mes 421.306 personas afiliadas vinculadas al proceso de regularización. Es una incorporación considerable al sistema de protección social y de cotización, aunque conviene distinguir las cifras: no todo el aumento provincial de afiliación extranjera puede atribuirse directamente a la regularización.
Galicia ofrece una fotografía semejante. Alcanzó los 97.710 afiliados extranjeros en septiembre, tras sumar 19.611 durante los últimos doce meses. En ese periodo, el total de cotizantes de la comunidad aumentó en 23.965, de modo que la población trabajadora extranjera representó aproximadamente el 82% del incremento neto. Solo en A Coruña se registraron 8.786 afiliados extranjeros más que un año antes.
Cotizar no basta si persisten los abusos y las trabas
Las cifras son relevantes, pero esconden una realidad más incómoda: regularizar una situación administrativa no significa que aparezca de la nada una persona trabajadora. En muchos casos supone abrir la puerta al empleo declarado a quienes ya vivían en el país, buscaban trabajo o se encontraban expuestos a la economía sumergida. Poder firmar un contrato, cotizar, exigir un salario conforme al convenio y reclamar ante una irregularidad cambia de manera concreta la vida de quien antes dependía de la voluntad de un empleador.
Ese paso tampoco está libre de obstáculos. CGT Catalunya ha denunciado recientemente que determinadas empresas rechazan contratar a personas migrantes con autorización provisional de trabajo, incluso cuando esa autorización permite legalmente trabajar. La organización advierte de que estas prácticas pueden mantener a trabajadores y trabajadoras fuera de la contratación regular. A ello se suman los problemas habituales de temporalidad, salarios bajos y dificultades para denunciar abusos en sectores donde la mano de obra migrante tiene una presencia importante.
El permiso extraordinario tiene una vigencia inicial de un año y después exige encauzar la situación por las vías ordinarias de extranjería. Por eso, la integración laboral no puede darse por resuelta con una estadística favorable: hacen falta información accesible, tramitación ágil, vigilancia de las condiciones laborales y garantías reales para organizarse sindicalmente sin miedo.
La conclusión que dejan los datos de Pontevedra es difícil de esquivar. Mientras los discursos que señalan a la inmigración como un problema ganan espacio, miles de trabajadores migrantes están contribuyendo de forma decisiva al crecimiento de la Seguridad Social. La cuestión no es solo cuántos cotizan, sino en qué condiciones trabajan y si sus derechos se respetan. Defenderlos no divide a la clase trabajadora: evita que la precariedad se utilice para enfrentar a unos trabajadores con otros.
