El 12 de agosto de 1946, decenas de miles de trabajadores de las minas de oro del Witwatersrand, en Sudáfrica, dejaron de bajar a los pozos. Pedían un salario mínimo de diez chelines diarios, mejores condiciones de vida y el reconocimiento de su sindicato. El Gobierno de Jan Smuts respondió con detenciones, cargas, bayonetas y disparos. La huelga fue derrotada en cinco días, del 12 al 16 de agosto, pero puso al descubierto el sistema de trabajo barato y segregación sobre el que se apoyaba una de las industrias más lucrativas del país.
Por Tomás Llorente Vidal.
El conflicto ocurrió dos años antes de que el Partido Nacional llegara al poder e implantara formalmente el apartheid. La desigualdad racial, sin embargo, ya estructuraba el mercado laboral, la circulación de personas y las condiciones de contratación de los mineros africanos. La huelga tuvo un objetivo inmediato y muy concreto: cobrar lo suficiente para vivir y negociar sin que la empresa pudiera expulsar o castigar a cualquier trabajador que se organizara.
La riqueza estaba bajo tierra; los trabajadores vivían encerrados
Desde el descubrimiento de los yacimientos auríferos en el Witwatersrand en 1886, la minería había impulsado el crecimiento de Johannesburgo y la acumulación de enormes fortunas. La explotación de galerías profundas requería grandes cantidades de mano de obra. Las empresas mantuvieron sus costes mediante un sistema de reclutamiento migratorio, salarios muy bajos y alojamientos colectivos sometidos a vigilancia. A ese dispositivo se le conocía como el sistema de compounds: recintos de residencia vinculados a las minas, donde la empresa controlaba buena parte de la vida diaria.
Trabajadores llegados de zonas rurales sudafricanas y de territorios vecinos pasaban largos periodos lejos de sus hogares. Las familias quedaban en las reservas o en las comunidades de origen, mientras los mineros debían soportar jornadas difíciles, alimentación insuficiente y un régimen de contratos que limitaba la movilidad. Las autoridades y los empresarios presentaban esa separación como una ventaja económica: sostenían que las familias podían vivir de la tierra y que, por tanto, las compañías no tenían que pagar salarios capaces de mantener un hogar.
La explicación omitía una realidad que apareció repetidamente en las investigaciones sobre el sector: las zonas rurales, lejos de gozar de prosperidad, soportaban pobreza y escasez. Los ingresos del trabajo minero resultaban indispensables para muchas familias. La Cámara de Minas defendía, en cambio, una concepción del salario africano como ingreso complementario. La industria se beneficiaba así de un coste de reproducción de la fuerza de trabajo que desplazaba hacia los hogares y las comunidades.
El trabajo era peligroso. Los derrumbes, el polvo de roca y las enfermedades pulmonares eran parte de una actividad que exigía penetrar a grandes profundidades. Los trabajadores africanos carecían de las mismas posibilidades de negociación, ascenso y protección que disfrutaban determinados grupos de trabajadores blancos. Las jerarquías laborales no eran un reflejo casual de la sociedad sudafricana; formaban parte de las normas de contratación y de las decisiones patronales.
La organización sindical antes de agosto
Los intentos de crear una organización de mineros africanos venían de años atrás. William Thibedi, Sidney Bunting y otros activistas participaron en los primeros trabajos de afiliación durante los años treinta. Las empresas se negaban a admitir la organización sindical de los trabajadores africanos y el empleo podía perderse simplemente por intentar crear una sección. El sindicato padecía dificultades elementales: escasez de dinero, vigilancia policial, restricciones en las reuniones y problemas para entrar en los recintos donde vivían los trabajadores.
En agosto de 1941, una conferencia impulsada desde el entorno del Congreso Nacional Africano ayudó a reorganizar el African Mine Workers’ Union (AMWU). Entre quienes asumieron responsabilidades destacaron John Beaver —J. B.— Marks, James Majoro, Gaur Radebe y Edwin Mofutsanyana. La formación del sindicato reunió militantes del movimiento nacional africano, sindicalistas y comunistas, con apoyos que no eliminaban sus diferencias. Para marzo de 1942 se había extendido la afiliación a trabajadores de 37 minas, una implantación significativa en un sector donde los empresarios obstaculizaban la acción sindical.
La lucha no comenzó con una convocatoria general. Ya se habían producido protestas en distintas explotaciones por el hambre, la duración del trabajo y la seguridad. En 1935 una lista de reivindicaciones sindicales incluía el fin de los recintos cerrados, libertad de organización y movimiento, tres comidas diarias, jornada de ocho horas, indemnizaciones por enfermedad profesional y mejoras salariales. Eran exigencias que afectaban a toda la vida del minero, no solo al pago por turno.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno impuso disposiciones de excepción. La medida de guerra número 145 de 1942 permitió perseguir las huelgas de trabajadores africanos mediante multas y penas de prisión. Un régimen posterior restringió las reuniones de más de veinte personas en instalaciones mineras. Ni el fin de la guerra eliminó de inmediato esos mecanismos ni la necesidad de producción de oro suavizó la oposición de los propietarios al sindicato.
Los empresarios rechazaron negociar
En 1943 se creó la comisión Lansdown para investigar salarios y condiciones de trabajo. La investigación oyó a representantes sindicales y empresariales. La AMWU presentó documentación sobre salarios, alimentación y vida en los compounds. Algunos trabajadores que se mostraban dispuestos a declarar recibieron amenazas de despido. Las empresas defendieron que la contratación migratoria y los recintos eran imprescindibles para que las minas siguieran siendo rentables.
El informe de marzo de 1944 reconoció determinados problemas, pero aceptó los fundamentos del sistema de mano de obra barata. Las mejoras planteadas resultaron insuficientes para quienes trabajaban bajo tierra. Mientras la economía de guerra había encarecido la vida, buena parte de la población minera africana siguió sin recibir incrementos equivalentes a los de otros asalariados.
En mayo de 1946 la organización reclamó de nuevo diez chelines al día y mejoras laborales. La Cámara de Minas rechazó abrir una negociación efectiva con la AMWU. Los representantes sindicales recibieron respuestas burocráticas o ninguna contestación. En la documentación histórica conservada se cuenta que durante meses algunas comunicaciones sindicales fueron respondidas con una simple tarjeta impresa, presentada como acuse de recibo, mientras la patronal evitaba reconocer a la organización como interlocutora.
La empresa y el Estado no eran instituciones separadas en el conflicto minero. La Cámara de Minas coordinaba decisiones con autoridades laborales y policía. La protección del trabajo barato tenía una traducción práctica: evitar que los mineros pudieran negociar colectivamente las reglas que hacían funcionar el negocio. Cuando la AMWU decidió convocar un paro general, sabía que la respuesta no se limitaría a una negociación sobre costes.
El 4 de agosto se decidió la huelga
El domingo 4 de agosto de 1946, más de mil delegados y trabajadores se reunieron al aire libre en la plaza de Newtown, Johannesburgo. No había una sala suficientemente grande y accesible para celebrar la asamblea. La reunión resolvió iniciar la huelga el lunes 12 si la Cámara de Minas seguía negándose a satisfacer las reivindicaciones y a negociar. El acuerdo fue comunicado por escrito el 7 de agosto: quedaba margen para una negociación de última hora.
La resolución sindical conservada por South African History Online permite conocer el contenido preciso del llamamiento. La reivindicación salarial era de diez chelines por día; no debe confundirse con diez chelines de aumento ni con un pago mensual. Junto a esa exigencia figuraban mejores condiciones de trabajo. La asamblea decidió paralizar las minas del oro del Witwatersrand, uno de los centros neurálgicos de la economía sudafricana.
J. B. Marks advirtió sobre el riesgo de violencia policial. La organización sabía que los mineros se enfrentaban a una legislación represiva y a administraciones que actuaban en coordinación con las compañías. La escasa capacidad para circular entre las explotaciones era otra debilidad. Los mineros vivían distribuidos en recintos separados por empresa y zona de procedencia, y un mensaje sindical podía tardar en llegar o ser interceptado antes de cruzar una puerta.
Cinco días en los pozos del Rand
La huelga empezó el lunes 12 de agosto. La participación varió mucho entre centros y turnos. En explotaciones como City Deep, West Springs, Modder B, Nourse Mines, Robinson Deep o New Kleinfontein hubo grupos importantes que dejaron de trabajar. En otras instalaciones la vigilancia, el aislamiento o el miedo a perder el empleo limitaron el paro. Algunas plantillas no recibieron a tiempo la información de la convocatoria. Las descripciones de una huelga perfectamente coordinada ocultan el esfuerzo de sostenerla en recintos incomunicados.
En New Kleinfontein, tras la detención de cuatro trabajadores que intervenían en una asamblea, miles de compañeros se dirigieron a la comisaría para pedir su liberación. La policía atacó a los manifestantes con porras y bayonetas y hubo heridos. En West Springs, donde trabajaban unas 5.600 personas, la negativa de los mineros a regresar al pozo dio lugar a una detención masiva. En City Deep se organizaron piquetes y, cuando las autoridades forzaron a algunos trabajadores a bajar, hubo resistencia dentro de las galerías.
El martes 13 de agosto la represión alcanzó una intensidad decisiva. En el entorno de Sub Nigel, una multitud de trabajadores fue atacada mientras se movilizaba; los relatos históricos recogen muertos por disparos y por aplastamiento durante la huida. En West Springs una marcha de varios miles de mineros hacia Johannesburgo fue interceptada y golpeada. Las cifras de heridos en estas intervenciones fueron muy elevadas.
La policía también detuvo a dirigentes de la AMWU. Marks fue arrestado durante una reunión de organizaciones sindicales y se requisó documentación de las oficinas del sindicato. El corte de las comunicaciones debilitó la coordinación entre explotaciones: en los recintos circulaban versiones sobre el supuesto fin de la huelga en otras minas, mientras los trabajadores ignoraban a menudo lo que ocurría a pocos kilómetros.
El miércoles 14 se mantuvieron paros en varios centros y hubo nuevos enfrentamientos. En Van Dyk, la policía atacó a trabajadores que se negaban a bajar a los pozos; otras marchas fueron dispersadas cuando intentaban avanzar hacia Johannesburgo. El jueves 15 la represión entró en recintos como City Deep, donde la policía trató de obligar a los mineros a trabajar. También hubo resistencias subterráneas, incluida una sentada en galerías de Nigel. El viernes 16 los últimos focos fueron sofocados o quedaron aislados.
Las autoridades movilizaron efectivos, vehículos y unidades armadas. El resultado fue una derrota industrial impuesta mediante la violencia estatal y la capacidad empresarial para controlar el alojamiento, las entradas de los pozos y la circulación de información. La huelga se cerró sin que se aceptara el salario mínimo exigido ni se reconociera a la AMWU en los términos reclamados.
Entre sesenta mil y setenta y seis mil huelguistas
El número de participantes cambia según las investigaciones y el periodo que cada una cuenta. Algunas síntesis de South African History Online hablan de unos 60.000 huelguistas; otras calculan alrededor de 70.000 o 76.000 personas. No existe una lista única de trabajadores que pararon simultáneamente: las cifras agrupan momentos diferentes de una movilización que se extendió y retrocedió durante cinco días. También hay diferencias sobre el número de minas afectadas, porque los balances patronales, oficiales y sindicales aplicaban criterios distintos.
Las cifras de víctimas tampoco son uniformes. El recuento oficial citado en buena parte de la bibliografía establece nueve muertos y 1.248 heridos. Otras reconstrucciones históricas hablan de doce fallecidos y más de 1.200 heridos. El desacuerdo no debe resolverse eligiendo la cifra más alta o más baja según convenga al argumento. Ambas muestran una represión que dejó muertos y numerosos heridos, pero corresponden a registros de origen distinto. No se ha establecido una cuenta definitiva reconocida por todas las fuentes.
La cuestión es importante para la historia del movimiento obrero. Los partes oficiales fueron elaborados en un contexto de fuerte violencia estatal; los testimonios sindicales se recopilaron muchas veces después de que las autoridades impidieran reuniones y confiscaran documentos. Los diarios de la época dependían con frecuencia de versiones policiales. Un trabajo histórico serio debe explicar ese problema de fuentes en lugar de ocultarlo bajo una cifra rotunda.
Represión judicial y solidaridad obrera
La derrota no terminó con la reapertura de las minas. Las redadas alcanzaron oficinas sindicales, domicilios y organizaciones políticas. En agosto se abrió una causa contra dirigentes de la AMWU y personas de su entorno, incluidas figuras como Marks, Moses Kotane, Yusuf Dadoo, Bram Fischer y Brian Bunting. Una de las investigaciones históricas cifra en 52 los acusados de distintas organizaciones, mientras otros recuentos sobre procesos posteriores ofrecen números diferentes. Las leyes de guerra y de reuniones sirvieron para perseguir una protesta cuya reivindicación central era negociar un salario.
Hubo apoyos que atravesaron las barreras impuestas por la segregación. El Transvaal Indian Congress respaldó a los mineros y el Natal Indian Congress aportó fondos. Sectores del Council of Non-European Trade Unions intentaron convocar acciones de solidaridad en Johannesburgo, pero las reuniones fueron perseguidas y la distribución de octavillas resultó interrumpida por detenciones e incautaciones. Entre los sindicalistas blancos también hubo posiciones distintas: algunos comités denunciaron la violencia policial y defendieron el reconocimiento de la AMWU, mientras otras direcciones se mostraron contrarias a la huelga.
Estas diferencias ayudan a entender el significado político del conflicto. Los mineros tenían delante un sistema laboral segregado y, al mismo tiempo, debían construir relaciones de solidaridad dentro de un movimiento obrero fragmentado por condiciones de trabajo, reconocimiento legal y origen racial. Las autoridades podían utilizar esas divisiones, pero también temían una alianza capaz de extender las reivindicaciones del subsuelo a los talleres, comercios y transportes de las ciudades.
Una derrota que dejó una huella política
Tras la huelga, la AMWU quedó profundamente debilitada. Su falta de reconocimiento y las medidas represivas dificultaron la reorganización. Los empresarios mantuvieron un modelo de mano de obra barata y los mineros no obtuvieron los diez chelines diarios reclamados. Desde el punto de vista salarial y organizativo inmediato, el resultado fue una derrota.
El impacto político, sin embargo, fue más amplio. En los años posteriores, las relaciones entre activistas del Congreso Nacional Africano y del Partido Comunista de Sudáfrica cambiaron. Las generaciones más jóvenes del movimiento de liberación vieron hasta dónde podía llegar la intervención del Estado para proteger la estructura económica. Nelson Mandela recordó en sus memorias la importancia de su relación con J. B. Marks a partir de aquella experiencia. La huelga contribuyó a intensificar un debate sobre los límites de las peticiones institucionales y la necesidad de organización de masas.
En 1948 el Partido Nacional llegó al Gobierno y convirtió en política oficial un sistema de apartheid que profundizó mecanismos de exclusión ya existentes. Conviene respetar la cronología: los mineros de 1946 se enfrentaron al Estado segregacionista de Smuts, no al Gobierno nacionalista que tomaría el poder dos años después. La represión que sufrió la huelga ayuda a comprender la continuidad entre viejas estructuras económicas y la legislación racial que se consolidó a continuación.
El movimiento minero sudafricano reaparecería con fuerza décadas más tarde. En 1982 se fundó el National Union of Mineworkers y en 1987 alrededor de 250.000 mineros participaron en otra huelga importante. No se trataba de la misma organización ni del mismo contexto jurídico, pero el recuerdo de 1946 formaba parte de una tradición de enfrentamientos por salarios, derechos y dignidad laboral. El oro siguió siendo una fuente de grandes beneficios y el trabajo minero continuó situado en el centro del conflicto social sudafricano.
La reivindicación de diez chelines diarios puede parecer modesta si se lee fuera de su época. Para quienes vivían bajo vigilancia en los compounds, trabajaban en galerías peligrosas y tenían familiares dependientes en regiones empobrecidas, significaba discutir las bases de un régimen de explotación. El sindicato reclamaba algo más que dinero: exigía interlocución, derecho a organizarse y capacidad para decidir sobre la propia vida laboral.
La huelga de agosto de 1946 acabó con los mineros obligados a regresar a los pozos. La patronal conservó sus reglas y las autoridades castigaron a quienes habían tratado de modificarlas. Sin embargo, durante cinco días, una multitud de trabajadores dispersos en decenas de minas logró identificar un interés común y plantear una demanda colectiva al corazón económico de Sudáfrica. Esa experiencia, y el precio que pagaron por ella, ocupa un lugar propio en la historia internacional del sindicalismo.
Fuentes y bibliografía: South African History Online, «The African Mine workers strike of 1946»; «1946 African Mineworkers Strike»; Declaración del African Mine Workers’ Union, 7 de agosto de 1946, reproducida de la colección documental de Allison Drew; South African History Archive, «The demand for trade unions in the 1930s and 1940s»; M. P. Naicker, «The African Miners’ Strike of 1946», ONU, 1976; V. L. Allen, The History of Black Mineworkers in South Africa; UNISA, History and Memory Project, fotografía de City Deep, 1946, Times Media Collection / Museum Africa; SAHA, folleto Workers at War, colección AL2457.
Interesado por la historia social y la memoria obrera, presta especial atención a las luchas olvidadas y a sus protagonistas. Le gusta recuperar documentos y testimonios que ayudan a comprender el pasado desde la experiencia de quienes lo vivieron.
