La mañana del 12 de julio de 1917, alrededor de dos mil hombres armados, organizados como auxiliares del sheriff de Cochise, recorrieron Bisbee, Arizona, deteniendo a mineros, dirigentes sindicales y vecinos considerados sospechosos de simpatizar con la huelga. Reunieron a 1.186 personas y las cargaron en vagones ferroviarios para expulsarlas hacia el desierto de Nuevo México. No existía una sentencia de deportación ni un proceso individual que justificase aquel traslado. Fue una operación patronal y policial para quebrar la organización de los trabajadores.
El cobre, la guerra mundial y la IWW
En Bisbee actuaban varias organizaciones obreras y la conflictividad no empezó con la IWW. La documentación judicial del Arizona Memory Project describe reivindicaciones formuladas por miembros de la International Union of Mine, Mill and Smelter Workers sobre normas de trabajo, seguridad y reconocimientos médicos exigidos por las empresas. El conflicto se radicalizó con la presencia de activistas de la IWW, que reclamaban una organización industrial sin las barreras raciales y profesionales utilizadas para dividir a la plantilla.
Las empresas implicadas en el distrito incluían Phelps Dodge, Calumet & Arizona y Shattuck Arizona. El cobre se había encarecido por la demanda militar de la Primera Guerra Mundial, mientras la población minera sufría la inseguridad de los trabajos subterráneos, el poder de los capataces y la dependencia comercial de las compañías. Desde abril de 1917 Estados Unidos participaba en la guerra; empresarios y prensa local presentaron las huelgas como un peligro para el suministro estratégico, aunque exigir seguridad y mejores contratos no equivalía a sabotear la producción.
La Industrial Workers of the World (IWW), organización sindical fundada en 1905, reclamaba el reconocimiento de la fuerza de los trabajadores sin separar a los inmigrantes de los nacidos en Estados Unidos. En Bisbee tuvo importancia la presencia de mineros mexicanos y de otros orígenes, que denunciaban discriminación y desigualdad salarial. El 24 de junio de 1917 la IWW presentó sus reivindicaciones: seguridad en las minas, salarios más previsibles y fin de la discriminación contra trabajadores extranjeros y pertenecientes a minorías. Las empresas las rechazaron y comenzó una huelga que llegó a implicar a más de la mitad de la plantilla minera.
La coyuntura bélica ofreció a los propietarios un argumento político. Señalaron a los huelguistas como desleales o peligrosos para el esfuerzo de guerra. Esa acusación permitía presentar la demanda de un salario justo como una amenaza nacional. La comunidad minera quedó dividida entre quienes apoyaban la huelga, quienes temían perder el empleo y quienes aceptaron colaborar con la represión.
La redada del 12 de julio y el viaje forzoso
El 24 de junio de 1917, los organizadores de la IWW entregaron a las compañías una lista formal de exigencias. Ante su rechazo, la huelga comenzó el 26 de junio, según el archivo histórico de Arizona. El sheriff Harry C. Wheeler preparó la operación de expulsión durante la noche del 11 al 12 de julio con alrededor de dos mil auxiliares. Los detenidos fueron conducidos a un campo de béisbol y, hacia las once de la mañana, 1.186 hombres habían sido cargados en vagones de mercancías. Entre ellos había trabajadores que no habían participado en el paro.
El ferrocarril condujo a los expulsados hasta Hermanas, Nuevo México. Tras abandonarles en una zona desértica, las autoridades de Bisbee establecieron controles para impedir su regreso. El 14 de julio, soldados federales los trasladaron a Columbus, donde pudieron recibir refugio. La participación de fuerzas federales en la asistencia posterior no debe confundirse con la operación de deportación: aquella fue organizada por el sheriff y auxiliares locales con implicación de responsables empresariales.
El convoy viajó cientos de kilómetros hasta Nuevo México. Los deportados pasaron muchas horas sin comida y con muy poca agua bajo temperaturas desérticas. Los vigilantes los abandonaron en las cercanías de Hermanas; algunas fuentes posteriores sitúan también Columbus como punto de asistencia y alojamiento militar. La diferencia corresponde a distintas etapas del traslado: fueron abandonados en Hermanas y después recibieron protección y traslado por tropas federales.
Los organizadores cerraron las comunicaciones de Bisbee y limitaron la difusión inmediata de lo ocurrido. A quienes intentaban regresar se les amenazaba con nuevas detenciones. Para un minero, la expulsión de la ciudad implicaba perder el salario, separarse de su familia y abandonar una vivienda que a menudo dependía de la empresa. Las consecuencias fueron materiales, no únicamente simbólicas.
Una deportación sin castigo penal para sus responsables
La Comisión Federal de Mediación nombrada por el presidente Woodrow Wilson, con intervención del secretario de Trabajo William B. Wilson, investigó lo sucedido. El informe divulgado en noviembre de 1917 describió la deportación como injustificada y sin fundamento legal, y señaló que en su planificación habían intervenido personas vinculadas a Phelps Dodge y Calumet & Arizona. Los investigadores también documentaron intentos de controlar comunicaciones telefónicas y telegráficas para retrasar que los hechos se conocieran fuera de la localidad.
Las acciones judiciales posteriores tuvieron resultados muy limitados. Hubo acusaciones de secuestro y procesos contra algunos participantes, pero los tribunales no impusieron condenas penales por la deportación. Harry E. Wootton fue absuelto por un jurado; el sheriff Wheeler asumió públicamente responsabilidades durante su declaración. Varias demandas civiles de los deportados contra empresas acabaron en acuerdos extrajudiciales o fueron desestimadas. La ausencia de condenas contrasta con la facilidad con la que se había privado de libertad a más de mil trabajadores sin orden judicial individual.
Hubo demandas civiles de deportados contra compañías y participantes; muchas terminaron en acuerdos extrajudiciales o fueron desestimadas. La ausencia de condenas ejemplares mostró la protección social y política de la que gozaban las grandes empresas del cobre. La IWW, por su parte, sufrió una ofensiva represiva a escala nacional durante la guerra, con redadas, procesos y encarcelamientos de sindicalistas.
La deportación de Bisbee es una muestra extrema del vínculo entre violencia antisindical, racismo y poder empresarial. No se limitó a una ruptura de piquetes: fue el intento de expulsar físicamente de una localidad a quienes defendían una organización obrera. Que existan expedientes judiciales, listas de detenidos y fotografías de los vagones permite reconstruir lo sucedido con nombres y responsabilidades, lejos de la justificación patronal del «mantenimiento del orden».
En nuestro archivo: Los wobblies y la IWW · La huelga textil de Lawrence.
Imagen destacada: trabajadores obligados a subir a vagones durante la deportación de Bisbee del 12 de julio de 1917. Postal fotográfica histórica, vía Wikimedia Commons.
Fuentes: University of Arizona Libraries, «Bisbee Deportation Legal Papers and Exhibits»; University of Arizona, historia de la deportación; University of Arizona, archivos de derechos laborales; Arizona Historical Society, materiales educativos sobre la deportación de 1917.
Documentación histórica adicional: Arizona Memory Project, documentación judicial sobre Bisbee; Arizona Historical Society, fuentes primarias sobre la deportación.
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