El Congreso del Trabajo de Canadá (CLC) ha advertido de que el presupuesto federal de 2026 ofrece apoyos parciales frente al coste de vida, pero deja importantes vacíos en protección del empleo y negociación colectiva. En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la central sindical denuncia también que el Gobierno mantiene el proyecto de ley C-39, cuya reforma de las facultades ministeriales podría facilitar la intervención para terminar huelgas legales.
La crítica reúne dos asuntos que afectan directamente a las condiciones de vida de los trabajadores: el destino del gasto público y las reglas que determinan cuánto poder conserva una plantilla al negociar con su empresa. La central reconoce medidas para aliviar el precio de los alimentos, la vivienda y la energía doméstica, pero considera que no bastan frente a los despidos, el endeudamiento de los hogares y la incertidumbre industrial.
Casi 100.000 millones para empresas, según el balance sindical
La presidenta del CLC, Bea Bruske, sostiene que el presupuesto dedica cerca de 100.000 millones de dólares canadienses a incentivos empresariales y menos de la mitad de esa cantidad al apoyo directo a la población. Se trata de una comparación realizada por la organización sindical sobre las partidas presupuestarias, no de un desglose independiente de todas las inversiones del Estado. Su preocupación es que los beneficios públicos a grandes compañías no incluyan compromisos exigibles de empleo estable, salarios dignos o representación sindical.
El plan federal contempla inversiones en minería, minerales críticos y otras industrias estratégicas. Para el CLC, financiar estos sectores sin condiciones laborales verificables significa asumir que las empresas trasladarán por sí mismas las ventajas a sus plantillas. La organización reclama mecanismos que vinculen la ayuda pública a empleos de calidad y al cumplimiento de convenios, especialmente en actividades expuestas a reorganizaciones productivas, aranceles o cambios tecnológicos.
También reclama protección frente a la expansión de sistemas de inteligencia artificial y automatización en los centros de trabajo. En el comunicado, el CLC señala que el presupuesto ofrece pocas garantías concretas a las personas cuyos puestos o funciones puedan verse alterados. Los sindicatos reclaman intervenir antes de que las empresas modifiquen horarios, plantillas y sistemas de vigilancia laboral, en lugar de limitar su actuación a negociar compensaciones tras los despidos.
El proyecto C-39 y el derecho de huelga
La controversia más directa afecta al proyecto de ley C-39. Según el Congreso del Trabajo, la reforma permitiría ampliar la capacidad de los ministros federales para intervenir en conflictos laborales y ordenar el final de huelgas legales. El sindicato considera que esa posibilidad inclinaría la negociación a favor de las empresas, porque reduce el coste de prolongar conversaciones sin ofrecer mejoras suficientes. Conviene distinguir el proyecto de ley de una restricción ya aprobada: el texto sigue sujeto al procedimiento legislativo.
La central desarrolla desde septiembre una campaña contra estas disposiciones. El 15 de octubre impulsó protestas ante oficinas de parlamentarios en 21 comunidades. El 29 de octubre anunció la creación de un dispositivo sindical común para coordinar respuesta jurídica, política y comunicativa frente a las restricciones propuestas. En su intervención parlamentaria, Bruske pidió eliminar la ampliación de las facultades recogidas en la sección 107 del Código Laboral canadiense.
El CLC plantea que la capacidad de hacer huelga debe conservarse como un instrumento efectivo de negociación y no convertirse en un derecho nominal, sometido a la posibilidad permanente de intervención gubernamental. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido su propuesta con argumentos de estabilidad económica y continuidad de servicios. El desacuerdo se concentra en hasta dónde puede llegar el Gobierno cuando trabajadores y empleadores no alcanzan un convenio.
Desempleo, servicios públicos y aeropuertos
Otra reclamación es ampliar el seguro de empleo para quienes pierdan su puesto a consecuencia de tensiones comerciales. El CLC advierte que los efectos de una reducción de producción no se detienen en la empresa afectada: alcanzan proveedores, transportistas y pequeños negocios de las localidades industriales. Pide que las ayudas alcancen tanto a empleados directamente despedidos como a los afectados por esas consecuencias indirectas.
Los sindicatos rechazan asimismo que la contención del gasto federal se traslade a plantillas insuficientes y tiempos de espera mayores en servicios públicos. El comunicado exige refuerzos en sanidad, atención de larga duración, salud mental y cobertura farmacéutica y dental. Al mismo tiempo, advierte de que la propuesta de privatizar operaciones en los cuatro principales aeropuertos del país puede presionar los salarios y las condiciones laborales, además de encarecer servicios a los usuarios.
No todo el presupuesto recibe una valoración negativa. El CLC reconoce avances relacionados con prevención de accidentes, fraude salarial, clasificación errónea de trabajadores y recursos para el organismo federal de relaciones laborales. Precisamente esa combinación de medidas positivas y riesgos pendientes es el núcleo de su balance: para la organización, apoyar el crecimiento económico no puede significar debilitar las herramientas colectivas que permiten discutir cómo se reparte.
La discusión canadiense se desarrolla en un momento de inseguridad comercial y transformación tecnológica. El CLC reclama que las inversiones públicas se acompañen de derechos exigibles, y que las normas laborales no permitan poner fin a una huelga simplemente porque resulte incómoda para una empresa o para el Gobierno. El recorrido parlamentario del C-39 y el detalle de las condiciones asociadas a los incentivos empresariales marcarán la siguiente fase del conflicto.
