Las urgencias pediátricas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tienen previsto cerrar el próximo 23 de noviembre, una decisión que CGT denuncia como un nuevo golpe a la sanidad pública de los barrios del sur de la capital. La medida, comunicada a la plantilla, dejaría a numerosas familias de Carabanchel sin el servicio especializado de urgencias infantiles de su hospital de referencia y obligaría a buscar atención en otros centros.
La sección sindical de CGT en el hospital advierte de que el cierre se ha planteado por tiempo indefinido y llega precisamente cuando comienza a aumentar la circulación de virus respiratorios, bronquiolitis y otras infecciones habituales entre la población infantil. No se trata de una interrupción que ya se haya producido: la fecha anunciada es el 23 de noviembre. De mantenerse la decisión, la demanda que ahora recibe el Gómez Ulla tendrá que ser asumida por otras urgencias pediátricas de Madrid, con el consiguiente riesgo de saturación.
La falta de personal médico está en el centro de la crisis. La propia Consejería de Sanidad madrileña ha reconocido que la plantilla de pediatras ha pasado de 14 a nueve especialistas en los últimos tres meses. Según los datos que ha comunicado, dos profesionales se encuentran de baja, otro ha solicitado una excedencia y dos han salido hacia otros hospitales. Quienes permanecen en el servicio están soportando un aumento de las guardias. La Administración regional asegura que se han buscado sustituciones, pero reconoce dificultades para contratar pediatras.
El área de urgencias pediátricas, que dispone de instalaciones específicas desde junio de 2023, había atendido a 12.531 pacientes de la Comunidad de Madrid hasta octubre de este año, según los datos facilitados por Sanidad. Es una actividad asistencial que no desaparece por decisión administrativa: los niños seguirán necesitando atención urgente, solo que sus familias deberán desplazarse más y otros equipos sanitarios asumirán esa carga de trabajo.
CGT considera que este deterioro no ha aparecido de un día para otro. El sindicato recuerda que durante el verano se suprimió la especialidad de Cirugía Pediátrica después de la jubilación de un facultativo y que las intervenciones comenzaron a derivarse hacia hospitales como el 12 de Octubre y el Clínico San Carlos. Según su denuncia, la falta de sustituciones ha ido desmantelando servicios que hasta hace poco se prestaban en el Gómez Ulla. La organización también señala que el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares son destinados con frecuencia a cubrir ausencias de otras unidades, debilitando la dotación de pediatría.
La sección sindical sostiene que esta situación puede extenderse a la unidad de hospitalización de salud mental infantojuvenil del centro, que cuenta con diez camas y precisa apoyo pediátrico para determinados pacientes ingresados. Por ahora se trata de una advertencia de CGT sobre las consecuencias que podría tener la falta de especialistas, no de un cierre confirmado de esa unidad.
El problema tiene además una dimensión institucional. El Gómez Ulla depende del Ministerio de Defensa, pero atiende a usuarios del sistema sanitario público madrileño mediante un acuerdo con la Comunidad de Madrid. La Consejería sostiene que la contratación de personal sanitario del hospital corresponde a Defensa. CGT, por su parte, denuncia un conflicto financiero entre ambas administraciones y cifra en cerca de cien millones de euros la deuda que atribuye al Gobierno regional por la asistencia prestada a pacientes madrileños. Esa cifra procede del sindicato y no consta en la información contrastada una confirmación conjunta de ambas administraciones.
Las quejas de la plantilla no son nuevas. En meses anteriores CGT ya había reclamado la recuperación de contratos y denunciado carencias de personal en otras áreas del hospital. A las dificultades para mantener los servicios se suma ahora el anuncio de un cierre que afectaría directamente a menores y familias trabajadoras, especialmente en barrios donde cada desplazamiento añadido supone tiempo, dinero y nuevas complicaciones para conciliar cuidados y empleo.
El sindicato reclama una respuesta que permita garantizar la atención pediátrica, recuperar efectivos y evitar que la escasez de profesionales se resuelva cerrando servicios. La decisión sigue prevista para el 23 de noviembre y todavía puede ser revertida. El cierre anunciado afectaría a una plantilla ya sobrecargada y dificultaría el acceso de los vecinos del sur de Madrid a una atención pediátrica pública cercana.
