Las seis universidades públicas de Madrid cerraron el jueves 5 de noviembre dos jornadas de huelga con una manifestación multitudinaria que recorrió el centro de la capital junto al profesorado y a otras etapas educativas. Estudiantes, docentes, personal investigador y trabajadores de administración y servicios reclaman al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso financiación suficiente, plantillas estables y una negociación que permita frenar el deterioro de la enseñanza pública.
La movilización reunió a la comunidad universitaria de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Politécnica (UPM), Alcalá (UAH), Carlos III (UC3M) y Rey Juan Carlos (URJC). Según las estimaciones difundidas por los colectivos convocantes, el seguimiento estudiantil se situó entre el 80 % y el 90 % durante la segunda jornada. Se trata de cifras de los organizadores, no de un balance independiente de asistencia a las aulas.
De los campus a las calles de Madrid
Después de dos días de piquetes y asambleas, la protesta culminó en una marcha desde Atocha hasta Cibeles. La plataforma UCM x la Pública calculó una participación de unas 63.000 personas. En la cabecera podían leerse pancartas en defensa de la financiación y de la universidad pública, mientras se escuchaban consignas contra los recortes y en favor de la negociación.
La jornada universitaria coincidió con las movilizaciones del profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, implicado en un conflicto que se remonta al 14 de octubre. Esa confluencia permitió unir en las calles reclamaciones distintas, pero estrechamente relacionadas: contratación suficiente, reducción de la sobrecarga de trabajo, mejores condiciones salariales y servicios educativos accesibles.
Financiación insuficiente y plantillas al límite
La denuncia central de las seis universidades es la falta de recursos estructurales para sostener la docencia, la investigación y los servicios. Los convocantes consideran insuficiente el plan plurianual presentado por el Ejecutivo autonómico y reclaman una aportación adicional de unos 350 millones de euros anuales para el conjunto de los campus públicos.
La propuesta presupuestaria eleva la financiación básica de 1.166,3 a 1.224,6 millones de euros, un incremento cercano al 5 %. Las plataformas universitarias advierten de que esta subida no resuelve las necesidades acumuladas ni acerca la inversión al objetivo del 1 % del PIB recogido en la legislación universitaria estatal. La discusión no se limita al presupuesto de un curso: afecta a la capacidad de los centros para planificar sus plantillas, mantener edificios y garantizar la continuidad de sus proyectos.
El personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) llevan tiempo denunciando contratos temporales, dificultades de promoción y jubilaciones que no siempre van acompañadas de nuevas incorporaciones. La falta de medios acaba traduciéndose también en grupos masificados, menos atención al alumnado y servicios sometidos a presión.
Edificios deteriorados y dependencia de financiación privada
Los testimonios recogidos durante los paros describen problemas cotidianos que van mucho más allá de las aulas: instalaciones con averías prolongadas, dificultades para reparar ascensores, bibliotecas y archivos afectados por cierres y departamentos que dependen cada vez más de contratos externos para investigar. En la Universidad Autónoma, trabajadores han denunciado deficiencias de calefacción y mantenimiento; en la Complutense se ha señalado incluso la necesidad de recurrir a préstamos para cubrir necesidades económicas.
Las plataformas alertan de que esta dependencia de empresas y financiación competitiva condiciona las líneas de investigación y aumenta la inseguridad de quienes trabajan en los campus. A ello se suma el crecimiento de la enseñanza superior privada, que los movilizados interpretan como parte de un modelo que debilita progresivamente el sistema público.
La respuesta de Ayuso y el conflicto abierto
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó el carácter de la huelga y la calificó de protesta política, mientras el Gobierno autonómico defiende el esfuerzo presupuestario que dice estar realizando. Los convocantes rechazan esa interpretación: sostienen que los paros responden a problemas materiales de estudiantes y trabajadores y reclaman una mesa de negociación con compromisos concretos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por denuncias de actuación policial durante una protesta del profesorado. Los colectivos movilizados informaron de la detención de un docente vinculado a la plataforma Menos Lectivas. El incidente se incorpora a una secuencia de tensiones que ya había dejado enfrentamientos y detenciones en anteriores protestas educativas.
Las 48 horas de huelga universitaria han concluido, pero el conflicto no. Las plataformas advierten de nuevas movilizaciones si la Consejería de Educación no abre una negociación real sobre financiación, empleo, infraestructuras y condiciones de estudio. Para quienes sostienen cada día las universidades públicas, la reivindicación es sencilla de formular, aunque exige decisiones políticas y presupuestarias: que los campus cuenten con el personal y los recursos necesarios para funcionar sin convertir la precariedad en norma.
