El Partido Popular y Vox han reclamado la desconvocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, convocada en defensa del derecho a la vivienda, los salarios dignos y los servicios públicos. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal coinciden en exigir que se suspenda la protesta, aunque sus argumentos no son idénticos. Las organizaciones movilizadas mantienen el llamamiento a parar.
La petición de desconvocatoria llega después de que los sindicatos y colectivos por la vivienda registraran la huelga. Los convocantes mantienen sus exigencias sobre alquileres, poder adquisitivo y financiación de los servicios públicos.
Feijóo pide suspender la convocatoria tras el accidente ferroviario
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que los sindicatos reconsiderasen la convocatoria tras el grave accidente ferroviario de Urda. Aseguró que respeta el derecho de huelga, pero calificó de error mantener la movilización en esas circunstancias. También presentó la protesta como una iniciativa dirigida contra la oposición, a pocas semanas de las elecciones generales.
Esa interpretación política contrasta con el contenido de las reivindicaciones. El 11-N está planteado como una jornada de protesta sobre cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de la clase trabajadora: el precio de los alquileres, la precariedad, los salarios y los servicios esenciales. La convocatoria estaba en marcha antes de la tragedia ferroviaria.
Vox también exige desconvocar la jornada
Santiago Abascal se sumó a la exigencia de suspender la convocatoria, pero vinculó su rechazo al supuesto carácter partidista de la huelga. El dirigente de Vox acusó a las centrales sindicales de actuar movidas por intereses políticos y cuestionó su papel como representantes de las personas trabajadoras.
Las palabras de ambos dirigentes vuelven a colocar en el punto de mira al movimiento sindical. Mientras PP y Vox discuten el sentido político de la jornada, los convocantes insisten en que la falta de vivienda asequible, los salarios que no llegan a fin de mes y la situación de los servicios públicos son problemas que no desaparecen porque se suspenda una convocatoria de huelga.
La vivienda y los salarios siguen siendo el centro de las reivindicaciones
El movimiento por la vivienda rechaza que se utilice el contexto político para desactivar la protesta. El Sindicato de Inquilinas ha recordado que desconvocar la huelga no abarata los alquileres ni ofrece una salida a los hogares que destinan gran parte de sus ingresos a pagar un techo. Los colectivos que impulsan la movilización reclaman medidas efectivas para frenar la crisis habitacional y mejoras económicas para las personas asalariadas.
La jornada también servirá para denunciar las deficiencias de los servicios públicos y exigir condiciones laborales que permitan vivir con dignidad. Los organizadores mantienen que son reivindicaciones sociales y laborales, no una cuestión subordinada a las estrategias electorales de los partidos.
La controversia llega a Les Corts Valencianes
En el País Valencià, Compromís ha criticado la petición de Feijóo de desconvocar el paro y ha denunciado las presiones sobre los representantes de los trabajadores. Su diputado Alberto Ibáñez ha recordado el historial de políticas laborales del PP y ha rechazado que se utilice la tragedia de Urda para deslegitimar la movilización.
A ello se añade la decisión de PP y Vox de mantener la sesión de Les Corts Valencianes prevista para el propio 11 de noviembre. Compromís había solicitado aplazarla para facilitar la participación en la huelga y ha anunciado que no asistirá al pleno y renunciará a la retribución correspondiente. El PSPV, pese a apoyar las reivindicaciones, prevé acudir a la sesión.
La convocatoria está registrada y la patronal anuncia una impugnación
El enfrentamiento va más allá de las declaraciones de los partidos. La huelga general fue registrada ante el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre por una representación de organizaciones entre las que se encuentran CGT, CNT, CCOO, UGT y la Unión de Actores y Actrices. Ese mismo día, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció la intención de la patronal de impugnar la convocatoria. La advertencia sitúa también en el terreno jurídico una movilización que los sindicatos consideran plenamente amparada por el derecho fundamental de huelga.
No todos los sindicatos participan con idénticas estructuras ni han registrado la huelga de la misma forma en cada territorio. En Andalucía, Ceuta y Melilla, CGT registró expresamente una convocatoria de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00 del 11 de noviembre. Para los trabajos a turnos, el paro contempla el último turno iniciado antes de medianoche y la finalización del último turno comenzado durante el día de huelga, incluso cuando termine el 12 de noviembre.
Reivindicaciones concretas: jornada, alquileres y estabilidad laboral
La CNT ha desarrollado una tabla reivindicativa que permite concretar el alcance del paro. Propone aumentos generalizados de salarios, una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 30 horas semanales, mejoras de las pensiones públicas y mayor estabilidad en el empleo. En materia de vivienda, plantea que el coste del alojamiento no supere un tercio del salario neto mensual de las personas trabajadoras.
Entre otras medidas, la organización anarcosindicalista defiende contratos de alquiler indefinidos, regulación eficaz de los precios, protección frente a las subidas abusivas, límites a la especulación inmobiliaria y actuaciones sobre viviendas vacías en manos de grandes propietarios. Su planteamiento conecta directamente el precio del techo con las condiciones laborales: una subida salarial puede quedar anulada cuando el alquiler absorbe casi todo el incremento.
Los sindicatos cuestionan la presión política sobre su autonomía
La reacción de las centrales mayoritarias incluye una defensa de la autonomía sindical frente a los partidos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha reprochado a Feijóo que no plantee ninguna solución material que justifique suspender el paro. En su respuesta ha señalado la necesidad de reforzar la sanidad, la educación y el transporte ferroviario. Unai Sordo, de CCOO, ha insistido en que las exigencias salariales, la vivienda asequible y la inversión pública se dirigen al gobierno que corresponda, independientemente de su color político.
El conflicto también tiene una dimensión de relaciones laborales de cara al próximo Ejecutivo. Las organizaciones sindicales han interpretado como una advertencia las palabras de dirigentes de PP y Vox sobre las consecuencias políticas de mantener la huelga, en un momento en el que los partidos piden cambios en el calendario de movilizaciones mientras continúan sus actividades electorales.
Cataluña fija servicios mínimos para el transporte y los servicios esenciales
La Generalitat de Catalunya publicó el 5 de noviembre la orden de servicios mínimos aplicable a la jornada. En el transporte público urbano e interurbano, incluidos Rodalies, Regionales, el metro de Barcelona, los autobuses de TMB, FGC y el tranvía, se garantiza el 25 % del servicio habitual en las horas punta: de 6:30 a 9:30 y de 16:30 a 21:00. Fuera de esas franjas no se establece ese porcentaje mínimo de circulación.
La orden regula también la atención urgente y esencial. En las residencias se prevé, con carácter general, el servicio de un festivo; si la plantilla festiva coincide con la de un laborable, se garantiza el 85 %. Se contemplan asimismo los servicios de emergencias, teleasistencia, atención a menores, justicia de guardia, suministros imprescindibles y transporte sanitario. Estos porcentajes corresponden a Cataluña y no deben confundirse con los que puedan establecer otras administraciones.
El 11-N sigue adelante
Con la fecha cada vez más cerca, las organizaciones convocantes continúan preparando paros, asambleas y movilizaciones. El debate sobre la oportunidad de la huelga no altera el fondo de las demandas que la han impulsado: poder pagar una vivienda, contar con un salario suficiente y defender los derechos laborales y los servicios públicos.
La convocatoria del 11 de noviembre se mantiene. La última palabra sobre la participación corresponde a quienes están llamados a secundarla en los centros de trabajo y en las calles.
Agencias Confederales | Sindicalismo.org
