La protesta por el precio de la vivienda y el coste de la vida empieza a organizarse más allá de las fronteras estatales. Colectivos de inquilinas, sindicatos y movimientos sociales de siete países europeos han acordado movilizaciones coordinadas para los días 20, 21 y 22 de noviembre. La iniciativa, debatida en París el pasado 3 de noviembre, enlaza las reivindicaciones por el alquiler con los salarios, las pensiones y la defensa de los servicios públicos.
El acuerdo llega mientras organizaciones de vivienda y sindicatos preparan en el Estado español la huelga general del 11 de noviembre. Entre ambas fechas apenas hay nueve días. Sus convocantes quieren que la protesta no termine en una jornada aislada y que las experiencias de los barrios, los centros de trabajo y las asociaciones de inquilinos puedan sostenerse también mediante coordinación internacional.
La reunión de París fue impulsada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español. Participaron representantes y colectivos de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Portugal, Italia y el Estado español. No se ha anunciado una huelga general simultánea en los siete países: lo acordado es un marco común de movilizaciones, cuyas manifestaciones y acciones concretas deberán precisar las organizaciones de cada territorio.
La vivienda aparece en el centro de las reivindicaciones porque el aumento del alquiler consume una parte creciente de los ingresos disponibles. Para una familia trabajadora, una subida de la renta no es una cuestión separada de la nómina: determina cuánto queda para alimentos, transporte, suministros y cuidados. Quien teme perder su casa dispone además de menos margen para rechazar condiciones laborales abusivas o sostener una huelga. Esa relación entre vivienda y trabajo es uno de los puntos que las organizaciones reunidas en París quieren llevar a las calles.
El programa compartido reclama medidas que permitan rebajar los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, recuperar poder adquisitivo mediante aumentos salariales y de pensiones y garantizar servicios públicos universales. La plataforma también plantea una fiscalidad más exigente para las grandes fortunas y la defensa del derecho al trabajo y de la regularización de las personas migrantes. El acceso a un hogar, sostienen los colectivos, no debería depender de aceptar un salario insuficiente ni de competir con otros trabajadores en situaciones de mayor precariedad.
Otro asunto del acuerdo es el reparto del gasto público. Los participantes rechazan que el incremento de los presupuestos militares y las exigencias de pago de la deuda sirvan de argumento para nuevos recortes sociales. Relacionan esta crítica con la defensa de la sanidad y la educación públicas, además de exigir el abandono de los combustibles fósiles. Son reivindicaciones distintas, pero comparten una misma pregunta: quién soporta los costes de las decisiones económicas y quién recibe sus beneficios.
La coordinación reúne movimientos con trayectorias diferentes. En Francia figuran organizaciones como CGT, Solidaires y Droit au Logement, junto a sectores estudiantiles y de los chalecos amarillos. En Reino Unido participan London Renters Union y Greater Manchester Tenants Union; desde Portugal se han incorporado colectivos de vivienda y ecologistas, y desde Italia la organización USB-ASIA. También hay representación belga y griega. La diversidad de sus formas de organización es precisamente uno de los retos: pasar de una declaración compartida a acciones que se mantengan en cada ciudad.
Las movilizaciones previstas para el 20, 21 y 22 de noviembre todavía necesitan concreción territorial. No se deben dar por confirmados recorridos, horarios o paros que sus convocantes aún no hayan anunciado. Lo que sí está acordado es la voluntad de coordinar la protesta durante esas tres jornadas, después de un noviembre marcado por las huelgas y reivindicaciones sociales en distintos países.
En las pancartas de las movilizaciones por la vivienda se repite una idea sencilla: el salario no alcanza cuando el alquiler se lleva una parte desmesurada del ingreso. La reunión de París intenta convertir esa denuncia en una respuesta organizada que una a quienes pagan rentas, trabajan en condiciones precarias o sostienen servicios públicos cada vez más presionados. El resultado de esa coordinación se medirá en las calles y en los centros de trabajo, no solo en el texto de su convocatoria.
