El avance de CGT en El Corte Inglés se ha convertido en el centro de una nueva disputa sindical a las puertas de las elecciones del 20 de noviembre. La sección sindical estatal denuncia presiones sobre trabajadores que quieren integrar sus candidaturas, posibles interferencias empresariales y obstáculos a su actividad en centros de Madrid, Barcelona y Andalucía. El sindicato exige explicaciones a la dirección y reclama que las votaciones se desarrollen sin intimidaciones ni injerencias.
La organización sostiene que no se trata de un incidente aislado. Desde que comenzó a organizarse en la empresa a finales de 2022, su actividad se ha extendido desde Madrid a Barcelona, Málaga, Granada, Sevilla, Albacete y Galicia. En ese tiempo ha impulsado protestas, reclamaciones ante la Inspección de Trabajo y procedimientos judiciales para denunciar las condiciones de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para ejercer la actividad sindical.
Las denuncias más concretas se concentran en Madrid. En el centro de Goya, CGT afirma haber recibido información sobre posibles ofrecimientos de salidas indemnizadas vinculadas a la retirada de personas de sus listas y a su incorporación a candidaturas de otras organizaciones. También pide aclaraciones sobre determinadas gratificaciones reflejadas en nóminas y sobre cambios o promociones profesionales coincidentes con el proceso electoral. El sindicato ha solicitado formalmente explicaciones a Recursos Humanos. Son hechos denunciados y pendientes de esclarecimiento, no irregularidades acreditadas por una resolución judicial.
En los centros madrileños de Preciados y Princesa, la sección sindical señala que algunas personas que inicialmente habían expresado su intención de presentarse en sus candidaturas acabaron renunciando. CGT reclama averiguar si estas decisiones fueron libres o si estuvieron condicionadas por presiones. En Alcalá de Henares también ha detectado circunstancias que considera preocupantes durante la preparación de las elecciones.
En Barcelona, la denuncia apunta a responsables de jefatura que, según testimonios recibidos por CGT, habrían reunido a grupos de trabajadores para desaconsejar la implantación del sindicato. Algunos mensajes habrían llegado a asociar su presencia con la posibilidad de cierre de establecimientos. La organización considera especialmente graves estas advertencias por su potencial efecto intimidatorio y anuncia actuaciones para ponerlas en conocimiento de los organismos competentes.
En Andalucía el conflicto presenta varias vertientes. En Málaga, donde CGT ya impugnó calendarios electorales que considera contrarios al Estatuto de los Trabajadores y al reglamento de elecciones sindicales, denuncia advertencias sobre posibles consecuencias laborales para quienes apoyen sus listas. También afirma haber recibido testimonios que mencionan supuestas listas negras. En Granada señala restricciones para comunicarse con las plantillas y desarrollar su actividad en condiciones comparables a las de otras organizaciones.
La organización cuestiona, además, el funcionamiento de determinadas mesas electorales. En Madrid reclama documentación sobre la designación de sus integrantes, las sustituciones y la presencia de responsables empresariales en su constitución. Su exigencia es que las mesas conserven la autonomía que les reconoce la normativa y que ni la dirección ni los sindicatos participantes se apropien de decisiones que corresponden exclusivamente a esos órganos.
El trasfondo es una disputa sobre el modelo de representación en una de las mayores empresas del comercio español. CGT critica la actuación histórica de Valorian y Fetico y considera insuficiente la respuesta de las organizaciones sindicales mayoritarias ante reclamaciones que afectan a salarios, jornadas y derechos colectivos. Se trata de una valoración sindical en un contexto de competencia electoral; las diferencias entre organizaciones no justifican presiones sobre ninguna candidatura ni condicionamientos a las trabajadoras.
La compañía comunicó un beneficio neto de 628 millones de euros en su último ejercicio, un 22,8 % más que el anterior. CGT contrapone esas cifras a las reivindicaciones laborales pendientes. Su movilización del 7 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de las rebajas, marcó uno de los primeros momentos de visibilidad pública de una organización que ahora quiere consolidar su representación en los comités de empresa.
El derecho a afiliarse, organizar secciones sindicales y concurrir a elecciones está protegido por el artículo 28 de la Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Cualquier indicio de coacción o discriminación por razón sindical exige una investigación y garantías efectivas para quienes participan. La libertad de elegir representantes pierde su sentido si una persona teme perder oportunidades profesionales, recibir represalias o quedar señalada por apoyar una lista.
CGT pide a El Corte Inglés neutralidad durante el proceso, respuestas documentadas a las incidencias comunicadas y garantías de igualdad para todas las candidaturas. También anuncia que recurrirá a las vías sindicales, administrativas y judiciales que considere necesarias. Las acusaciones que formula deberán contrastarse; lo que ya está abierto es un conflicto sobre las condiciones reales en que las plantillas pueden ejercer su libertad sindical.
Con las elecciones del 20 de noviembre a la vista, la cuestión rebasa los resultados de una votación. En una empresa con miles de trabajadores, lo decisivo es que ningún mando, departamento ni sindicato pueda decidir de hecho quién tiene derecho a organizarse. La representación laboral debe depender de la voluntad de las plantillas, no de su capacidad para resistir presiones.
Mesa de Conflictos · Sindicalismo.org
