El derecho de huelga no puede depender de que la Administración decida cuánta protesta está dispuesta a tolerar. Sin embargo, en la sanidad pública, la imposición de servicios mínimos puede dejar a miles de trabajadoras y trabajadores sin la posibilidad real de secundar un paro. Ante la huelga general del 11 de noviembre, vuelve a abrirse una contradicción que los sucesivos gobiernos no han resuelto: cómo garantizar la asistencia imprescindible a los pacientes sin convertir esa obligación en una excusa para mantener la actividad ordinaria de los hospitales.
La regulación que permite fijar esos servicios sigue apoyándose en el Real Decreto-ley 17/1977, aprobado antes de la Constitución. Casi medio siglo después, el Estado continúa recurriendo a una norma nacida en plena transición política para delimitar uno de los derechos más importantes de la clase trabajadora. La Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantías para los servicios esenciales, pero eso no equivale a entregar a las administraciones un poder ilimitado sobre quién puede parar y quién no.
El Tribunal Constitucional ya estableció en su sentencia 27/1989, relativa precisamente a los servicios mínimos en el Hospital de Sagunto, que el carácter esencial de la sanidad no autoriza a suprimir la huelga. Lo necesario es preservar la cobertura mínima de los derechos afectados, no garantizar el rendimiento habitual ni el funcionamiento normal del servicio. La sentencia 8/1992 insiste además en que los mínimos deben responder a circunstancias concretas y a una ponderación proporcionada. No son una cifra que pueda imponerse sin justificación.
Precisamente ahí está el núcleo del conflicto. La atención a una urgencia, un parto, una diálisis o una intervención que no puede aplazarse exige personal disponible. Nadie discute que deba protegerse la vida y la salud. Lo que se cuestiona es que se asimilen a esas necesidades otras tareas programadas que podrían reorganizarse, y que se eleven las dotaciones hasta convertir una jornada de huelga en un día de actividad prácticamente normal. Cuando sucede, la palabra «mínimos» pierde su significado.
La paradoja resulta especialmente dura en una sanidad que funciona habitualmente con plantillas tensionadas, turnos difíciles de cubrir y profesionales que soportan cargas de trabajo elevadas. Quienes mantienen abiertos los hospitales durante todo el año ven cómo, al llegar una huelga, la necesidad de atención se invoca para limitar su capacidad de protesta. La protección de los pacientes debe ser una obligación diaria de los gobiernos, no una preocupación que aparezca únicamente cuando los trabajadores anuncian que van a parar.
En la Comunidad de Madrid, las críticas se concentran en la utilización de dotaciones equivalentes a jornadas festivas, guardias y refuerzos en determinados servicios. El problema no consiste solamente en cuántas personas son designadas, sino también en qué actividad se pretende mantener. Si la administración conserva agendas y prestaciones que no responden a una urgencia inaplazable, la huelga pierde fuerza sin que eso signifique necesariamente una mejor protección de las necesidades esenciales.
Los servicios mínimos abusivos tampoco se corrigen por el mero hecho de que exista la posibilidad de recurrirlos. Una resolución judicial posterior puede reconocer que se lesionó el derecho de huelga, pero no devuelve a la plantilla la jornada de protesta que no pudo realizar. De ahí la importancia de la motivación previa, la transparencia y el control efectivo de cada decisión administrativa. La organización colectiva no debería quedar reducida a impugnar meses después lo que ya se impuso el día del paro.
La huelga del 11-N, convocada en torno a la vivienda, los salarios y los servicios públicos, afecta directamente a quienes trabajan en sanidad. También pagan alquileres, sufren el encarecimiento de la vida y dependen de unas plantillas suficientes para cuidar con seguridad. El deterioro de sus condiciones de trabajo y las dificultades de acceso a la vivienda no desaparecen al cruzar la puerta del hospital. Son parte de los mismos problemas sociales que han llevado a convocar la movilización.
Una sanidad pública fuerte necesita atención garantizada para quienes no pueden esperar y derechos efectivos para quienes la sostienen. Son objetivos compatibles. Lo que no es defendible es presentar cualquier reducción de actividad como un peligro para los pacientes mientras se aceptan durante el resto del año carencias de personal, demoras y sobrecargas. Exigir servicios mínimos estrictamente necesarios, proporcionados y debidamente justificados no supone debilitar la sanidad pública: supone impedir que su carácter esencial se utilice para vaciar de contenido un derecho constitucional.
La cuestión de fondo sigue abierta desde 1977. La falta de una regulación democrática que evite los abusos y establezca garantías eficaces deja demasiado margen para que cada huelga se convierta en una batalla contra designaciones obligatorias. El derecho de huelga tiene que poder ejercerse también en los sectores esenciales, con la protección asistencial indispensable y sin convertir esa protección en una prohibición encubierta. De lo contrario, el personal sanitario seguirá teniendo reconocido sobre el papel un derecho que en demasiadas ocasiones apenas puede ejercer.
