El Ministerio del Interior ha fijado este viernes 6 de noviembre los servicios mínimos que Correos deberá mantener durante la huelga general del 11-N. La orden, firmada por Fernando Grande-Marlaska y publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece el 50 % del personal de reparto en numerosas unidades, el 25 % en determinados centros de tratamiento postal y, para la atención electoral en parte del ámbito rural, la cobertura del 100 % del servicio habitual. La CGT había rechazado estos porcentajes en una reunión urgente con la empresa y considera que pueden vaciar de contenido el derecho de huelga de miles de empleados.
La resolución sitúa el centro de la controversia en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Interior sostiene que debe garantizar el voto por correo, la documentación censal y otros envíos vinculados al proceso electoral. El sindicato cuestiona que esas necesidades justifiquen una restricción tan amplia en una jornada concreta, especialmente cuando, según las instrucciones internas de Correos citadas por CGT, la campaña de trabajo electoral comenzaría el 13 de noviembre, dos días después de la huelga.
Unos porcentajes que afectan a oficinas, reparto y centros logísticos
El texto oficial concreta las dotaciones obligatorias en distintos servicios. En oficinas con hasta cuatro trabajadores fija una persona por turno; en las que tienen entre cinco y ocho, dos; y en las de mayor tamaño, tres. Además, exige que uno de los efectivos asignados sea el responsable de la oficina. Para determinados servicios rurales con atención habitual al público, la orden contempla la cobertura íntegra de las funciones electorales.
En las unidades de distribución y servicios rurales se establece el 50 % de la plantilla de reparto, con un mínimo de un trabajador, más el personal responsable. Los Servicios Especiales también deberán contar con el 50 % de los efectivos de cada turno para la documentación electoral. Los centros de tratamiento automatizado de distintas ciudades, entre ellas València, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Madrid, deberán disponer de un 25 % de personal en las tareas señaladas. En la sede central, los contingentes previstos representan, según la orden, menos del 10 % de la plantilla afectada.
No son cifras que proponga ya únicamente la dirección de Correos: desde su publicación en el BOE se trata de mínimos establecidos formalmente por la autoridad gubernativa. Esa diferencia es decisiva. La CGT había advertido de que la empresa carece de competencia para imponerlos por sí sola, una atribución reservada a la autoridad pública. Ahora el debate se traslada a la proporcionalidad de la orden y a la posibilidad de impugnar sus disposiciones.
CGT denuncia una limitación desproporcionada del derecho de huelga
La organización anarcosindicalista afirma que la empresa convocó con muy poca antelación una reunión con CGT, CCOO y UGT y trasladó una propuesta de servicios mínimos que considera abusiva y deficientemente justificada. El sindicato pregunta qué cantidad de correspondencia electoral se prevé realmente para el 11 de noviembre y por qué no podrían anticiparse o aplazarse determinadas operaciones. A su juicio, fijar porcentajes genéricos sin demostrar el perjuicio concreto que evitarían impide valorar si la restricción es verdaderamente imprescindible.
La controversia enfrenta dos derechos que deben ser protegidos: el ejercicio de la huelga y el derecho de sufragio de los ciudadanos. La existencia de una obligación de servicio público no supone, por sí sola, que cualquier porcentaje de actividad resulte proporcionado. Los servicios mínimos deben motivarse y limitarse a lo indispensable. La orden ministerial defiende que ha ponderado la carga de trabajo electoral prevista y las características de cada centro; CGT sostiene que faltan explicaciones suficientes y anuncia que recurrirá por las vías judiciales si aprecia vulneraciones del derecho fundamental.
El sindicato vincula además este debate a un problema anterior al 11-N: la falta estructural de personal. Si Correos necesita refuerzos para prestar los servicios electorales, argumenta CGT, debe contratar y planificar la campaña en lugar de recurrir a una jornada de huelga para garantizar con la plantilla habitual toda la operativa. La organización ya había reclamado contrataciones extraordinarias ante la coincidencia de las elecciones y el aumento estacional de actividad.
El 11-N, entre la huelga por salarios y vivienda y las elecciones del 29-N
La huelga general del 11 de noviembre está convocada por distintas organizaciones sindicales y cuenta con una convocatoria de jornada completa de CGT. Entre sus reivindicaciones figuran la recuperación del poder adquisitivo y el acceso a una vivienda digna, asuntos que atraviesan también la situación de las plantillas postales. La discusión sobre los servicios mínimos se produce, por tanto, a pocos días de una movilización que pretende trasladar el conflicto social a los centros de trabajo.
La orden no significa que la huelga esté suspendida ni que todos los empleados de Correos deban trabajar. Determina qué tareas y efectivos deben mantenerse para garantizar los servicios considerados esenciales, y será la empresa quien designe individualmente a los trabajadores afectados. Quienes no estén incluidos en esos servicios podrán ejercer el derecho de huelga en los términos legalmente previstos.
El paso siguiente será conocer la respuesta sindical definitiva y si llega a plantearse un recurso contra la resolución. De momento, el Gobierno ha establecido los porcentajes, mientras CGT mantiene su oposición. El desacuerdo va más allá de una discusión de cuadrantes: pone en cuestión hasta dónde pueden llegar las limitaciones de una huelga cuando una empresa pública debe atender simultáneamente obligaciones electorales y derechos laborales.
