El 21 de octubre de 1969, Zelda D’Aprano rodeó su cintura con una cadena y se sujetó a las puertas del Commonwealth Building de Melbourne. No fue una acción simbólica desvinculada de los centros de trabajo: D’Aprano era obrera, delegada sindical y empleada del sindicato de la industria cárnica. Se encadenó porque una resolución presentada como conquista había dejado fuera, en la práctica, a la mayoría de las trabajadoras australianas.
Los hombres decidían cuánto valía el trabajo de las mujeres
D’Aprano había empezado a trabajar a los catorce años. Pasó por varias fábricas, donde protestó contra condiciones inseguras y conoció pronto el precio de levantar la voz: perdió empleos y fue señalada como conflictiva. Más tarde trabajó como auxiliar dental, se formó como enfermera dental y ejerció como delegada en la Hospital Employees Federation. Su conciencia feminista no nació al margen del movimiento obrero, sino dentro de empleos mal pagados y organizaciones en las que las mujeres sostenían buena parte del trabajo, pero apenas ocupaban los espacios de decisión.
En 1969 trabajaba en las oficinas del Australasian Meat Industry Employees’ Union. Ese sindicato y el Australian Council of Trade Unions impulsaron ante la Commonwealth Conciliation and Arbitration Commission una reclamación de igualdad salarial. Durante las sesiones, D’Aprano contempló cómo jueces, abogados y dirigentes varones discutían el valor del trabajo femenino mientras las trabajadoras permanecían como espectadoras de su propia causa.
La resolución del 19 de junio reconoció el principio de «igual salario por igual trabajo», pero con un alcance muy limitado. Solo beneficiaba a mujeres que realizasen esencialmente las mismas tareas que los hombres dentro de una misma clasificación. Quedaban fuera los sectores feminizados, precisamente aquellos cuyos salarios habían sido históricamente rebajados por considerarse “trabajo de mujeres”. Además, la equiparación se aplicaría de manera gradual. La igualdad proclamada en el papel no corregía la desigualdad estructural.
Una cadena prestada y una protesta preparada
D’Aprano decidió romper el silencio. Reconoció previamente las puertas del edificio, consiguió que el sindicato de pintores y estibadores le prestara la cadena y pagó de su bolsillo los candados. También avisó a la prensa: quería que la protesta atravesara el muro de indiferencia que solía ocultar las reivindicaciones de las trabajadoras.
El 21 de octubre se encadenó a la entrada del Commonwealth Building, que albergaba oficinas del Gobierno federal. Varias compañeras recorrieron la acera con pancartas y consignas mientras la policía federal terminaba cortando la cadena. La imagen de una sindicalista inmovilizando con su propio cuerpo las puertas del poder condensó una denuncia sencilla: si las instituciones no escuchaban a las mujeres, las mujeres interrumpirían su funcionamiento.
La acción no se quedó en una fotografía. Diez días después, el 31 de octubre, D’Aprano regresó acompañada por las sindicalistas y maestras Alva Geikie y Thelma Solomon. Las tres se encadenaron a las puertas de la Comisión de Arbitraje, esta vez con material facilitado por la Builders Labourers Federation. Dejaron el paso apenas abierto, obligando a quienes entraban en el edificio a agacharse ante la protesta que habían preferido ignorar.
La lucha también era dentro del movimiento obrero
D’Aprano no reservó sus críticas para el Gobierno y la patronal. Denunció también el paternalismo y la desigualdad dentro de sindicatos y partidos de izquierda. En 1970 fue despedida de su empleo en el sindicato cárnico después de cuestionar las condiciones laborales de su propia oficina y el comportamiento de sus dirigentes. Al año siguiente abandonó el Partido Comunista de Australia, aunque mantuvo intacto su compromiso con la clase trabajadora.
Junto con Geikie, Solomon y otras activistas fundó en 1970 el Women’s Action Committee. El colectivo llevó la desigualdad salarial a la calle con acciones directas y comprensibles. En una de ellas, sus integrantes pagaron solamente una parte del billete del tranvía: si cobraban menos que los hombres, argumentaban, no debían pagar la misma tarifa. No pedían un privilegio, sino que exponían públicamente el absurdo de una sociedad que exigía a las mujeres pagar el cien por cien mientras toleraba salarios recortados.
De la protesta a una conquista todavía incompleta
En 1972, la Comisión de Arbitraje adoptó un principio más amplio: igual salario por trabajo de igual valor. Aquella decisión no puede atribuirse a una sola persona ni cerró de golpe la brecha salarial, pero llegó después de décadas de organización sindical femenina y de una campaña que D’Aprano ayudó a sacar de los tribunales para colocarla en el espacio público.
La jornada del 21 de octubre de 1969 recuerda que las conquistas laborales rara vez aparecen como concesiones completas. A veces llegan recortadas, excluyen a quienes más las necesitan y obligan a continuar la pelea. Zelda D’Aprano convirtió esa insuficiencia en acción colectiva y señaló una contradicción que sigue interpelando al sindicalismo: no es posible combatir la explotación mientras se tolera la desigualdad dentro de las propias filas.
