El 25 de octubre de 1996, Toronto amaneció cruzada por piquetes. El transporte público se detuvo, no hubo reparto de correo ni recogida normal de basura, cerraron dependencias administrativas, escuelas, obras y numerosas fábricas. La mayor ciudad de Canadá vivió una huelga política de escala excepcional: trabajadores de sectores públicos y privados abandonaron sus puestos para responder a la ofensiva antisindical y a los recortes del Gobierno conservador de Ontario.
La «revolución» de los recortes
Mike Harris había llegado al poder provincial en junio de 1995 con un programa bautizado como «Revolución del Sentido Común». Bajo aquel lema se aplicó una reducción del 21,6% en las prestaciones sociales, se impulsó el trabajo obligatorio para personas beneficiarias de ayudas y se recortaron fondos de sanidad, educación, guarderías y servicios municipales. Miles de empleos públicos quedaron amenazados mientras el Gobierno prometía importantes rebajas fiscales.
La legislación laboral también fue uno de los primeros objetivos. La Ley 7, aprobada en 1995, derogó reformas favorables a la organización sindical, facilitó que las empresas recurrieran a trabajadores sustitutos durante las huelgas y debilitó mecanismos de reconocimiento de los sindicatos. El conflicto no se limitaba, por tanto, a una disputa presupuestaria: estaba en juego la capacidad de la clase trabajadora para defender colectivamente sus condiciones.
Los Días de Acción
La respuesta tomó una forma poco habitual. La Federación del Trabajo de Ontario, consejos sindicales locales y organizaciones comunitarias pusieron en marcha los llamados Días de Acción: huelgas de una jornada y manifestaciones que iban rotando de ciudad en ciudad. La primera se celebró en London en diciembre de 1995; después llegaron Hamilton, Kitchener-Waterloo, Peterborough y otras localidades. Cada convocatoria combinaba el poder de paralización de los sindicatos con la movilización de colectivos vecinales, estudiantiles, feministas y contra la pobreza.
Toronto representaba el desafío decisivo. Era el centro financiero y empresarial del país, con millones de habitantes y grandes concentraciones de empleo industrial y público. La preparación exigió meses de asambleas y coordinación entre sindicatos de la automoción, empleados públicos, docentes, trabajadores postales, municipales, hoteleros, del vestido y de la construcción. Al mismo tiempo, centenares de organizaciones sociales convirtieron la protesta laboral en una defensa común de los servicios públicos.
Una ciudad detenida desde las cinco de la mañana
El viernes 25, los piquetes comenzaron alrededor de las cinco de la mañana. Se desplegaron ante unos 300 centros de trabajo y puntos estratégicos del área metropolitana. El metro, los tranvías y los autobuses quedaron fuera de servicio; se interrumpieron actividades municipales, postales y administrativas; cerraron plantas industriales y obras, y la mayoría de los centros escolares no funcionó. Los hospitales mantuvieron la atención imprescindible, pero aplazaron intervenciones no urgentes.
No todos los participantes podían acogerse legalmente a una huelga convencional. La protesta no se dirigía contra un empleador concreto ni formaba parte de una negociación colectiva, sino que impugnaba la política de todo un Gobierno. Hubo amenazas empresariales, peticiones de órdenes judiciales y resoluciones contra determinados piquetes. Algunas personas utilizaron días libres o vacaciones; otras asumieron abiertamente el riesgo disciplinario. Pese a esas presiones, el paro alteró la actividad económica de Toronto y mostró una fuerza sindical que la ofensiva conservadora pretendía presentar como cosa del pasado.
Del piquete a la multitud
La movilización continuó el sábado 26 con una marcha hacia Queen’s Park, sede del Parlamento de Ontario. Las estimaciones oscilaron entre las 75.000 personas calculadas por la policía y las cerca de 300.000 anunciadas por la organización; buena parte de la memoria sindical sitúa la participación en torno a 250.000. Incluso la cifra más prudente la convirtió en una de las mayores protestas políticas de la historia canadiense.
El Gobierno de Harris no retiró inmediatamente su programa. Continuó los recortes y avanzó en la reestructuración de servicios públicos. Sin embargo, los Días de Acción erosionaron su legitimidad, retrasaron parte de la agenda y mantuvieron una oposición social organizada cuando la mayoría parlamentaria parecía cerrar cualquier salida institucional. Hasta 1998 se celebraron once huelgas y jornadas de protesta en distintas ciudades de Ontario.
La experiencia del 25 de octubre dejó una enseñanza que desborda su tiempo y su país. La huelga política puede unir conflictos dispersos —salarios, derechos sindicales, educación, sanidad, vivienda o prestaciones— cuando reconoce que todos forman parte de una misma disputa por el reparto de la riqueza y el poder. Durante una jornada, Toronto comprobó que una ciudad no funciona por decisión de los gobiernos ni de los mercados: funciona porque su gente trabaja, y puede detenerse cuando esa gente actúa en común.
