Los hechos se produjeron la tarde del viernes 3 de julio, cuando varios integrantes del Sindicato de Estudiantes intentaron acceder a su sede y encontraron la cerradura dañada. Tras entrar en el local y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el interior, comprobaron que el concejal elegido por Vox, Juanma Badenas, había irrumpido en las dependencias acompañado por otras dos personas, una de las cuales estaba realizando una grabación en vídeo.
El colectivo denunció la entrada de estas personas y anunció su intención de acudir a la vía judicial al considerar que «se han traspasado líneas rojas».
En la querella, la representación legal del sindicato sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica, tipificado y castigado en el artículo 203.1 del Código Penal.
Según expone el escrito, en este caso «concurren todos los elementos» exigidos por este tipo penal: un acceso realizado contra la voluntad del titular del inmueble, ya sea de forma expresa —mediante la existencia de puertas cerradas u otras señales externas— o tácita, deducida de la propia naturaleza del lugar; la ausencia de consentimiento y el hecho de que la entrada se produjera fuera del horario de apertura.
Asimismo, la querella sostiene que este presunto allanamiento podría concurrir con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, previsto en el artículo 197.1 del Código Penal. En este sentido, señala que la actuación de Badenas y de sus acompañantes «no se limitó a la entrada», sino que incluyó la grabación de vídeos en el interior de los despachos y la revisión de documentación. En el local se encuentran, entre otros documentos, libros de actas y el registro de socios de la organización.
Por todo ello, el Sindicato de Estudiantes solicita que sean llamados a declarar en calidad de investigados Juanma Badenas y dos de sus asesores, así como el representante legal del sindicato, Mario Tercero, en calidad de perjudicado.
Además, la querella solicita que, dado que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, manifestó públicamente haber encargado un informe técnico sobre lo sucedido, el Ayuntamiento aporte dicho documento al procedimiento judicial.
Igualmente, pide que el consistorio informe sobre los protocolos que se aplican en las inspecciones de locales municipales cedidos a entidades, aclarando si estas actuaciones deben realizarse por funcionarios del área competente, si deben levantarse actas oficiales y si las inspecciones han de llevarse a cabo en presencia de las entidades beneficiarias de la cesión.
Por último, el Sindicato de Estudiantes rechaza las declaraciones difundidas por Juanma Badenas en sus redes sociales el pasado 7 de julio, en las que justificó su actuación alegando el interés por cumplir con su obligación como concejal responsable de Patrimonio de garantizar el uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos para las personas usuarias.
Sin embargo, la organización juvenil sostiene en su querella que «nada de la actuación llevada a cabo por los querellados permite considerar que los hechos constituyeran una inspección amparada por la legalidad», por lo que entiende que esas explicaciones «no serían más que un intento de justificar una conducta presuntamente delictiva».
