El sector automotor indio sufrió un golpe por partida doble, ya que el pobre crecimiento económico ya estaba afectando las ventas de la industria antes del fuerte aumento de los casos de COVID-19, cuando la segunda ola azotó al país en abril y mayo de 2021. Si bien los gobiernos provinciales respetaron el confinamiento general, muchos fabricantes pudieron continuar sus actividades y los proveedores de primer nivel siguieron operando sus fábricas.
Seguir trabajando regularmente en las plantas de automóviles puso en peligro la vida de los trabajadores, y muchos se contagiaron. Los trabajadores organizaron manifestaciones en varias plantas automotrices para pedir cierres y mejorar las medidas de seguridad contra la COVID-19 en el área de producción. Muchas empresas utilizaron la pandemia como excusa para negar los aumentos salariales acordados en el convenio colectivo. A su vez, algunas empresas redujeron los salarios de los empleados, alegando haber sufrido pérdidas económicas.
Una gran cantidad de trabajadores subcontratados, aprendices y personas en formación fueron relevados del trabajo y no se les pagó su salario durante los días en que las empresas cerraron debido a la pandemia. Muchos perdieron sus empleos y tuvieron que volver a sus ciudades de origen. Cuando las empresas reanudaron sus actividades después del cierre, despidieron a los empleados subcontratados que habían trabajado en la empresa durante mucho tiempo y subcontrataron a personas nuevas, más jóvenes y con peores salarios. En las industrias automotrices, se aprovecha la Misión Nacional de Mejora de la Empleabilidad (NEEM) pretexto para utilizar a los estudiantes como mano de obra barata. En todo el país, las empresas de este sector casi han dejado de contratar empleados permanentes.
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