La industria de la confección de Bangladés atraviesa su tercera semana de protestas por los salarios y las condiciones de trabajo. Este domingo 15 de noviembre permanecían cerradas 55 fábricas en Savar y Ashulia, dos de los principales polos textiles situados en los alrededores de Daca. La plantilla reclama elevar el salario mínimo mensual de 12.500 a 30.000 takas, acabar con las listas negras y frenar los despidos. Las movilizaciones ya han provocado centenares de suspensiones temporales de actividad, enfrentamientos con la policía y decenas de heridos.
Las primeras protestas de esta oleada se extendieron a finales de octubre y cobraron fuerza el 1 de noviembre. En esa jornada, trabajadores de Mirpur, en la capital, de Ashulia y de Gazipur cortaron carreteras y se concentraron ante los centros de trabajo. Según The Daily Star, 177 fábricas de Savar y Ashulia suspendieron la actividad en distintos momentos del día. Los empleados de Al-Muslim Apparels, Trouser Line Limited y una planta del grupo Newage continuaron sus paros el día siguiente. La protesta no se limitaba al salario mínimo: también se reclamaban soluciones a los atrasos, al exceso de carga de trabajo y a la persecución de quienes se organizan sindicalmente.
El lunes 2 de noviembre el conflicto se agravó. La Policía Industrial comunicó el cierre temporal de 264 fábricas en Savar y Ashulia. También hubo movilizaciones en Gazipur y en el distrito de Mirpur, donde se utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua. La agencia AFP recogió la salida de trabajadores de numerosas factorías y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No todos los cierres correspondían a huelgas dentro de cada empresa: las direcciones también suspendieron turnos o declararon días festivos ante los cortes de carretera y el temor a que la movilización se extendiera.
El 4 de noviembre volvieron a registrarse bloqueos y enfrentamientos en Savar, Ashulia, Gazipur y Narayanganj. La prensa bangladesí informó de al menos 50 heridos, incluidos agentes policiales. Durante la semana siguiente continuaron las protestas en Jamgora, Nischintapur, Narsinghpur, Zirabo y Hemayetpur. El 12 de noviembre, la agencia United News of Bangladesh cifró en más de 150 las fábricas que habían suspendido sus actividades y en al menos 50 los heridos durante los enfrentamientos de esa jornada. Entre los establecimientos afectados mencionó Next Collection, Sterling Style, Setara y Yagi Bangladesh, vinculados al grupo Ha-Meem, en las inmediaciones de la carretera Baipail-Abdullahpur.
El salario, el precio de la vida y la amenaza de cerrar sin pagar
La exigencia de 30.000 takas mensuales —unos 245 dólares al cambio aproximado de noviembre— supone multiplicar por 2,4 el salario mínimo actual de 12.500 takas. El sector emplea a más de cuatro millones de personas, mayoritariamente mujeres, y representa más del 80 % de los ingresos por exportaciones del país. Bangladés es uno de los mayores exportadores mundiales de prendas confeccionadas y suministra ropa a grandes cadenas internacionales. Sin embargo, esa posición en el comercio mundial convive con salarios que muchas familias consideran insuficientes para pagar alquiler, alimentación, transporte y atención médica.
Una investigación publicada por Reuters el 11 de noviembre recogió el caso de Shilpi Khatun, de 27 años, que mantiene a su familia con 13.500 takas mensuales, unos 16.000 cuando realiza horas extraordinarias. Llevaba tres años sin acudir al médico por falta de dinero. Otra trabajadora, Roksana Parveen, explicaba que sus hijas se alimentaban principalmente de arroz y verduras y que una de ellas había tenido que abandonar los estudios por las dificultades económicas. La inflación, que ha promediado alrededor del 9 % desde 2022, ayuda a entender por qué el conflicto salarial ha adquirido semejante dimensión.
El Gobierno constituyó a comienzos de noviembre una comisión salarial para revisar las retribuciones de la industria. La decisión no detuvo las movilizaciones. Algunos trabajadores cuestionaron quiénes los representarían en la negociación y exigieron garantías de que sus reclamaciones llegarían a la mesa. Mientras los sindicatos y los representantes de la plantilla planteaban nuevas cifras salariales, la patronal advertía del incremento de costes y de la competencia de otros países productores. Para el lunes 16 de noviembre está prevista una nueva reunión de la comisión en la que los empresarios deberán presentar una propuesta. Los representantes laborales han llegado a plantear una cifra de 32.000 takas.
La respuesta empresarial se endureció el 14 de noviembre. Tras una reunión de emergencia celebrada en Uttara, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA), presidida por Mahmud Hasan Khan Babu, dio respaldo a las empresas que decidieran cerrar instalaciones al amparo del artículo 13(1) de la Ley Laboral de 2006. La disposición permite suspender la actividad sin abonar salarios cuando la empresa considera que se produce una huelga ilegal. Según el balance empresarial difundido aquel día, 147 fábricas asociadas habían detenido la producción y alrededor de 300.000 trabajadores podían verse temporalmente afectados. Son cifras de la patronal y corresponden a un ámbito y momento diferentes del recuento policial del domingo.
El 15 de noviembre, el superintendente de la Policía Industrial de Ashulia, Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, confirmó 55 fábricas cerradas: 36 bajo el artículo 13(1), otras 14 por tiempo indefinido y cinco por orden verbal. En otros cinco establecimientos, los trabajadores acudieron a sus puestos, pero no reanudaron la producción. La policía aseguró que la mayor parte de las cerca de 800 fábricas del área funcionaban con normalidad y que no se habían registrado nuevos disturbios durante la mañana.
Khairul Mamun Mintoo, secretario de asuntos jurídicos del Bangladesh Garments and Sweaters Workers Trade Union Centre, advirtió de que los cierres sin salario podían reavivar la protesta y pidió negociaciones entre las autoridades, las empresas y los sindicatos. También señaló problemas acumulados de impagos, sobrecarga laboral y maltrato en determinados centros. El conflicto sigue abierto: aunque parte de las fábricas ha reanudado la producción, el salario mínimo todavía está pendiente de negociación y los trabajadores que permanecen fuera de sus puestos afrontan la amenaza de perder sus ingresos mientras reclaman mejores condiciones.
Imagen de archivo de una protesta textil en Ashulia (2024): Apparel Resources.
