Un día después de la huelga general del 11 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso convalidó por 35 votos frente a 34 un decreto que amplía la protección frente a los desahucios, prorroga determinados contratos de alquiler y limita algunas operaciones especulativas. La misma sesión tumbó el segundo decreto, que pretendía establecer la renovación indefinida de los arrendamientos. La votación deja en vigor medidas concretas, aunque lejos de las reivindicaciones de las organizaciones de vivienda que llenaron las calles.
Una mayoría de un solo voto tras la huelga general
La Diputación Permanente del Congreso convalidó el jueves 12 de noviembre el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado por el Gobierno el 6 de octubre, con 35 votos favorables y 34 contrarios. PSOE, Sumar y otras fuerzas parlamentarias permitieron sacar adelante la norma frente al rechazo de PP, Vox y Junts. La decisión llegó apenas veinticuatro horas después de una huelga general que situó en primer plano los alquileres, los desahucios y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora.
La coincidencia entre la movilización y la convalidación parlamentaria es significativa, aunque la norma ya había sido aprobada por el Ejecutivo antes de la huelga. Las movilizaciones habían elevado el coste político de seguir aplazando respuestas a una crisis que afecta a familias trabajadoras de todo el Estado.
Desahucios: protección hasta 2030, con condiciones y excepciones
El decreto establece mecanismos para suspender procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Las condiciones dependen del tipo de propietario y de la situación económica de quienes habitan la vivienda. No constituye una prohibición general de todos los desahucios: la protección está condicionada y contempla excepciones, entre ellas ciertos supuestos de pequeños propietarios vulnerables.
Cuando se trata de procedimientos por impago y la administración autonómica no ofrece una alternativa residencial, la norma le atribuye obligaciones para evitar el desahucio mediante el pago de cantidades pendientes. Son instrumentos de protección importantes para quienes están al borde de perder su casa, pero su eficacia dependerá de la actuación de los juzgados y de las administraciones responsables.
Alquileres, fondos inmobiliarios y límites de la reforma
Entre las disposiciones convalidadas se incluyen medidas de prórroga temporal de determinados contratos y de limitación de actualizaciones de renta, además de restricciones hasta 2030 a la compra de viviendas por fondos, grandes tenedores y otras entidades cuando el precio sea inferior al 70 % del valor de mercado, con excepciones para usos sociales o asequibles. La norma combina estas restricciones con incentivos fiscales y mecanismos de financiación para la adquisición de vivienda.
Sin embargo, el segundo decreto del Gobierno, el que proponía renovar automáticamente los contratos de alquiler sin límite temporal y establecer mayores compensaciones cuando el arrendador quisiera recuperar la vivienda, fue rechazado. La Diputación Permanente dejó así fuera una de las medidas con mayor alcance sobre la estabilidad residencial de las personas inquilinas.
La vivienda sigue siendo un conflicto de clase
Para millones de asalariados, el precio de la vivienda absorbe una parte creciente de su sueldo y condiciona la posibilidad de independizarse, cambiar de empleo o sostener un hogar. Las medidas parlamentarias pueden frenar algunas de las situaciones más graves, pero no suprimen el poder que tienen grandes propietarios y fondos sobre el mercado del alquiler, ni garantizan por sí solas una oferta pública suficiente.
La huelga del 11-N volvió a vincular la reivindicación de vivienda con salarios, condiciones laborales y capacidad de organización colectiva. La votación del Congreso confirma que ese debate ha entrado en el centro de la disputa política. También muestra sus límites: una mayoría mínima salvó un conjunto de medidas, mientras la propuesta de reforzar de forma más duradera los contratos de las familias inquilinas quedó fuera.
El escenario seguirá abierto ante las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. El PP ha anunciado su intención de derogar las medidas si llega al Gobierno. Mientras tanto, sindicatos y movimientos por la vivienda tienen por delante la tarea de vigilar su aplicación y mantener la presión para que el derecho a tener un techo no dependa de la rentabilidad inmobiliaria.
Imagen destacada: movilización por el derecho a la vivienda en Madrid; fotografía de archivo de la biblioteca de Sindicalismo.org.
