CGT Andalucía ha iniciado acciones legales por la actuación de la Policía Local de Málaga contra un piquete informativo situado ante las cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) durante la huelga general del 11 de noviembre. El sindicato denuncia agresiones indiscriminadas, varios participantes lesionados y golpes contra Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía.
Agencias Confederales · 13 de noviembre de 2026
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, cuando los piquetes se concentraron en las instalaciones de la EMT para informar a la plantilla de la convocatoria de huelga y de sus reivindicaciones. Según la organización sindical, la protesta se desarrollaba pacíficamente cuando los agentes intervinieron para despejar la salida de los primeros autobuses sujetos a los servicios mínimos.
CGT sostiene que la intervención se produjo sin voluntad de diálogo y con una violencia desproporcionada contra quienes ejercían una actividad sindical amparada por la legislación. La organización señala expresamente la agresión sufrida por Miguel Montenegro y la existencia de otras personas lesionadas. Las imágenes captadas por el fotógrafo Jorge Zapata para la agencia EFE forman parte de la documentación a la que se refiere el sindicato al anunciar su iniciativa judicial.
Una intervención contra el derecho a informar de la huelga
Durante la jornada del 11-N se registraron momentos de tensión en diferentes puntos de Málaga, especialmente en los accesos a la EMT y Mercamálaga. En las cocheras municipales, los agentes cargaron con las porras para permitir la circulación de los autobuses. El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, presente en el piquete, también denunció públicamente la actuación policial y afirmó que había trabajadores con contusiones.
Para CGT, lo ocurrido no puede desligarse del ejercicio del derecho de huelga. El artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 reconoce la posibilidad de que quienes secundan un paro hagan publicidad de este de forma pacífica, mientras que el artículo 28.2 de la Constitución protege el derecho fundamental de huelga. La existencia de servicios mínimos no elimina el derecho de la plantilla a recibir información sindical ni autoriza por sí sola el empleo indiscriminado de la fuerza.
El sindicato considera que la actuación policial vulneró derechos y libertades fundamentales y reclama que los hechos se esclarezcan judicialmente. Las acciones legales anunciadas deberán concretar las responsabilidades que se atribuyan a los agentes intervinientes. Por el momento, se trata de las denuncias formuladas por la organización, no de hechos declarados probados por un tribunal.
Exigen responsabilidades al Ayuntamiento de Málaga
La polémica también ha alcanzado al gobierno municipal del Partido Popular. La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que aclare quién ordenó la intervención de la Policía Local contra el piquete. Morillas calificó la actuación de absolutamente desproporcionada y cuestionó además los servicios mínimos fijados para el transporte municipal.
La intervención ante la EMT forma parte de las denuncias por represión policial que han seguido a la huelga general del 11-N. En distintas ciudades se han documentado cargas, detenciones y denuncias por el uso de agentes químicos. Las organizaciones sindicales insisten en que garantizar la prestación de servicios esenciales no puede convertirse en una excusa para impedir la presencia de piquetes informativos ni para castigar la movilización de la clase trabajadora.
CGT Andalucía ha decidido llevar el caso a los tribunales y mantener la denuncia pública. La organización reclama que quienes participaron en los piquetes puedan ejercer sus derechos sin intimidaciones ni agresiones y que se investigue la actuación de los agentes y las decisiones políticas que la hicieron posible.
