El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha la tramitación de una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento supondría 65 euros más por paga respecto a los 1.221 euros vigentes en 2026. La medida todavía no está aprobada: el proyecto de real decreto se encuentra en audiencia pública hasta el 16 de noviembre.
La cuantía prevista elevaría el salario mínimo anual a 18.004 euros brutos. Para quienes tienen las pagas extraordinarias prorrateadas, el mismo importe equivale a 1.500,33 euros brutos al mes en doce mensualidades. Son importes antes de cotizaciones y posibles retenciones, y no representan una subida automática del 5,3 % para todos los salarios por encima del mínimo.
La propuesta supera en cinco euros la recomendación del comité de expertos
El grupo de expertos que asesora al Ministerio había recomendado el día anterior un aumento del 4,9 %, hasta 1.281 euros por catorce pagas: 60 euros más al mes. Trabajo ha incorporado cinco euros adicionales a esa propuesta y defiende que la subida ayude a recuperar poder adquisitivo frente al encarecimiento de los bienes esenciales.
El Gobierno sostiene que la actualización busca preservar la capacidad de compra de quienes perciben los salarios más bajos y acercar el suelo salarial al 60 % del salario medio, una referencia de la Carta Social Europea. El contexto importa: los incrementos del alquiler, la alimentación, el transporte y los suministros se han convertido en una presión constante sobre los presupuestos de numerosos hogares trabajadores.
Los sindicatos piden un 7 % y que las empresas no absorban la subida
CCOO y UGT han planteado un aumento del 7 % y reclaman que se reforme el sistema de compensación y absorción de complementos. Esta cuestión afecta directamente a trabajadores que perciben pluses salariales: en determinadas circunstancias, una empresa puede utilizar complementos existentes para ajustar su estructura retributiva y el incremento del SMI no se traduce íntegramente en más dinero percibido cada mes.
Las centrales consideran insuficiente limitar el debate al número que aparece en el real decreto. Reclaman garantizar que la mejora llegue de manera efectiva a las nóminas y que la negociación colectiva no quede subordinada a una cantidad mínima que apenas cubra los gastos básicos. La propuesta ministerial todavía no cuenta con un acuerdo formal de los agentes sociales.
¿Cuándo podría entrar en vigor?
El borrador permanecerá abierto a aportaciones hasta el 16 de noviembre de 2026. Después, el Consejo de Ministros podrá aprobar la norma. Trabajo pretende hacerlo antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y se maneja el 17 de noviembre como una de las posibles fechas, pero ninguna está confirmada como fecha de aprobación.
Si el decreto sale adelante en los términos propuestos, fijará la cuantía del SMI para 2027. Hasta que se publique la norma definitiva, los 1.286 euros son una propuesta gubernamental en tramitación y el importe vigente permanece en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.
Una negociación abierta con la patronal en contra
La propuesta ha encontrado el rechazo de CEOE y Cepyme, que piden aplazar el acuerdo hasta después de las elecciones generales. La patronal argumenta que la subida debe negociarse con el próximo Gobierno y cuestiona el calendario elegido por Trabajo. La disputa evidencia que la actualización del salario mínimo sigue siendo un terreno de enfrentamiento entre quienes reclaman proteger los salarios bajos y quienes priorizan otros criterios sobre el coste laboral.
Para las personas que viven del SMI, la diferencia no es una cifra abstracta: 65 euros brutos más por paga equivalen a 910 euros brutos al año. La cuestión que continúa abierta es si esa mejora llegará íntegra a sus nóminas y cuánto poder adquisitivo permitirá recuperar en un mercado de vivienda y suministros cada vez más caro.
