CEOE y Cepyme han reclamado este jueves que se frene la subida del salario mínimo interprofesional prevista para 2027 y que la negociación se traslade al Gobierno que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre. La patronal rechaza que el actual Ejecutivo tramite antes de los comicios un incremento del 5,3 %, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas.
Las organizaciones empresariales que encabezan Antonio Garamendi y Ángela de Miguel han difundido un comunicado conjunto en el que cuestionan el calendario de Trabajo. Aseguran respaldar la mejora de los salarios, pero denuncian el uso electoral de la decisión y reclaman negociar a partir de diciembre con criterios de impacto sobre el empleo, las empresas y las familias.
La patronal quiere posponer la negociación hasta diciembre
La petición llega después de que el Ministerio de Trabajo abriera el periodo de audiencia pública del proyecto de real decreto. El texto propone aumentar el SMI desde los 1.221 euros de 2026 hasta 1.286 en 2027, una diferencia de 65 euros por paga, o 910 euros brutos al año. La patronal quiere que el procedimiento no se cierre antes de que se conozca el resultado electoral.
El rechazo de CEOE y Cepyme no equivale a que hayan detenido jurídicamente la medida: el Gobierno mantiene la capacidad de fijar el salario mínimo mediante real decreto, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales. El plazo de alegaciones al proyecto termina el 16 de noviembre, y la aprobación todavía está pendiente.
Salarios, costes y poder de compra
Las asociaciones empresariales argumentan que los incrementos salariales deben valorar las circunstancias de las empresas, especialmente las de menor tamaño. Desde el Gobierno y los sindicatos se defiende que el salario mínimo debe proteger a los trabajadores peor pagados de la inflación y de la pérdida continuada de poder de compra.
El contraste entre ambos planteamientos es especialmente visible en los hogares donde un sueldo bajo debe asumir un alquiler elevado, el transporte y los gastos cotidianos. Para esos trabajadores, el calendario de la negociación es también parte del problema: mientras se discute quién debe aprobar la cuantía, la carestía se paga todos los meses.
UGT y CCOO consideran insuficiente la cifra del Gobierno
La discrepancia no enfrenta únicamente a patronal y Ministerio. CCOO y UGT reclaman una subida del 7 %, superior al 5,3 % propuesto por Trabajo, y una reforma que impida que la absorción de pluses reduzca el efecto de la actualización en las nóminas. El comité de expertos había recomendado previamente un incremento del 4,9 %, hasta 1.281 euros.
Así, el Gobierno está tramitando una cantidad que supera en cinco euros la recomendación técnica, pero se queda por debajo de la petición sindical. A esta hora no existe acuerdo formal de diálogo social sobre el nuevo SMI. La posibilidad de que el Ejecutivo apruebe la subida sin el respaldo de patronal y sindicatos no está descartada.
Las elecciones del 29-N entran en la negociación laboral
CEOE y Cepyme sitúan su petición en el calendario político de noviembre. El Ministerio de Trabajo, por su parte, pretende completar la actualización antes de los comicios del día 29. Ninguna de esas posiciones altera la situación legal actual: el SMI vigente sigue siendo de 1.221 euros hasta la aprobación y publicación del nuevo real decreto.
La discusión pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de la cita electoral: si una mejora del suelo salarial debe esperar a una nueva negociación política o fijarse atendiendo a la evolución del coste de vida y las necesidades de quienes cobran menos. Los próximos pasos serán las alegaciones al proyecto y la decisión del Consejo de Ministros.
