El llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre también ha llegado a las puertas de los supermercados. Una veintena de personas se concentró el miércoles 4 de noviembre frente al Mercadona situado junto al mercado municipal de Sants, en Barcelona, para reclamar alimentos asequibles, ingresos dignos para quienes producen y límites a los márgenes comerciales de las grandes distribuidoras.
Tras una pancarta con el mensaje en catalán «Sostre, pa i energia no ens poden costar la vida» —techo, pan y energía no nos pueden costar la vida—, las organizaciones participantes repartieron octavillas y llamaron a no comprar en grandes superficies. La acción enlaza la huelga por la vivienda con el encarecimiento de la cesta de la compra y el empobrecimiento de las familias trabajadoras.
Durante la concentración, las entidades recordaron que los alimentos se han encarecido alrededor de un 35 % en cinco años, mientras las principales empresas de distribución mantienen elevados beneficios. Pusieron como ejemplo a Mercadona, que comunicó 1.729 millones de euros de beneficio neto, un incremento del 25 % en su último ejercicio, de acuerdo con los datos citados en la protesta. Las cifras ilustran, según los colectivos, el contraste entre las cuentas empresariales y las dificultades para afrontar la compra semanal.
El manifiesto está respaldado por el Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, La Saó, Rebel·lió o Extinció, Ecologistes en Acció y el Observatori del Deute en la Globalització. Las organizaciones reclaman que el acceso a la comida saludable deje de depender exclusivamente de la capacidad económica de cada familia y que la agricultura pueda sostenerse sin precios ruinosos en origen.
Entre las propuestas figura regular los precios de un centenar de alimentos básicos y de calidad, impulsar una distribuidora público-cooperativa, crear supermercados públicos y fortalecer los puntos de venta de proximidad. También reclaman ayudas para una transición agroecológica que garantice precios justos tanto para quienes consumen como para quienes trabajan la tierra.
Las entidades alertan además de que la especulación con el suelo dificulta el relevo generacional en el campo. Reclaman aplicar la Ley de Espacios Agrarios de Catalunya, aprobada en 2019, y reforzar la protección del territorio agrícola. La Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial sostiene que Catalunya ha perdido, en tres décadas, la mitad de su población campesina y unas 100.000 hectáreas de suelo agrícola.
La protesta se desarrolló con presencia policial, pero mantuvo su carácter informativo. El reparto de octavillas sirvió para explicar que el llamamiento del 11-N no se limita al alquiler o a los salarios: también incluye la capacidad de comprar alimentos saludables, el futuro de la pequeña producción agraria y la necesidad de reducir la dependencia de las grandes cadenas.
Con esta acción, la organización de la huelga trata de conectar reivindicaciones que suelen aparecer por separado. La vivienda, la alimentación y la energía absorben una parte esencial del salario y condicionan las posibilidades de vivir con dignidad. En Sants, esa relación quedó resumida en una pancarta desplegada frente a las puertas de un supermercado.
