Sindicatos de siete países europeos preparan tres días de movilizaciones contra el coste de la vida y el rearme

Organizaciones de vivienda, sindicatos y movimientos sociales de siete países acuerdan en París movilizaciones del 20 al 22 de noviembre por vivienda, salarios, servicios públicos y contra el rearme.
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Organizaciones sindicales, colectivos de inquilinos y movimientos sociales de siete países europeos preparan tres jornadas de movilización conjunta, del 20 al 22 de noviembre, contra el encarecimiento de la vida. El acuerdo alcanzado en París relaciona la crisis de la vivienda con los salarios, la austeridad, el deterioro de los servicios públicos y el aumento del gasto militar.

La subida de los alquileres y el precio de los bienes esenciales ha dejado de ser un problema que pueda abordarse únicamente desde cada ciudad. Esa es una de las ideas centrales del encuentro celebrado el 3 de noviembre en París, donde sindicatos y movimientos sociales de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, España, Portugal e Italia han acordado convocar protestas coordinadas para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026.

La iniciativa ha partido de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español, integrada en este encuentro por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya. La reunión reunió a organizaciones de vivienda, sindicatos laborales, movimientos estudiantiles y colectivos ecologistas. El objetivo es construir una respuesta común a problemas que atraviesan las fronteras: alquileres cada vez más difíciles de afrontar, alimentos y energía más caros y salarios y pensiones que no siempre permiten mantener el nivel de vida.

De París a siete países: una coordinación internacional

La cita celebrada en la capital francesa reunió a un abanico diverso de organizaciones. Por Francia participaron representantes de la coordinación de los chalecos amarillos, la Union Syndicale Lycéenne (USL), la CGT francesa, Solidaires y Droit au Logement (DAL). El encuentro se produjo apenas dos días antes de la huelga nacional convocada en Francia para el 5 de noviembre y en un contexto de recientes protestas estudiantiles.

Desde Reino Unido acudieron London Renters Union y Greater Manchester Tenants Union. Bélgica estuvo representada por Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement y Wuune. La delegación griega incluyó el barrio ocupado de Prosfygika y la participación telemática de Rocinante.

Portugal contó con Climáximo, Sindicato de Moradoras de Lisboa y Estudantes pelo fim ao Fóssil, mientras que en Italia participó la organización de inquilinos USB-ASIA, vinculada a Unione Sindacale di Base. Aunque las realidades laborales y habitacionales son distintas en cada territorio, la declaración compartida identifica problemas semejantes y propone actuar de forma coordinada.

El alquiler se come el salario

El derecho a la vivienda ocupa un lugar principal en las reivindicaciones acordadas. Las organizaciones reclaman garantías reales de acceso a un hogar y medidas para reducir los precios, pero vinculan esa exigencia a otra cuestión igualmente decisiva: los ingresos de quienes trabajan o cobran una pensión.

La crisis habitacional tiene consecuencias que van más allá del contrato de alquiler. Si una parte demasiado grande de los ingresos acaba en manos de propietarios y entidades financieras, se reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, suministros o cuidados. La amenaza de no poder pagar la vivienda también condiciona la movilidad, la estabilidad laboral y la capacidad de organizarse en el trabajo.

Por eso la plataforma europea exige subidas salariales y de pensiones, controles que abaraten la vivienda, los alimentos y la energía, y servicios públicos universales y de calidad. La educación y la sanidad aparecen expresamente entre los ámbitos que las organizaciones quieren proteger frente a nuevos recortes.

Contra la austeridad y el rearme

El acuerdo también introduce una crítica al destino de los presupuestos públicos. Las entidades reunidas en París alertan del riesgo de nuevas políticas de austeridad al tiempo que crece el gasto militar y sostienen que la deuda pública y los compromisos de rearme pueden servir como justificación de recortes sociales.

Las reivindicaciones incluyen una fiscalidad más exigente sobre las grandes fortunas, el fin del rearme, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y el derecho al trabajo y a la regularización de las personas migrantes. Así, la convocatoria conecta la lucha por la vivienda con conflictos laborales, desigualdad económica, derechos sociales y emergencia climática.

Noviembre, un mes de movilizaciones encadenadas

Las jornadas europeas del 20 al 22 de noviembre no parten de cero. Llegan después de semanas de movilizaciones en distintos países, con la huelga francesa prevista para el día 5 y las convocatorias de huelga general del 11 de noviembre en el Estado español. Los sindicatos de vivienda y los colectivos sociales quieren que esas luchas no queden aisladas ni limitadas al ámbito estatal.

En lugar de anunciar una única manifestación europea, el acuerdo plantea acciones en varios países durante tres días. Las ciudades, recorridos y horarios concretos deberán difundirse por las organizaciones convocantes en cada territorio. La reunión de París establece el marco político compartido, pero no equivale todavía a un calendario cerrado de actos locales.

La organización más allá de una manifestación

Una de las apuestas del encuentro es transformar la solidaridad internacional en coordinación duradera. Las organizaciones participantes consideran que el aumento del coste de la vida exige respuestas capaces de conectar las asociaciones de inquilinos con sindicatos, estudiantes, trabajadores y movimientos vecinales.

El desafío será convertir esa declaración en movilizaciones capaces de reunir a personas con experiencias muy diferentes: quien no llega al alquiler, quien ve deteriorarse su salario, quien depende de servicios públicos amenazados o quien se enfrenta a la discriminación administrativa para trabajar o encontrar vivienda.

Los días 20, 21 y 22 de noviembre serán la primera prueba de esta coordinación. Más allá del número de asistentes, su continuidad dependerá de que las organizaciones mantengan vínculos entre ciudades y países y sean capaces de trasladar las reivindicaciones comunes a conflictos concretos.