La huelga del 21 de octubre no fue el final del conflicto entre los empleados públicos de California y el Gobierno de Gavin Newsom. Una semana después, las movilizaciones continuaban y la negociación del convenio seguía sin una salida clara. El sindicato SEIU Local 1000, que agrupa a cerca de 100.000 empleados estatales, estrenó su primera huelga con una demostración de fuerza que ha dado confianza a una plantilla cansada de salarios congelados y promesas incumplidas.
La fuerza de una huelga que recorrió todo el estado
El paro de 24 horas dejó piquetes y concentraciones en Sacramento, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades. Participaron trabajadores de oficinas públicas, hospitales y centros penitenciarios: desde personal de limpieza y contabilidad hasta enfermeras y empleados de diferentes departamentos. Unos 5.000 trabajadores quedaron excluidos de la convocatoria por las condiciones aplicables a sus puestos.
En la capital, una marcha desde la sede del Departamento de Recursos Humanos de California (CalHR) hasta el Capitolio ocupó varias manzanas. En Los Ángeles, cientos de personas se reunieron frente a un edificio estatal. Para muchos participantes era la primera huelga de su vida laboral. La sorpresa, incluso entre quienes llevaban meses organizándola, fue comprobar que sus compañeros también estaban dispuestos a salir a la calle.
Una congelación salarial mientras sube el coste de la vida
El convenio colectivo expiró el 30 de junio y los trabajadores llevan desde el 1 de julio sin uno nuevo. El año anterior, el sindicato había aceptado una congelación salarial en un contexto de dificultades presupuestarias. Las subidas que la plantilla esperaba recuperar durante el verano no llegaron. Ahora SEIU Local 1000 exige un incremento del 20 % en tres años y una cobertura sanitaria que no se coma una parte creciente de la nómina.
La organización acusa a CalHR, el organismo encargado de negociar en nombre del Gobierno estatal, de retrasar las conversaciones y no responder adecuadamente a sus propuestas. Ha presentado denuncias por presuntas prácticas laborales desleales ante la autoridad californiana de relaciones laborales del sector público. Son acusaciones sindicales que forman parte del conflicto abierto, no hechos ya resueltos por una sentencia.
Volver a la oficina también cuesta dinero
La exigencia gubernamental de acudir presencialmente a la oficina cuatro días a la semana ha encendido todavía más el malestar. Los empleados señalan que el regreso obligatorio añade desplazamientos, combustible, aparcamiento y gastos de cuidados, en un estado donde la vivienda ya absorbe buena parte de los ingresos. Algunos denuncian, además, que ni siquiera hay espacio suficiente en las dependencias para todo el personal.
Para estos trabajadores el teletrabajo no es un privilegio de despacho. Se ha convertido en una herramienta para hacer algo más llevadera la vida cotidiana. La vuelta forzosa sin mejoras salariales equivale, en la práctica, a reducir sus ingresos disponibles y quitarles horas de vida.
La huelga se preparó centro a centro
La movilización fue resultado de meses de trabajo sindical. Delegados y activistas hablaron con personas no afiliadas, organizaron llamadas, recorrieron centros de trabajo y celebraron encuentros de preparación para explicar qué suponía participar en el paro. Entre el 9 de septiembre y el 7 de octubre, el 96 % de quienes votaron respaldaron la autorización de huelga.
Esas llamadas «escuelas de huelga» permitieron que muchos empleados vencieran las dudas y se organizaran colectivamente. Incluso hubo protestas informativas cerca de un acto del gobernador Newsom. La presión no produjo un acuerdo de última hora, pero dejó claro que la plantilla estaba dispuesta a llevar el conflicto más allá de las mesas de negociación.
El 27 de octubre, nueva protesta ante CalHR
La movilización continuó después de la jornada de paro. El 27 de octubre, alrededor de veinte integrantes del sindicato irrumpieron en un acto de CalHR celebrado en Sacramento, repartieron octavillas y exigieron que la Administración dejara de intimidar a los afiliados y negociara de buena fe. Fue una protesta menor en número, pero significativa: la huelga no había desactivado la organización ni el enfado.
Las partes tenían prevista una mediación contractual para el 30 de octubre. No consta en la información contrastada para este artículo que esa cita haya producido un acuerdo definitivo, por lo que el desenlace sigue abierto. Entre los trabajadores movilizados ya se planteaba la posibilidad de otra huelga si la Administración mantenía su posición.
El Gobierno al que apoyaron, ahora frente a los piquetes
El conflicto contiene una contradicción política difícil de ignorar. Bajo una dirección anterior, el sindicato aportó un millón de dólares a la campaña de 2021 contra la revocación del mandato de Gavin Newsom. Hoy, parte de su afiliación se pregunta qué ha obtenido a cambio de aquel respaldo mientras el mismo gobernador mantiene las políticas que cuestionan.
La experiencia californiana deja una enseñanza que atraviesa fronteras: la defensa de las condiciones de trabajo depende, en última instancia, de la capacidad de organización de las propias plantillas. La primera huelga del SEIU Local 1000 no garantiza una victoria en la negociación, pero ya ha roto una barrera que parecía difícil de superar. Miles de empleados públicos descubrieron que podían dejar de trabajar juntos. Y ese aprendizaje no se borra al terminar una jornada de paro.
