La huelga general del 11 de noviembre suma apoyos de comités de empresa y nuevas asambleas. EMT y Cruz Roja València respaldan la jornada, mientras siete comisiones de la acampada de Sol anuncian su retirada para preparar el paro desde los barrios. Vivienda, salarios y coste de la vida centran una convocatoria de 24 horas.
A diez días de la huelga general del 11 de noviembre, las organizaciones sindicales y los colectivos por el derecho a la vivienda encaran la fase decisiva de una convocatoria que pretende trasladar a los centros de trabajo el malestar acumulado por los salarios insuficientes, los alquileres disparados y el deterioro de las condiciones de vida.
La jornada no será una protesta limitada a una reivindicación salarial ni una manifestación exclusivamente por la vivienda. Sus convocantes plantean que ambas cuestiones forman parte de un mismo conflicto: el creciente desequilibrio entre lo que cuesta vivir y lo que recibe la clase trabajadora por su trabajo.
La convocatoria, registrada oficialmente el 19 de octubre ante el Ministerio de Trabajo, contempla un paro de 24 horas. Entre las organizaciones participantes figuran CGT, CNT, CCOO, UGT, Co.Bas, Solidaridad Obrera y sindicatos de inquilinas.
EMT y Cruz Roja: nuevos apoyos desde las plantillas
El 30 de octubre, CGT València comunicó el respaldo del Comité de Empresa de la EMT a la huelga general. El apoyo de la representación de la empresa municipal de autobuses se suma a los de Cruz Roja València y del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat.
La federación valenciana está pendiente de los acuerdos que adopten los comités y las asambleas de FGV, Renfe y Adif, a cuyas plantillas llama a implicarse en el 11-N. El llamamiento no equivale a una adhesión ya aprobada por esos órganos: la organización busca coordinar el transporte público y extender la preparación de la huelga a más centros de trabajo.
El comité de Cruz Roja, por su parte, ha vinculado su adhesión a una realidad que conoce tanto por su actividad asistencial como por las condiciones de su propia plantilla: los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda también golpean a quienes trabajan atendiendo la exclusión social. Reclama regulación de los alquileres, una moratoria de los desahucios y mejoras salariales que permitan recuperar poder adquisitivo.
València prepara una nueva asamblea el 5 de noviembre
El jueves 5 de noviembre, a las 18:30 horas, CGT València celebrará una segunda asamblea general abierta en su sede de avenida del Cid, 154. La convocatoria está dirigida a afiliación, militantes y simpatizantes para continuar organizando la jornada junto al movimiento por la vivienda.
Está prevista la participación del Comité Territorial de CGT del País Valencià y Murcia, el Sindicato de Inquilinas de València, el Sindicat d’Habitatge y Entrebarris. El encuentro dará continuidad a la asamblea del 27 de octubre, en la que participaron delegadas y delegados, el movimiento inquilino y abogadas de los gabinetes jurídicos de CGT.
Sol cambia de etapa para preparar el 11-N
En Madrid, siete de las diez comisiones de la acampada de la Puerta del Sol anunciaron el 31 de octubre su retirada para dedicar sus esfuerzos a preparar la huelga desde barrios, pueblos y ciudades. El acuerdo corresponde a esas siete comisiones y no debe presentarse como una decisión unánime de toda la acampada.
El movimiento plantea trasladar las redes de apoyo y las alianzas construidas en la plaza a la organización territorial. La preparación del 11-N se convierte así en una de las siguientes tareas de quienes dejan Sol.
Trabajar para pagar el alquiler
Para una parte creciente de la población asalariada, disponer de un empleo ya no garantiza acceder a una vivienda. Los alquileres absorben buena parte de los ingresos mensuales, mientras los salarios no recuperan el poder adquisitivo perdido. A ello se suman la precariedad contractual y las dificultades de emancipación.
CGT reclama limitar los precios de la vivienda, incorporar inmuebles de fondos especulativos al parque público, regular los alquileres temporales y por habitaciones, impedir desahucios sin alternativa, vincular los salarios al coste real de la vida y reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial. Su plataforma también incluye un salario y una pensión mínimos de 1.500 euros, contratos de alquiler indefinidos y la eliminación de ventajas fiscales a vehículos de inversión inmobiliaria.
CNT también ha convocado un paro general de 24 horas y defiende salarios suficientes para que el coste de la vivienda no supere una tercera parte de los ingresos netos, junto con la reducción progresiva de la jornada y el refuerzo de las pensiones públicas.
Una huelga que desborda los centros de trabajo
El movimiento de inquilinas impulsa asambleas y comités de huelga en barrios y municipios. La intención es conectar las reivindicaciones de las plantillas con las de quienes sufren subidas del alquiler, amenazas de desahucio o dificultades para encontrar un hogar asequible.
En el País Valencià, la organización de la jornada se está trasladando a centros de trabajo y asambleas territoriales. Los preparativos incluyen información sobre el derecho de huelga, coordinación de piquetes y difusión de convocatorias.
La patronal renuncia a su amenaza judicial
La CEOE anunció inicialmente que impugnaría la huelga por considerar que tenía motivaciones políticas. Posteriormente renunció a presentar el recurso. Esa marcha atrás no significa que la patronal comparta las reivindicaciones: mantiene su oposición a la convocatoria.
Para los sindicatos, separar vivienda y trabajo carece de sentido cuando el precio del alquiler condiciona directamente la capacidad de vivir del salario. La discusión ha reabierto, además, el debate sobre el carácter social y político de las huelgas generales.
Del malestar individual a la respuesta colectiva
La huelga llega en un contexto de conflictos abiertos en la industria, los transportes y los servicios públicos. Las reivindicaciones salariales, la falta de personal, la subcontratación y la seguridad laboral forman parte de una realidad que no se resuelve con una sola movilización.
El desafío será convertir el descontento en organización: asambleas, participación efectiva en los paros y coordinación entre sindicatos y movimiento de vivienda. El 11 de noviembre permitirá medir esa capacidad colectiva.
Lo que está en juego no termina ese día. Es la posibilidad de que trabajar vuelva a significar algo más que cobrar un salario para entregarlo, casi íntegro, a final de mes.
