Más de treinta organizaciones sociales reclaman una reforma del sistema de cuidados que garantice financiación pública suficiente y derechos laborales efectivos para quienes atienden a personas mayores, dependientes y con discapacidad. Advierten de que ampliar servicios sin mejorar las condiciones de trabajo perpetuaría la precariedad del sector.
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, celebrado este 29 de octubre, las entidades han hecho público un manifiesto con doce demandas a las administraciones. La iniciativa está impulsada por Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Por ti Mujer y la Fundación de Solidaridad Amaranta, en el marco del proyecto Espacios para el Empoderamiento y la Acción. Se han sumado colectivos feministas, organizaciones de migrantes, asociaciones sociales y sindicales.
Las trabajadoras migrantes, en el centro de la reivindicación
Una parte esencial del trabajo doméstico y de atención a personas dependientes en España recae en mujeres migrantes. Muchas afrontan dificultades para acceder a empleos regularizados, cotizar y denunciar abusos, especialmente cuando su situación administrativa depende de mantener unos ingresos. Para las internas, perder el empleo puede significar también quedarse sin vivienda.
Las entidades consideran imprescindible que las políticas públicas reconozcan esta realidad y no separen la calidad de la atención de las condiciones de quienes la prestan. Reclaman, además, participación de las propias trabajadoras en las decisiones sobre el futuro del sector.
Doce propuestas para reformar el modelo
Las demandas incluyen equiparar los derechos del empleo doméstico con los del resto de asalariados, reforzar la Inspección de Trabajo, garantizar la aplicación de los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo y mejorar la protección frente al acoso y la violencia laboral.
También piden financiación pública suficiente para ampliar los servicios sin cargar el coste sobre los salarios, reconocer la experiencia profesional, facilitar homologaciones y priorizar la regularización de las personas migrantes que ya viven y trabajan en España frente a fórmulas de contratación en origen.
La salud laboral no puede quedar fuera
Las movilizaciones de personas dependientes, los esfuerzos físicos repetitivos, las jornadas extensas y la carga emocional pueden provocar lesiones y agotamiento. En los domicilios particulares, el aislamiento añade dificultades para reclamar medidas preventivas y pedir ayuda. Los colectivos exigen prevención adaptada al sector, apoyo psicológico y canales eficaces para denunciar abusos.
Más inversión y empleo digno
La reforma del sistema de dependencia abre la posibilidad de ampliar la atención comunitaria y mejorar la autonomía personal. Pero las organizaciones advierten de que esos avances necesitan recursos estables, personal suficiente y empleos dignos. El debate afecta tanto al trabajo doméstico como a las plantillas de ayuda a domicilio, residencias y otros servicios asistenciales.
Las más de treinta entidades firmantes sostienen que el cuidado no debe entenderse exclusivamente como una obligación familiar. Es una necesidad social que exige responsabilidad pública y un reparto más justo de los costes y del trabajo.
Su reivindicación central es que el derecho a recibir cuidados de calidad y el derecho a trabajar en condiciones dignas avancen juntos. Sin salarios adecuados, descanso, protección social y capacidad de organización, la ampliación del sistema corre el riesgo de mantener las desigualdades que pretende corregir.
