El 0,1% más rico de la población mundial, aproximadamente ocho millones de personas, genera más emisiones de carbono que los 3.500 millones de habitantes más pobres del planeta juntos. La cifra, recogida en el informe Disaster Divide de Oxfam Intermón, vuelve a situar la desigualdad económica en el centro de la crisis climática.
La investigación sostiene que el calentamiento global no afecta a toda la población por igual. Mientras las grandes fortunas concentran una responsabilidad desproporcionada en las emisiones y disponen de recursos para protegerse de los fenómenos extremos, las familias trabajadoras y las comunidades empobrecidas afrontan inundaciones, incendios, sequías y olas de calor con menos posibilidades de recuperación.
Según los cálculos de Oxfam, una persona perteneciente al 0,1% más rico ha contribuido casi 400 veces más a las actuales olas de calor extremas que alguien situado entre la mitad más pobre de la humanidad. El informe atribuye además al 1% más rico alrededor del 20% del calentamiento global acumulado desde 1990.
Son diferencias que cuestionan la idea de una responsabilidad climática repartida por igual entre toda la población. El consumo de lujo, las inversiones vinculadas a los combustibles fósiles y las actividades económicas intensivas en carbono tienen un peso muy distinto al de los desplazamientos cotidianos o los gastos energéticos de una familia trabajadora.
Una crisis que también se cobra vidas
Oxfam estima, mediante modelos de atribución climática, que las emisiones generadas durante un año por el 1% más rico podrían provocar aproximadamente 1,9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor a lo largo del tiempo. Cerca del 78% de esas muertes se producirían en países de renta baja y media-baja.
La desigualdad también determina las posibilidades de sobrevivir a una catástrofe. El informe señala que la mortalidad por inundaciones es siete veces mayor en los países con niveles más elevados de desigualdad.
Quienes disponen de patrimonio pueden contratar seguros, trasladarse temporalmente, reforzar sus viviendas o asumir el encarecimiento de los alimentos. Para millones de personas que viven de su salario, perder una vivienda, una cosecha o varias semanas de trabajo puede significar quedarse sin ahorros y afrontar deudas durante años.
Contaminan, invierten y obtienen beneficios de la reconstrucción
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la relación entre las actividades que agravan el cambio climático y los negocios vinculados a sus consecuencias.
Oxfam ha elaborado un índice denominado Destruir y Reconstruir, que identifica 217 empresas presentes en sectores relacionados con la contaminación y, al mismo tiempo, en actividades de preparación, recuperación o reconstrucción frente a desastres.
La investigación señala que los grandes gestores de inversiones BlackRock y Vanguard mantienen participaciones en el 92% de estas compañías, con inversiones conjuntas superiores al billón de dólares.
El negocio mundial relacionado con la adaptación y recuperación ante catástrofes podría pasar de unos 70.000 millones a 92.000 millones de dólares anuales en 2029, según las previsiones recogidas en el estudio.
Esta coincidencia de intereses plantea una cuestión de fondo: determinadas inversiones pueden generar rentabilidad tanto en industrias que contribuyen al calentamiento como en empresas que prestan servicios para afrontar sus consecuencias. Eso no significa que toda actividad de reconstrucción resulte especulativa, pero sí evidencia un problema cuando la protección de las poblaciones afectadas queda subordinada a los intereses comerciales.
La clase trabajadora, entre las más expuestas
Los efectos del cambio climático también se trasladan directamente a las condiciones laborales. La construcción, la agricultura, la limpieza viaria, el transporte, la industria y numerosos servicios esenciales dependen de personas que deben seguir trabajando incluso durante episodios de calor extremo.
La exposición a temperaturas elevadas, los riesgos durante las tareas de emergencia y la interrupción de la actividad económica convierten la crisis climática en un asunto de salud laboral y protección del empleo.
A ello se añaden los problemas posteriores a una catástrofe: centros de trabajo dañados, desplazamientos imposibles, reducción de jornadas, pérdida de ingresos y dificultades para conciliar las tareas de reconstrucción familiar con las obligaciones laborales.
En el País Valencià, la dana de octubre de 2024 dejó una muestra especialmente dura de estas desigualdades. La destrucción de viviendas, vehículos y negocios afectó a miles de familias, muchas de ellas dependientes de salarios modestos. La capacidad para rehacer la vida cotidiana estuvo condicionada por los ahorros disponibles, la situación laboral, la vivienda y el acceso a las ayudas.
La emergencia climática, por tanto, no termina cuando desaparece el agua de las calles o se extingue un incendio. Sus consecuencias económicas y sociales pueden prolongarse durante años.
Que los grandes contaminantes asuman los costes
Ante la próxima cumbre del clima, COP31, prevista en Turquía, Oxfam Intermón plantea establecer impuestos permanentes sobre los beneficios de las empresas de combustibles fósiles, gravar los grandes patrimonios y aplicar medidas fiscales específicas al consumo de lujo de elevadas emisiones, como los vuelos privados.
La organización reclama también ampliar la financiación climática dirigida a los países del sur global, dando prioridad a las ayudas públicas frente a los préstamos que incrementan su endeudamiento. Entre sus objetivos figura triplicar los recursos destinados a adaptación de aquí a 2035.
Además, propone reforzar los servicios públicos, desarrollar infraestructuras resistentes a los fenómenos extremos y establecer controles para evitar que las situaciones de emergencia faciliten prácticas especulativas o procesos de privatización.
El informe sitúa así la distribución de la riqueza, las condiciones de vida y la protección colectiva en el debate climático. La contaminación tiene responsables muy desiguales, y sus costes tampoco se reparten de manera uniforme. Para millones de trabajadores, agricultores y familias sin grandes recursos, las decisiones sobre cómo prevenir los desastres y financiar la reconstrucción son también decisiones sobre empleo, vivienda, salud y supervivencia.
