La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que numerosas personas migrantes que ya pueden trabajar legalmente siguen encontrando obstáculos para conseguir un contrato. El sindicato señala a las empresas que se niegan a contratarlas hasta que reciban una resolución favorable definitiva, pese a que quienes cuentan con la admisión a trámite y los números de identificación y Seguridad Social exigidos ya pueden incorporarse al mercado laboral.
En su reflexión sobre el proceso de regularización extraordinaria, la organización advierte de que esta negativa prolonga situaciones de empleo sin contrato, dificulta la cotización y puede comprometer futuras renovaciones de los permisos. CGT responsabiliza tanto a las empresas como a las administraciones de las trabas que persisten.
Un proceso con cerca de 1,175 millones de solicitudes
La regularización extraordinaria, desarrollada entre abril y junio de 2026 gracias al impulso del movimiento Regularización Ya, recibió alrededor de 1.175.000 solicitudes en el Estado español. Para quienes vivían en una situación administrativa irregular, el procedimiento representa una oportunidad de salir de la economía sumergida y acceder a derechos laborales y sociales.
Sin embargo, CGT describe un proceso largo, poco claro y marcado por la escasez de información y de recursos públicos. La organización recuerda que la irregularidad administrativa no solo expone a empleos precarios: también dificulta el acceso a la vivienda y aumenta la vulnerabilidad frente al control policial.
Empresas que rechazan contratos pese a la autorización
Uno de los problemas más graves aparece cuando una empresa exige esperar hasta la resolución definitiva del expediente. CGT sostiene que, para quienes ya tienen la admisión a trámite y el número de Seguridad Social correspondiente, esa espera no es necesaria para formalizar su contratación.
El efecto de estas negativas es especialmente duro para personas que ya llevan tiempo trabajando sin contrato. La ausencia de una relación laboral regular las deja con mayores dificultades para reclamar salarios, denunciar incumplimientos o acreditar cotizaciones. Además, puede poner en riesgo la continuidad de su situación administrativa.
Trabajadoras del hogar e internas, especialmente expuestas
El sindicato presta especial atención a las empleadas de hogar y las trabajadoras internas. Su actividad se desarrolla a menudo en espacios privados, con mayor aislamiento y dificultades para organizarse sindicalmente. En el caso de las internas, el empleo puede estar unido al alojamiento, lo que hace todavía más difícil enfrentarse a situaciones abusivas.
CGT pide que se habiliten mecanismos específicos para formalizar estas relaciones laborales, sin exigir documentos innecesarios ni trasladar a las trabajadoras una carga burocrática que también pueden resolver las empresas.
Contratación estable, formación y oficinas con recursos
Entre sus reivindicaciones, CGT reclama que se regularicen las relaciones laborales preexistentes, se favorezca la contratación indefinida para facilitar las renovaciones de autorizaciones y se ofrezca formación dentro de la jornada laboral, incluida la mejora de competencias lingüísticas cuando sea necesaria.
También exige más personal y citas en las oficinas públicas implicadas —empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria y otros servicios—, resolver los problemas para conseguir cita de huellas para la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y crear programas de acompañamiento que hagan efectiva la inserción laboral.
Organizarse frente a la explotación
La organización enmarca estas reclamaciones en su defensa de un sindicalismo antirracista. A su juicio, la legislación de extranjería y las barreras administrativas mantienen a una parte de la clase trabajadora en una situación de mayor dependencia y exposición a la explotación.
Por eso insiste en que la regularización no debe medirse únicamente por las solicitudes tramitadas. Lo decisivo será comprobar si las personas afectadas consiguen contratos, salarios, cotizaciones y capacidad real para ejercer sus derechos. CGT defiende que la respuesta sindical debe unir a trabajadores y trabajadoras, con independencia de su origen o situación administrativa.
